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El Gobierno "progre" del PSOE y Unidas Podemos continuará remunerando a los miembros de las Fuerzas Armadas que tengan tareas religiosas. Así se estipula en la Ley 17/1989, y así lo continuará manteniendo el Gobierno "más progresista de la historia".
De hecho, estos días se ha sabido que en 2019 el ministerio de Defensa gastó solo para el derecho a la asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas Españolas más de tres millones de euros. Algo al que, además, hay que sumarle casi otro millón de euros en "cuotas de empresa".
Hoy en día, hay 87 curas en el ejército, contando a monseñor Juan de Rio Martín, arzobispo castrense. Y con una simple regla de tres, vemos que los curas castrenses se llevan más de 36.000 euros mensuales, si tenemos en cuenta que según los Presupuestos Generales del Estado, De Rio Martín tiene una retribución pública de casi 60.000 euros.
No obstante, el asunto se vuelve más grave si tenemos en cuenta que en el mantenimiento de las tres sedes religiosas que dependen del ministerio de Defensa, situadas todas en Madrid, se han gastado casi 45.000 euros, con el que el presupuesto asciende además del estipulado en unas cuentas que solo representan una parte del presupuesto destinado, puesto que, como es costumbre, el montante restante del gasto está incluido en partidas otros ministerios; por lo cual es imposible conocer el alcance total.
Cómo decía Ángel Munarriz en su libro Iglesia SA, el acuerdo entre las Fuerzas Armadas y el servicio militar es “otra estructura simbiótica Iglesia-Sido que revalida su carta de naturaleza jurídica”, y en este aspecto, como en otros muchos, el Gobierno "progre" del PSOE y Unidas Podemos no se diferencia en nada. De hecho, este acuerdo se viene manteniendo desde el primer gobierno del PSOE con Felipe González.
Pero, por si no fuera poco, la cifra de 11.600 millones que la Iglesia Católica recibe del Estado supone un 1% del PIB, algo que se traduce en que cada persona residente en España, sea católico o no, aporta para esta finalidad una cantidad aproximada de 240 euros anuales, todo esto en un Estado que se declara aconfesional, donde el culto y el clero de cualquier organización religiosa tendrían que ser financiadas de manera voluntaria por sus feligreses.
La separación efectiva de la Iglesia y Estado se vuelve una necesidad cada vez más urgente. Incluyendo el final de la financiación pública y privilegios fiscales, así como la devolución de todo el patrimonio expoliado por la Iglesia durante siglos. Empezando por las inmatriculaciones del patrimonio público realizadas por esta institución desde 1946 bajo la ley franquista y la anulación de los acuerdos con el vaticano. | 
