«Creo en la libertad, pero no creo en la libertad de algunas desviaciones patológicas de la sexualidad normal. Yo me preocupo de la familia, la mujer, los hijos y que no se propague el sida».
—Diputada UDI María Angélica Cristi, durante el debate de despenalización de la sodomía.
“(El Matrimonio igualitario) … conduciría a la afectación del orden público matrimonial, cuyas reglas son esenciales y obligatorias para todos los habitantes de la República. Además de aceptarse que dichos preceptos legales originan arbitrariedad, podría ello conducir a extremos intolerables, en relación con legislaciones foráneas que aceptan vínculos matrimoniales sui generis, tales como matrimonios polígamos en países musulmanes, o el matrimonio de niños de países africanos, o aquellos convenidos por los padres en la sociedad japonesa, y las bodas masivas de parejas que se celebran en la secta Moon, en Corea del Sur, entre otros”.
Sentencia Tribunal Constitucional que rechaza inscripción de matrimonio personas del mismo sexo 5.06.2020
Han transcurrido 21 años desde que fue despenalizada la “Sodomía”, legalizándose de esa manera las prácticas sexo afectivas de la comunidad LGBTIQ+, y 21 años de la primera marcha del orgullo por la Alameda. Pese al tiempo transcurrido el debate de aquel entonces, revivido en la cita de la diputada que encabeza este artículo, parece no haber variado tanto al escuchar las recientes declaraciones del Tribunal Constitucional, incluso con los mismos actores políticos que representan el mismo papel en esta obra de oponerse férreamente se oponen a los derechos de la diversidad sexual.
Una escena que parece olvidarse ante un aparente aire de triunfalismo que buscan instalar las organizaciones “oficialistas” del movimiento LGBTIQ+, en una nueva fecha de conmemoración de los 51 años de la revuelta de Stonewall, día que fue señalado como el día del Orgullo tras siglos de discriminación y violencia estatal contra la comunidad LGBTIQ+. Aún queda una importante batalla que dar contra la discriminación, la violencia y el odio hacia la diversidad sexual y las causas que la generan. Estas últimas siguen vigentes en el presente.
Las dolorosas conquistas
En los últimos años y tras ásperos y largos debates parlamentarios, Chile ha actualizado su legislación en materia de derechos sexuales y reproductivos, principalmente aquellos enfocados en “incorporar” a la comunidad LGBTIQ+ en la sociedad, como una apuesta política de los gobiernos de la Concertación y en menor medida de Sebastián Piñera.
Pongamos un ejemplo. El año 2018, se aprobaba y promulgaba la ley de identidad de género pero el reglamento que permitiría la aplicación practica de este derecho democrático a elegir libremente nuestro nombre e identidad de genero cuyo reglamento para ser aplicado concretamente fue dilatado hasta el cansancio por el gobierno de Piñera. Todos celebraron esta conquista obtenida con años de lucha en las calles y enfrentando discursos de odio y acciones de violencia de parte de los sectores reaccionarios de la sociedad.
Por todo lo que significo esta conquista, sorprende que ante la denuncia publicada en el medio digital "El mostrador" de que 17 personas trans quedaron fuera del bono covid por "demoras" y "errores" del Registro Civil o la demora de entregas de certificados de identidad de parte de un servicio del estado dirigido por el gobierno las denuncias de parte de las "organizaciones oficiales" no alcanzase siquiera a ser un tenue murmullo en el panorama.
A 13 años de la despenalización de la sodomía, ley que pondría fin a la persecución penal y estatal de la diversidad sexual, el año 2012, con la imagen fresca de las movilizaciones estudiantiles que cambiaron el péndulo de la política y la sociedad chilena, Daniel Zamudio era brutalmente asesinado por individuos relacionados con afinidades políticas de corte fascista.
La indignación que suscitó el asesinato se vio reflejada en el carácter masivo que ese año adquirió la marcha del orgullo y el funeral de Daniel Zamudio , al que asistieron distintos dirigentes estudiantiles, políticos y sindicales, reactivando y masificando en las universidades a partir de aquel entonces las organizaciones de la diversidad sexual, las organizaciones estudiantiles de secretarias de género y diversidad sexual, politizando a un importante número de jóvenes que no habituaban las oficinas de la “burocracia gay”, que llevaba años de una administración bastante crítica de las luchas por los derechos de la diversidad sexual, limitándose al lobby parlamentario en contextos en que aún se sucedían crímenes de odio y una fuerte discriminación y violencia social en establecimientos educativos, lugares de trabajo, en el espacio público e incluso en organizaciones sociales y políticas.
