Este hecho se hizo público por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) el miércoles por la mañana en un comunicado en el que exigían al gobierno que se entregara a los militares para que fuesen juzgados por la justicia indígena.
Diferentes funcionarios del gobierno han condenado los actos de los militares, el propio presidente, Iván Duque exigió que hubiera una investigación exhaustiva y Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, dijo que los 7 militares ya no eran soldados para él.
Después de unos días, los militares aceptaron haber violado a la niña, pero por ahora se mantienen en una guarnición militar, por miedo a que sufran “represalias” en la cárcel.
Pero como Mundo Armando Valbuena, vocero de la ONIC, dijo en una entrevista con la BBC este “no es ningún caso aislado” por el contrario “es la realidad de muchas niñas indígenas”. La misma organización denunció que durante la pandemia, la violencia contra las mujeres y los feminicidios han ido en aumento.
Según cifras oficiales en el 2019 más de 22 mil menores de 18 fueron víctimas de delitos sexuales y 702 fueron asesinados. Recientemente se dio a conocer el caso de otra niña indígena, de la etnia nukak makú en San José Del Guaviare. Sobre este caso el gobierno y el ejército también lamentaron lo sucedido, pero no hay información sobre el paradero de los militares responsables.
Esto se suma a una serie de violaciones a los derechos humanos que el ejército ha protagonizado, por ejemplo el espionaje que realizaron el año pasado a un total de 130 personas, entre ellas defensores de derechos humanos y periodistas; así como la venta de armas por parte del ejército a cárteles de narcotráfico.
Este hecho se da en el marco del emerger de un cuestionamiento hacia las fuerzas armadas a nivel internacional tras el asesinato racista de George Floyd en EEUU. En diferentes países han salido a la luz denuncias de asesinatos extrajudiciales a manos de policías o militares y demás abusos de autoridad.
Aunque el gobierno de Duque se pronuncia contra la aberrante vejación de la que esta niña de la comunidad embera chamí fue víctima, lo cierto es que es el gobierno de la región que mayor gasto invierte en su ejército.
Los abusos sexuales y demás atropellos que sufren las comunidades indígenas no son a causa de algunos militares que no siguen las reglas, son una consecuencia directa de las políticas de militarización que buscan un mayor control de los gobiernos sobre las poblaciones.
El movimiento de mujeres a nivel internacional, debe recuperar la demanda de desmilitarización, pues tanto en Colombia como en México, las principales afectadas por "la guerra contra las drogas" han sido las mujeres, los pueblso infígenas y los trabajadores. | 
