Las empresas Telefónica de Argentina S.A. (Telefónica y Movistar), Telecom Argentina S.A. (Telecom, Personal, Fibertel y Cablevisión) y Telecentro S.A fueron imputadas por Subsecretaría de Acciones para la Defensa de Consumidores (Ssadc), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, y actuará de oficio en representación de los usuarios.
"Tras el análisis de las denuncias y al identificar la operatoria sistemática de las empresas, estamos actuando de oficio en representación de todos los damnificados y encarando acciones administrativas o judiciales para que no se vulneren los derechos de las y los consumidores", señalaron desde la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de Consumidores (Ssadc), que encabeza Paula Español.
Las imputaciones por presuntas contravenciones a la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 fueron notificadas el 25 de junio y las empresas tiene 5 días para hacer uso de su derecho a defensa.
Luego de señalar los principales problemas que relatan los usuarios, como cortes en el servicio, trabas en los pedidos de cambio de planes o baja de servicio que generan al usuario deudas impropias, demoras en la entrega de productos, incumplimiento en las citas de reparaciones domiciliarias “a pesar de que las compañías cuentan con protocolos específicos que establecen pautas para el ingreso a los hogares, cuando es absolutamente indispensable", falta de servicio de reparaciones, entre otras denuncias.
"En los expedientes se agregaron las denuncias que permiten graficar que no se trata de problemas individuales, sino que son prácticas sistemáticas que lesionan los derechos de un conjunto de consumidores, y los coloca en una situación de vulnerabilidad debido a que estos servicios se convirtieron en esenciales para la cotidianidad en el marco de la emergencia por la Pandemia", concluyó la Subsecretaría en el informe donde explican los motivos.
Si bien se trata de empresas que se destacan por brindar un servicio deficiente y cobrar tarifas exorbitantes, entre enero y el inicio de la pandemia, la cantidad de reclamos había sido considerablemente menor.
Desde el comienzo de la cuarentena hasta inicios de junio la cantidad de reclamos recibidos por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores había aumentado un 70%, pasando de 19.138 durante enero, febrero y marzo, a más de 39.000.
El uso extendido de este servicio durante la pandemia agrava la situación: niños, niñas y adolescentes deben hacer sus tareas y clases en su casa necesitando de conectividad, las y los docentes deben preparar, hacer videos, subirlos, lo mismo los millones de trabajadores y trabajadoras que producto de la cuarentena se ven obligados a realizar teletrabajo. Esto, con un servicio deficiente, que se corta a cada rato, y claro, pagado por las familias y las y los trabajados. Cosas que parecen elementales, pero que desde que empezó la pandemia se convirtió en causa de despidos o de rebaja salarial “por falta de conectividad” para muchos pibes y pibas de call centers, por ejemplo.
Ni el estado ni las patronales se hacen cargo del costo de estos servicios ni de proveerlo en el caso de que, como sucede en muchísimos hogares del país, no cuenten con conectividad. En la Argentina, el 48 % de los chicos entre 5 y 17 años, hoy no tiene computadora en su casa y el 47% no tiene internet, según el último informe sobre Infancia de la UCA.
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