La violencia contra las mujeres, legitimada y reproducida por el Estado capitalista y sus instituciones mediante la desigualdad salarial, la educación sexista, empleos basura, violencia policial, entre algunas, expresa de manera cruda lo que nos vemos empujadas a vivir las mujeres. Hoy en confinamiento a raíz de la crisis sanitaria, social y económica tras la pandemia de coronavirus expresa esta realidad más cruda en el terreno de nuestra supervivencia.
Este lunes se dieron a conocer los datos enviados desde la Fiscalía Nacional a Emol, cifra que revela el ingreso de 54 femicidios entre el 19 de marzo y 19 de junio con 11 femicidios consumados, cuatro tentados y 39 frustrados. Según el registro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres la cantidad de femicidios en el año es de de un total de 21 femicidios consumados, cifra que podría aumentar mientras duran las cuarentenas y la crisis sanitaria en el país.
En cuanto a la violencia doméstica, se ha incrementado más de un 70% de aumento en las denuncias, mientras que el gobierno instaló una serie de campañas fallidas como “Mascarilla19” la cual deja en evidencia la desidia y neligencia de parte del gobierno de Piñera hacia el bienestar de las mujeres.
Hace unas semanas atrás el gobierno nombró a Mónica Zalaquett (UDI) como nueva ministra del SERNAMEG, perdiendo así entre sus cartas a Isabel Plá y Macarena Santelices, ambas UDI, herederas de las ideas más conservadoras de la dictadura militar donde esta última dejó su cargo por presión del movimiento feminista.
Ni una menos: por el derecho al pan, la salud y el trabajo
La pandemia ha conllevado no solo una crisis sanitaria, también ha puesto de manifiesto la crueldad de este sistema neoliberal, capitalista y patriarcal, en el cual el gobierno se sirve para acrecentar las ganancias de los empresarios y donde las mujeres hemos sido las más afectadas con sus ataques.
El acuerdo covid-19, que permite salvar las ganancias de los grandes empresarios y con sólo un 20% destinados al bono IFE para la población más vulnerable; y la Ley de Protección del Empleo, que promueve que los trabajadores costeen la crisis con los fondos de seguro de cesantía y en la cual se ciñe a la propuesta de ley del gobierno por el post natal de emergencia, marca la tendencia de las políticas criminales de Piñera aumentando el hambre, los despidos y las suspensiones laborales, muchas de las cuales incluso se aplicaron ilegalmente a cientos de mujeres embarazadas.
Ante la violencia del Estado y sus instituciones es urgente luchar por un programa de emergencia para que nuestras vidas no la cargue la clase trabajadora y las mujeres. Un programa que ponga fin a los despidos, un sueldo mínimo de emergencia de 500 mil pesos a todas y todos los trabajadores informales, independientes y desempleados que se quedaron sin ingresos por la pandemia junto con el derecho a la vivienda inmediata a las mujeres que han presentado denuncias de violencia doméstica.
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