A siete meses de gobierno y casi 100 días de pandemia, ¿en qué estado se encuentra la "agenda de género" anunciada desde distintos organismos dependientes del Poder Ejecutivo? Un repaso por los temas más importantes que se debaten (y no tanto) dentro del Congreso.
Ya desde antes de la asunción de Alberto Fernández, la “agenda de género” del gobierno nacional generó expectativas. Por sus declaraciones a favor de la legalización del aborto y la diversidad, el presidente y su gestión conquistaron un importante apoyo de sectores del feminismo que se sumaron a la gestión, a los ministerios y secretarías del gobierno.
La pandemia puso límites a esa agenda y a siete meses de gobierno, aunque se difundió mucho la Línea 144, de orientación a las víctimas de violencia; el barbijo rojo; la capacitación para quienes no tienen trabajo, como muchas personas trans, esa agenda no avanzó. En general, desde el oficialismo plantean que “hay que esperar” a que pase la crisis social, sanitaria y económica, y eso lógicamente genera cierto malestar.
En las últimas semanas empezaron a verse en este marco algunos movimientos. Hay “reuniones informativas” sobre violencia y cupo laboral trans en el Congreso, con funcionarias y especialistas invitadas; se dio media sanción al proyecto de “teletrabajo”, que afecta directamente a millones de mujeres; el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación publicó una resolución sobre licencias por cuidados (que sin embargo no prosperó) y la Directora de Género del Ministerio de Economía anunció que se promoverá la llamada Encuesta Permanente de Hogares, a cargo del INDEC, aunque se conoció que tampoco será de aplicación inmediata.
El tema de la legalización del aborto sigue fuera de agenda por decisión de Alberto Fernández, que plantea que no es tema urgente, y a pesar del escándalo de las escuelas Fasta, del que estuvimos hablando esta semana en #SeTeníaQueDecir, el debate sobre el financiamiento y la injerencia de las iglesias en los contenidos educativos, también sigue sin tratarse.
El Ingreso Familiar de Emergencia, que también afecta directamente a las mujeres, es otro tema que preocupa. Ayer jueves, Rossio Choque, una militante del FOL murió por covid-19, y porque no pudo acceder a ese ingreso, por ser inmigrante y no tener papeles.
Pero vamos punto por punto, para ver lo fundamental:
Teletrabajo: la flexibilización laboral se profundiza con la media sanción del Congreso
El proyecto del oficialismo, que busca regular el “teletrabajo” en el ámbito público y privado, obtuvo ayer su media sanción.
Pero esta modalidad, que avanza exponencialmente en Argentina y en el mundo, de la mano de la pandemia y de la economía de plataforma, implica una nueva forma de flexibilización laboral, con pérdida de derechos individuales y colectivos (como las asambleas o las huelgas), un ahorro millonario para los empresarios y un aumento enorme de la productividad.
¿Y por qué hace a la agenda de género? Porque afecta particularmente a las mujeres, y más aún a las que son madres, que no han podido acceder a las licencias por escolaridad de los hijos, y que entonces, además de teletrabajar, tienen que ocuparse de las tareas que ya hacían en la casa, así como de las nuevas, que se sumaron con la cuarentena, como todo lo que implica la enseñanza en el hogar y el seguimiento diario de los hijos, o el cuidado de familiares mayores, o la necesidad de elaborar alimentos, ropas, etc., que antes se compraban y ahora, con la crisis económica, hay que garantizar con el trabajo en la la casa.
Según Mercedes D’Alessandro, la Directora de Género del ministerio de Economía, estas tareas, que previo a la pandemia implicaban para las mujeres entre 6 y 7 horas diarias, se triplicaron de la mano de la llegada del covid. De más está decir, entonces, que estamos hablando de una modalidad laboral que además dará lugar -y ya está dando- a todo tipo de padecimientos (físicos, psíquicos, del sueño, de ansiedad). Lo alertó previo a la media sanción, entre otros, el Equipo Latinoamericano de Género y Justicia (ELA).
El Frente de Izquierda Unidad, con Nicolás del Caño y Romina del Plá, que presentó su propio dictamen, también planteó que se incorpore a la ley la obligación de reincorporar a quienes fueron despedidos, la regulación del tiempo de trabajo, la aplicación inmediata de la ley (y no 90 días después de pasada la pandemia, como plantea el proyecto que obtuvo media sanción) y otras medidas fundamentales para limitar la avanzada del empresariado sobre el trabajo y la vida de millones. En ese sentido, también propuso que se modifiquen los artículos que hacen a las tareas de cuidado, con jornadas laborales reducidas, modos específicos de prestación, un ingreso adicional para afrontar el costo de jardines materno-parentales.
Como reconoció ayer Vanesa Siley, una de las diputadas consideradas como parte del “feminismo sindical” dentro del peronismo, e impulsora de este proyecto, la ley se logró consensuando con “las tres partes”: las conducciones sindicales; el Ministerio de Trabajo y los representantes del empresariado, como la Unión Industrial Argentina, pero no con las trabajadoras y trabajadores.