El movimiento que se generó en torno al asesinato de Daniel Zamudio obligó al gobierno de Sebastián Piñera , que en ese entonces se esforzaba por hacer aprobar la primera versión de la ley anti barricadas y anti encapuchados que finalmente aprobaría tras la revuelta de octubre del 2020 conocida en ese entonces como Ley Hinzpeter”, a sacar de la estantería y desempolvar un proyecto de ley ingresado el año 2005 denominado “ley anti discriminación” y acelerar su tramitación dando así origen a la ley Zamudio siendo celebrada por las organizaciones oficialistas el Movilh y la fundación Iguales como la primera legislación positiva en favor de la comunidad LGBTIQ* y como un “gran avance” en la lucha por el reconocimiento de sus derechos fundamentales aunque acusaron de algunas falencias que presentaba el mismo.
El aire triunfalista podría embriagarnos con dichas conquistas y que es remarcado todos los años con el aumento de la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+ y el carácter masivo que han adquirido las marchas del orgullo, impulsadas también por una enorme renovación cultural y generacional de la juventud chilena, sin embargo, no se condice con que, sustancialmente, poco ha cambiado en estos años para la diversidad sexual.
Cambiar todo para que nada cambie: La agenda de transformaciones reales que aún esta pendiente para la comunidad LGBTIQ+
Según la información de organismos internacionales , en el año 1997 la sociedad chilena un 70,6 % de las personas encuestadas opinaba que la homosexualidad era una enfermedad que debía tratarse y que un 45,2% considerase que esta tenía que ser prohibida por ser antinatural (muy similar a las cifras electorales históricas de la derecha). Hacia el año 2004 según estudios de la Fundación Chile21 un 84% de las personas encuestadas consideraba que la discriminación a la homosexualidad era injustificada.
La tendencia se afirmaba para el año 2013 el Centro de investigación Pew publicó que el 68% de las personas encuestadas opinaba la homosexualidad debiese ser aceptada. El 2016 un estudio de la Asociación internacional de gays y lesbianas (ILGA) señala que el 48% de las personas encuestadas se manifestó a favor del matrimonio igualitario versus una cifra nada despreciable de 32% que se opone y un 20% que se manifiesta “neutro” ante la pregunta.
Si bien estas cifras hablan de un cambió cultural acompañado de una aparente tolerancia en el espacio público, con una proliferación de bares, tiendas, barrios y discoteques LGBTIQ+ en lo sustancial poco ha variado la sensación de discriminación, así como las situaciones de violencia cotidiana a la comunidad sexo diversa.
El acoso policial, la discriminación laboral, la violencia familiar, terapias de re-conversión promocionadas por agrupaciones religiosas con altísimos presupuestos financiados por empresarios que permite promoverlas en los medios de comunicación, son episodios cotidianos que generan el consecuente miedo a perder el trabajo, ser agredido en la vía pública y reprimido por los pacos si nos manifestamos contra esta situación.
La última encuesta nacional de diversidad sexual en el trabajo elaborada por la Fundación Iguales, entrega cifras interesantes: el 53 % de las personas encuestadas le parece difícil o muy difícil encontrar empleo, cifra que asciende al 65,8 % del colectivo trans, colectivo que más flagrantemente ve vulnerada las disposiciones del código del trabajo que impone la no discriminación al empleador para contratar.
De las personas encuestadas por la Fundación Iguales solo el 24% opta por visibilizarse parte de la comunidad LGBTI en los lugares de trabajo, un 34% lo considera negativo y un 46% se mantiene en el clóset sus círculos de amigo en el trabajo . Nuevamente la cifra es más alta en el colectivo trans, el 58 % que opta por no visibilizarse y le atribuye consecuencias negativas en el desempeño de su trabajo.
El estudio cierra con la cifra de 67,5% que señalan haber sufrido discriminación en el trabajo , cifra que es del 85% en el colectivo trans. El 35% cree que denunciar no sirve de nada y 1 de cada 6 ha sentido aislade e ignorade en el trabajo .
