Enrique Stel acusado por la Justicia de Bahía Blanca por privaciones ilegítimas de la libertad seguidas de tortura contra 51 víctimas cometidas durante la última dictadura cívico militar, mientras que en diciembre del año pasado, su procesamiento fue ampliado al sumarle delitos sexuales en perjuicio de dos víctimas, se encontraba pronto a dar un curso de formación y capacitación en el servicio penitenciario de Tucumán.
Esto ocurre en la provincia donde gobierna Manzur (FRENTE DE TODOS) la provincia que ésta misma semana volvió a ser noticia por otro crimen policial. Walter Ceferino Nadal, al igual que George Floyd (EEUU) repetía que no podía respirar mientras un efectivo policial lo asfixiaba con su rodilla en la nuca. Misma provincia donde luego del crimen de Espinoza, la Policía tucumana también protagonizó una represión con balas de gomas a vecinos que reclamaban luz y agua. Y también un operativo escandaloso donde una mujer denunció que fue abusada. Mientras tanto el Gobierno de Juan Manzur aprobó una ley para darle mayores atribuciones a la Policía y ante el ministro de Defensa, Agustín Rossi, solicitó que el Ejército se asiente en Tucumán.
Cuando decían "es con todos" nosotres señalábamos que ese paquete de "todos" incluía ésto: violencia institucional e impunidad. Ni olvido ni perdón.
Claramente el sólo hecho de retirar a las fuerzas "de la dictadura", es decir a quienes fueran participes de los crímenes de lesa humanidad (que es mas una cuestión generacional que ideológica) para darle paso a las fuerzas "de la democracia", como refería Alberto Fernández al comienzo de su mandato, no alcanzó. Aún hoy, a pesar de todo esto, Enrique Stel, estaba a cargo de un curso de formación y capacitación del servicio penitenciario en la provincia de Tucuman, la provincia que en lo que va del mes cuenta con dos claros asesinatos en manos de las fuerzas represivas.
El pasado lunes entre el repudio de las organizaciones de derechos humanos, H.I.J.O.S Tucumán hizo público su rechazo a que el acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar estuviera al frente de un taller de capacitación.
"Repudiamos que el gobierno de juan manzur ignore las acusaciones que pesan sobre stel y le abra las puertas a un imputado por delitos de lesa humanidad para dar talleres de capacitación”, señalaron en un comunicado.
Al martes siguiente la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de Tucumán informó que una capacitación destinada para personal del servicio Penitenciario de Tucumán, que iba a ser dictada por Enrique Stel, fue cancelada debido a los delitos por la que el exfuncionario del gobierno de José Alperovich se encuentra imputado en la Justicia de Bahía Blanca. Esto muestra claramente que sin el repudio público de las diferentes organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas estas prácticas de formación de la mano de represores "retirados" tendrían curso libre y acrítico. Por eso no es posible la idea de una vuelta de página, hoy más que nunca, frente a esta crisis sanitaria, económica y social hay que mantener en alto las banderas de memoria verdad y justicia, pidiendo cárcel común y efectiva para todos los participes de la ultima dictadura cívico empresarial y militar. Ni olvido, ni perdón ni reconciliación.
Enrique Stels estuvo en Malvinas bajó las órdenes de Aldo Rico. Además, el ex coronel estuvo a cargo del Liceo Militar Aráoz de La Madrid y al retirarse de este cargo asumió en la oficina de control de Seguridad Privada del Gobierno tucumano.
Mientras fuera funcionario de Alperovich dentro del ministerio de seguridad ciudadana, fue detenido en marzo de 2014. Acusado del secuestro y tortura de 51 personas en la causa del V Cuerpo de Ejército en el Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca durante la dictadura militar. Fue derivado a la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de esa ciudad, la que ordenó las detenciones de él junto a la de Jorge Federico Schiavone quien fuera detenido en un aeropuerto mientras acompañaba al ya mencionado funcionario José Alperovich.
En 2015 ampliaban una denuncia contra José Alperovich por espionaje. Una nueva acusación contra el ex-gobiernador de Tucumán reveló que desde 2012 se espió a jueces, políticos opositores, empresarios, gremialistas y periodistas.
Ese año se puso a disposición de la Justicia "un informe confidencial" que da cuenta del funcionamiento de "un sistema de inteligencia ilegal" que fue ejecutado "por la empresa de seguridad e inteligencia de origen israelí SIA. (Security and Intelligence Advising) y el coronel retirado Enrique Stel, ex funcionario del Ministerio de Seguridad". Este mismo Alperovich es el que hoy enfrenta una denuncia por violación realizada por su sobrina.
Stel, fue apuntado como "director del plan de espionaje y figura de amplia inserción en la comunidad israelí de Tucumán".
En 2017 el decreto 1357/2004 estableció que los veteranos de guerra que hubieran sido condenados por violación de los derechos humanos, entre otros, no podían ser beneficiarios de las Pensiones Honoríficas de Malvinas. A partir de la investigación desarrollada por la UFISES se pudo constatar que muchos de los beneficiarios de la pensión estaban implicados en investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
En función de ello, los fiscales Minatta y De Vedia solicitaron a la ANSeS que para el caso de los condenados se dispusiera la baja definitiva del beneficio y para los procesados y los prófugos, se les suspendiera provisoriamente hasta tanto se resolviera su situación procesal o se presentasen ante la justicia.
En Bahía Blanca la lista de ex militares cuyas pensiones honoríficas eran revisadas son Adalberto Osvaldo Bonini, Enrique Stel, Julio Manuel Santamaría y Vicente Alfredo Flores -quienes revistieron como Suboficial Mayor, Coronel, Capitán y Sargento Primero del Ejército en Malvinas, respectivamente- imputados por los crímenes acaecidos en el marco de la causa V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca y del Batallón 181 de Comunicaciones de esa ciudad bonaerense.
En diciembre del año pasado, el procesamiento de Stel fue ampliado: se le sumaron delitos sexuales de dos víctimas.
La causa "ejército" ya esta elevada a juicio en Bahía Blanca. Además de Stel, se juzgarán a 25 militares por delitos de lesa humanidad cometidos en comando del V Cuerpo del ejército y las unidades bajo su control.
Sin duda estos sucesos nos hacen preguntarnos qué pasa con esa mano desocupada de las fuerzas represivas. . . Ya vimos como este "retirado" represor, incluso luego de su retiro siguió involucrado en espionaje ilegal, persiguiendo a organizaciones políticas, sindicales y sociales, estando al mando de una empresa de seguridad privada, y la pregunta mas turbia es ¿al servicio de qqué intereses y en beneficio de quienes?
Estos no son hechos aislados, ni casos particulares, es la estrategia de las fuerzas represivas para defender el "orden" imperante que cuida los intereses de los que más tienen. Tampoco es solo una provincia, como podemos observar en el mundo, es un factor común que las fuerzas policiales y armadas lleven al extremo sus practicas para defender los intereses de los que mas tienen. Es claro que en plena crisis con pandemia por medio, las necesidades de los pueblos oprimidos se acrecientan y las respuestas se vuelven urgentes, pero como vemos la respuesta de un sistema hecho a medida de la burguesía responde con palos y balas al hambre y la miseria que miles viven a diario.