La crisis de los cuidados
Y acá abramos un segundo punto, porque desde estos ministerios y secretarías a las que se incorporaron sectores del feminismo se venía anunciando que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso un proyecto para crear un “Sistema Integral de Cuidados”, contemplando esta doble jornada laboral de la que hablamos, en el trabajo y en la casa, que realizan las mujeres. Pero el proyecto no llegó.
Carolina Brandaris, la Directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social (ex Secretaria de Género del sindicato docente UTE), una de las impulsoras de este proyecto, dijo de hecho la semana pasada a la periodista Ingrid Beck, en una entrevista en Letra P, que en el marco de la pandemia el tema “depende de las negociaciones concretas que cada compañera, cada mujer, plantee hacia el interior de su hogar”.
Muy lejos de los reclamos de las mujeres, Brandaris también dijo que se trata de “gestar la organización del cuidado de manera distinta, interpelando al Estado para que se organice de un modo diferente luego de que salgamos de esta situación”.
¿Qué se anunció en cambio? Por un lado, una resolución del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad que establecía que las personas responsables del cuidado de niños y niñas menores de 6 años tienen derecho a licencias con goce de sueldo. La resolución, que en parte venía a dar respuesta al conflicto que genera el teletrabajo, o el trabajo fuera de la casa con les niñes sin escolaridad presencial, tenía que ser publicada este viernes en el Boletín Oficial. Según el periodista Mariano Martín, en base a consultas con fuentes oficiales, eso no sucedió porque el gobierno decidió dar marcha atrás. Un hecho alarmante. ¿Otro gesto al “consenso” con las patronales?
Se anunció también, por otro lado, la realización de una Encuesta sobre el uso del tiempo, que permitiría contar con datos fehacientes sobre la situación de las mujeres que administran y garantizan las tareas del hogar. La Encuesta, que tiene solo un antecedente, en 2013, estará a cargo del INDEC, pero leyendo la letra chica una se encuentra con que se trata de otro tema postergado “por la pandemia”, ya que se realizaría recién en 2021.
Violencia de género: un debate sin avances sobre las medidas urgentes
Con reuniones informativas de las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad, a cargo de Carolina Gaillard y Mónica Macha (FDT), el oficialismo anunció que apunta a “trazar una agenda integral de proyectos” con estado parlamentario.
La mayoría de estos proyectos (unos setenta) modifican sin embargo al Código Penal, muchos para promover castigos más duros. Otros, como los de Nicolás del Caño del FIT, plantean en cambio una salida integral de emergencia en el marco de la pandemia: refugios, vivienda, licencias laborales para las víctimas, salarios de emergencia en base al impuesto a las grandes fortunas.
Cupo laboral trans
Con reuniones que también son “informativas”, este martes martes 23 comenzó a tratarse el “Acceso laboral de las personas trans/travestis” en la comisión que preside Mónica Macha (FDT).
Acá también hay varios proyectos en danza, fundamentalmente de cupo laboral, pero sólo el proyecto de Nicolás del Caño plantea un Plan de inserción laboral en planta permanente en el Estado, con percepción de un salario igual al costo de la canasta familiar y basado en la idoneidad para el cargo que se debe ocupar (la capacidad para cumplir con las tareas, y no los títulos o antecedentes penales)
Vamos a profundizar en esto la semana que viene, en el marco de la semana del orgullo, pero haciendo clic aquí dejamos algunos anticipos.
Derecho al aborto
Pese al reclamo del movimiento de mujeres, Alberto Fernández volvió a ratificar su decisión de postergar el debate y la presentación del proyecto alternativo al de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto (cuyo estado parlamentario está vigente), que había anunciado en la apertura de las sesiones legislativas. ¿Hasta cuándo? Lo mismo que con el resto de la agenda: “hasta que resolvamos el debate sobre la pandemia”, afirmó el mandatario.
Mientras tanto, en la legislatura porteña la Campaña sigue sumando apoyos para exigir que se aplique el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo publicado en 2020; y los principales referentes del gobierno se reúnen con las cúpulas de las iglesias para compartir impresiones en el marco de la crisis sanitaria.
Fue el caso, en estos días, del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que se reunió con los titulares de ACIERA, la congregación evangelista a la que la vicegobernadora Magario puso a cargo de la Secretaría de Culto, nada menos que cuando se conocía la noticia de una nueva mujer muerta por la clandestinidad de la práctica.
La vida de la mayoría de las mujeres dista muchísimo de la lenta “agenda de género” que promueve el gobierno. El gesto de crear Ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad; de poner en pie secretarías y direcciones “de género” habla de la importancia del movimiento de mujeres en Argentina, que durante cinco años desarrolló una potente agenda de reclamos. Sin embargo, la creación de estas instituciones, y la incorporación de varias referentes a su gestión, no se tradujo para las mujeres y la diversidad en medidas que las afecten positivamente.
Lo vemos en Ramona, en Rossio Choque; en las trabajadoras de la alimentación, que en FelFort, Kraft y otras empresas exigen que se respete su derecho a la vida; en las enfermeras que están en la primera línea. Hoy, más todavía, la deuda es, y sigue siendo, con nosotras.