Esta encuesta fue realizada tras el dictamen del año 2014 emanado de la inspección del trabajo que buscaba actualizar la legislación laboral reafirmando la interpretación del Principio de No Discriminación contenido en el código del trabajo actualizándolo en la ley Zamudio. Los efectos que tuvo esta normativa, así como la ley anti-discriminación en cambiar realidad material de la mayoría de la población LGBTQI+ en los lugares de trabajo ha sido prácticamente nula y podemos suponer dado que el estudio no aporta estos datos, que los empleos precarios y con menores derechos laborales la realidad continúa igual de cruda que antes de la promulgación de dicha legislación.
Respecto a la violencia , abusos y crímenes de odio el escenario muestra claras tendencias a empeorar. Según el MOVILH en su XVII informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual y de genero el año 2019 estableció que las denuncias por discriminación y abusos basados en la orientación sexual e identidad de genero aumentaron en un 44% respecto al año anterior, entre los que se cuentan asesinatos, y un aumento en 1500% las denuncias vinculadas a funcionarios policiales por robos, torturas y golpizas. A todo esto, se le suman las denuncias ocurridas durante la revuelta de octubre del mismo año que incluyeron diversos atropellos contra los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ con denuncias de tortura y violación.
Si bien el año 2015 se promulgó la ley de acuerdo de unión civil que buscaba legalizar las “uniones de hecho” abriendo la puerta al reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo, pero descartando de plano la adopción homoparental, y el año 2018 fue promulgada la ley de identidad de género , que suscito un duro rechazo y movilización dela derecha contra su promulgación basados en una campaña transfobia y de odio similar en violencia y en demandas a las campañas de pañuelos celestes contra el aborto, en plena pandemia y crisis económica no se ha escuchado ningún reclamo o fiscalización de que la discriminación que a diario sufren las parejas LGBTIQ+ para acceder a los subsidios del estado no se vea siquiera reflejada en los miseros subsidios neoliberales como el bono covid o el ingreso familiar de emergencia, un punto de partida Mínimo.
Tampoco observamos una agenda legislativa que busque obligar a todas las empresas, no solamente a “no discriminar” como una bonita declaración de buena voluntad, a tener cupos laborales trans , el sector de la comunidad LGBTIQ+ que mayor dificultad para acceder a trabajos estables presenta, o que los sindicatos y organizaciones de trabajadores tengan mayores atribuciones para pelear contra la discriminación en las empresas mediante los comités paritarios o en negociaciones colectivas, así como en la conformación de organismos de los propios trabajadores como por ejemplo el Sindicato Inter-empresa Líder que cuenta con una comisión de diversidad sexual y de genero para fiscalizar y garantizar las condiciones de trabajo mínimamente decente para la comunidad LGBTIQ+
Una agenda de estas características que parta por rechazar de plano todo crimen de odio en particular de las fuerzas represivas del estado, que las organizaciones oficialistas pese a denunciarlo formalmente buscan blanquearlo con premios a la subsecretaría de la prevención del delito o con una agenda que busca la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ en las fuerzas represoras, hasta pelear por un efectivo acceso a derechos tales como el trabajo, remuneración y contrato laboral dignos para la comunidad LGBTIQ+ no puede ser peleada al margen de una disputa por democratizar el movimiento de la diversidad sexual arrebatándoles la dirección a organizaciones oficialistas que han reducido la agenda de derechos de la diversidad sexual a meras alabanzas parlamentarias y declaraciones vacías que en poco han permitido avanzar sustancialmente por acabar con esta realidad.
De la revuelta de Stonewall a la revuelta de octubre: El oficialismo GAY lavándole la cara a los represores y asesinos del gobierno de Piñera
Pese a que son los principales elaboradores de las estadísticas con las que contamos para observar la realidad de la comunidad LGBTIQ+, la agenda de las organizaciones oficialistas, el MOVILH y la Fundación Iguales , sigue centrada en el lobby parlamentario y en las demandas de la diversidad sexual de sectores medios y acomodados como el Matrimonio Igualitario.
