La semana pasada, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, publicó un folleto explicativo sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de manera medicamentosa, con pastillas, ideado para acompañar el tratamiento ambulatorio en el marco de la pandemia.
Según su titular, Valeria Isla, la publicación que enseña cómo acceder a la práctica se da en el marco de un alarmante aumento de los llamados que recibe la línea gratuita de información y orientación de la cartera de salud. Según la periodista Mariana Iglesias, “en marzo hubo 259 consultas, en abril 635, en mayo 865 y en Junio 881. Un total de 2640 en cien días”.
El folleto oficial...
El folleto digital, que el ministerio acompaña con texto y con imágenes, señala entre otras cosas que “la interrupción del embarazo con misoprostol es un método seguro” y advierte que “con la información y las indicaciones brindadas por el equipo de salud se puede usar de manera ambulatoria en el domicilio hasta las 12 semanas de gestación”, tal como lo establecen los protocolos que la Organización Mundial de la Salud sugiere a los países que la integran.
La guía también explica que el misoprostol es “un medicamento que produce contracciones en el útero” y que esas contracciones son las que “provocan la expulsión del contenido uterino: el saco gestacional y tejido (similar al de la menstruación) que lo rodea”.
Cómo se usa el medicamento, qué pasos hay que seguir, qué debe ocurrir luego de la correcta administración del misoprostol, cómo continuar el tratamiento, qué hacer para evitar los embarazos no deseados, son algunos de los temas que también aborda el material.
La publicación, progresiva en su contenido, contrasta sin embargo con la realidad de quienes buscan acceder a la práctica, aún con medicamentos, e incluso en los casos que habilita el vetusto Código Penal de 1921 (el riesgo de vida o de salud de la persona gestante, o los casos de violación).
...y la realidad de las mujeres
Según la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, en pleno 2020, con Ministerios, secretarías y oficinas de Mujeres, Género y Diversidad y un presidente que declaró estar a favor de la legalización del aborto... con todo eso a favor, hay mujeres presas por querer acceder a este derecho aún cuando se trata de las causales de ese Código.
En un comunicado que difundió desde sus redes sociales, la organización que ya va por la octava presentación de su proyecto de ley en el Congreso y 15 años de existencia, denunció por eso que ya en el primer semestre de este año hay al menos cuatro jóvenes presas, además de muertas por la clandestinidad. El último casos conocido, recordemos, fue en el distrito de La Matanza, donde la ex intendenta Verónica Magario creó una Secretaría de Culto que puso a cargo nada menos que de Acierta, la mayor congregación que dirige la cúpula de las iglesias evangélicas, y una de las principales impulsoras del rechazo a la legalización.
Según informaron desde la Campaña Nacional, en provincias como Santiago del Estero hay "tres mujeres, de entre 24 y 26 años fueron presas por aborto: en las localidades de Forres (a 45 km de la capital provincial), Ojo de Agua (a 155 km de la capital provincial) y Nueva Esperanza (a 215 km de la capital provincial)".
"Este viernes 26 de junio supimos que una cuarta mujer, de 23 años y madre de tres niñxs de 2, 5 y 7 años, proveniente de la localidad de Añatuya no quedó detenida porque la fiscalía decidió no acusar, pero amenazó con hacerlo y los medios de noticias tomaron el hecho como cierto", contaron.
Santiago del Estero es una de las provincias que sigue sin adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, y está entre las provincias con mayor tasa de partos en niñas menores de 14 años.
“Hay más mujeres de lo que pensamos”
En lo que va del 2020, en el marco de la pandemia y de la crisis sanitaria y económica que golpea particularmente a las mujeres, hubo muertas por aborto clandestino, mujeres que entraron en las cárceles y muchas que se han visto obligadas a llevar adelante embarazos productos de violaciones", dicen desde la organización.
"Hay más mujeres de lo que pensamos, o creemos, o sabemos, que no tuvieron acceso a un aborto voluntario en condiciones seguras, que fueron expulsadas del sistema de salud y forzadas por el Estado a llevar adelante un embarazo", agregan. Además, destacan que son esas mujeres "las que hoy están presas" en un número que se desconoce producto del tratamiento judicial (que suele caratular estos temas con otras figuras, como las de “homicidio”), del estigma del aborto y de la amenaza de las rejas.
Interrupción legal y voluntaria, y que las iglesias no se metan
Formalmente, la interrupción de los embarazos se realiza en Argentina siguiendo el sistema de causales: si hay riesgo de vida o de salud para la persona gestante (el Código Penal habla en realidad de “la madre”), o si el embarazo es producto de una violación a “una mujer idiota o demente”. Luego, es penalizado con hasta cuatro años de prisión para quien se lo practique, y también con penas para quien lo realice, con o sin el consentimiento de la persona gestante.
En 2012, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció ante el caso de una joven chubutense, criminalizada por acceder a este derecho, y exhortó a todas las jurisdicciones del país para que adhirieran al Protocolo oficial.
Según el Ministerio de Salud, al 20 de febrero de 2020, del total de 24 provincias, solo 8 adhirieron al protocolo nacional: la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, San Luis, Santa Fe, La Rioja y Tierra del Fuego. En tanto, 5 provincias no tienen ningún protocolo, ni propio ni nacional: son Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán, la provincia donde la joven Belén también fue encarcelada y una niña, apodada Lucía, fue obligada a parir con la intervención de grupos antiderechos y del propio gobernador Juan Manzur.
Además hay 2 provincias tienen legislaciones propias (Chubut y Río Negro); y 9 provincias deben “adecuar su normativa” a ese fallo y al Protocolo actualizado por el Ministerio de Salud en diciembre de 2019. Se trata de la Ciudad de buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y Santa Cruz.
Como advierten desde la Campaña, exigir que se garantice la ILE, así como la aprobación de la legalización del aborto, es fundamental. Sin embargo, en declaraciones recientes, Alberto Fernández volvió a ratificar su decisión de postergar el debate y la presentación del proyecto alternativo que había anunciado ya en la apertura de las sesiones legislativas. ¿Hasta cuándo? Como en muchos otros temas, “hasta que resolvamos el debate sobre la pandemia”, afirmó el mandatario. |