En esta celebración virtual producto de la pandemia del COVID 2020 que no permitiría la realización de la tradicional marcha que acompaña la conmemoración de la revuelta de Stonewall , el MOVILH pretende premiar por su compromiso con los derechos de la diversidad sexual a Katherine Martorell, Subsecretaria de la Prevensión del Delito a cargo de la coordinación con las policías en el mismo periodo denunciado por el MOVILH que se cometieron abusos de carabineros contra la población LGBTIQ+ y cómplice de los asesinatos y torturas del gobierno de Piñera durante la revuelta, mientras la Fundación Iguales prepara un show de luces en la Plaza de la Dignidad que sin duda provocará aplausos en la Moneda quien ya les destinó permisos de la intendencia, que ha reprimido toda manifestación contra el gobierno y el hambre durante la pandemia con la excusa de mantener el distanciamiento social.
Todo un espectáculo montado para celebrar los supuestos avances del movimiento LGBTIQ+ mientras empresarios, políticos y columnistas (que son los mismos que se niegan a la mas mínimos derechos para el pueblo como salud publica, educación gratuita, salarios y pensiones acordes a una canasta familiar) aún se ufanan de sus declaraciones homofóbicas , lesbofóbicas y transfóbicas llegando a extremos surrealistas de sostener que el matrimonio igualitario nos llevará a terminar siendo como Venezuela y Corea del Norte (países que por lo demás no existe tampoco matrimonio igualitario), con un Tribunal Constitucional que no tiene reparos en argumentar que de manera lógica las uniones homosexuales atentan contra el orden de la república llevando con ello a la pedofilia, todo acompañado de una campaña sistemática sostenida por partidos políticos de derecha, medios de comunicación, ONG, organizaciones religiosas para enfrentar "la ideología de género" que altera el orden de la república, buscando frenar y retrotraer todos los avances para la comunidad LGBTQ+
Quienes aspiran a una celebración amistosa con el gobierno de turno terminan remar en favor de quienes quieren que olvidemos que la revuelta de Stonewall de 1969 se dio en un contexto en que la diversidad sexual salio de los salones oscuros y de los guettos para homosexuales para acabar con la discriminación y la opresión en una época histórica marcada por movilizaciones en todo el mundo que buscaban hacer saltar el orden hegemónico por los aires.
¿Alguien se puede explicar cómo es que el Movilh vaya a darle un premio a Katherine Martorel por su compromiso con la comunidad LGBTQ+ cuando precisamente bajo su administración es que aumentaron las cifras de violencia y abuso policial contra nuestra comunidad en un 1500% como el mismo Movilh denuncia? ¿A alguien le parece esto coherente?
A nosotros no. Por esto hoy quienes buscamos levantar alternativas disidentes a la dirección oficial también debemos plantearnos concretamente la tarea de cómo les arrebatamos a esas organizaciones de la diversidad sexual el derecho de utilizar las demandas de la diversidad sexual y su lucha histórica para lavarles la cara precisamente a esa derecha que está en el gobierno y que dirige a la policía y por tanto son responsables directos de la violencia hacia nuestra comunidad.
Este nivel de colaboración permite mantener impunes a las autoridades responsables políticos de dichos atropellos policiales. En marzo de este año 2020 el MOVILH denunciaba 32 casos de abuso policial a la comunidad LGBTIQ+ por su orientación e identidad de genero durante precisamente el año de la revuelta y de conocidas denuncias de miembros de la comunidad LGBTQ+ de abusos, violaciones golpizas y tortura.
Aún así el MOVILH concurría a darles “clases de derechos humanos” a la misma policía responsable de dichos abusos no solo contra la diversidad sexual, sino también con otros sectores oprimidos por el Estado como el movimiento de mujeres y el pueblo Mapuche. La misma policía que asesinó a Catrillanca y hoy demanda al colectivo feminista las tesis por “incitar a la violencia contra carabineros”. Todo esto mientras los columnistas del Mercurio y los panelistas del matinal de la UDI sigan incitando abiertamente al odio contra la comunidad LGBTQ+, alentando asi las conductas de la policía.
El MOVILH y la fundación Iguales plantean para los responsables de la violencia contra la comunidad LGBTQ+ el equivalente a la misma sanción que aplicaron los tribunales a los responsable de la colusión de los precios, de millonarios fraudes financieros y especulaciones a costa de las condiciones de vida de la clase trabajadora : clases de ética.
No podemos permitir que esas organizaciones sigan utilizando las demandas de todes quienes en octubre salimos a protestar contra este sistema que perpetúa nuestra opresión así como la de todo el pueblo y que los mismos responsables de esta situación continúen impunemente gobernando cuando fuimos millones en las calles quienes gritamos : ¡Fuera Piñera!
La comunidad LGBTQ+ hoy cuenta con un numeroso entramado de organizaciones vivas y disidentes, que trabajan constantemente y con dinámicas bastante más democráticas que las del Movilh. Si no oponemos un programa claro a este gobierno de Derecha, - que ponga en el centro las reales demandas y condiciones que debemos afrontar como comunidad- inevitablemente surge la pregunta de cómo nos organizamos para acabar con esa situación.
Demandas como el cupo laboral trans en todas las empresas, la disolución de la policía que nos tortura, o que las organizaciones sindicales se dediquen precisamente a atacar la violencia y discriminación que vivimos en las empresas son claves para articular un movimiento que realmente pueda organizar a franjas de miles de personas de la comunidad LGBTIQ+, que incluso hoy no tienen condiciones para participar del debate público dada la situación de dictadura laboral que viven por sus condiciones precarias de trabajo, a las que se suma el temor de perder el empleo por un simple hecho: ser hueco.
Hoy se conmemora a cientos de militantes, activistas, dirigentes sociales y estudiantiles que día a día enfrentan la discriminación y la violencia en las calles y en la tarea gris, paciente y cotidiana de organizar a la comunidad LGBTIQ+ precisamente para acabar con ese orden natural de la república que el Tribunal Constitucional busca defender con todas sus garras y que aún mantiene sometida a la comunidad LGBTIQ+ a trabajos precarios, violencia y discriminación en los espacios públicos y a una particular y ensañada violencia de Carabineros hacia nuestra comunidad. Una lucha en la que no existe evidencia que justifique ningún nivel de autocomplacencia y el estado actual de relajo y banalidad con la que las organizaciones oficialistas organizan la celebración.
De que la lucha la diversidad sexual logre acabar con ese orden de la república depende de que no aflojemos el pulso y nos organicemos para desplazar a esta “burocracia cola” que nunca dijo Fuera Piñera mientras la policía nos torturaba , abusaba y reprimía durante la revuelta , que día a día se convierte en un obstáculo para que los verdaderos responsables de toda violencia sexual, social , económica y policial contra la diversidad sexual, salden sus cuentas.
Referencias
·Encuesta Nacional Diversidad Sexual en el Trabajo, Fundación Iguales https://www.iguales.cl/pride/encuesta-nacional-diversidad-en-trabajo.pdf
·XVII Informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual y de género, MOVILH, 2019
·TC rechaza recurso a favor del matrimonio igualitario argumentando que abre la puerta a “matrimonios con niños” , El Desconcierto, 5 de Junio del 2020, https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/05/tc-rechaza-recurso-a-favor-del-matrimonio-igualitario-argumentando-que-abre-la-puerta-a-matrimonios-con-ninos/
·Diversidad Sexual en Chile, Wikipedia, https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_sexual_en_Chile#Reconocimiento_de_uniones_del_mismo_sexo
·A 51 años de Stonewall: ¿es posible una sociedad igualitaria hoy? , Pablo Heron , 27 de Junio 2020, La Izquierda Diario Argentina, http://www.laizquierdadiario.cl/A-51-anos-de-Stonewall-es-posible-una-sociedad-igualitaria-hoy
·Agrupaciones denuncian que errores en el Registro Social de Hogares dejaron al menos a 17 personas trans sin Bono Covid19, Natalia Espinoza, 18 de Junio 2020 https://www.elmostrador.cl/braga/2020/06/18/agrupaciones-denuncian-que-errores-en-el-registro-social-de-hogares-dejaron-al-menos-a-17-personas-trans-sin-bono-covid19/
·Tribunal Constitucional contra personas LGBTIQ+: ¿control constitucional o control político? , Rodrigo Mallea, 23 de junio 2020, El Mostrador, https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/06/23/tribunal-constitucional-contra-personas-lgbtiq-control-constitucional-o-control-politico/ | 
