La ley recoge reclamos de asociaciones de inquilinos y si bien tiene algunos puntos progresivos, la dificultad de acceso a la vivienda continúa siendo un problema estructural para millones de personas.
La ley 27551 con su modificación publicada hoy en el Boletín Oficial posee algunos elementos positivos para los más de 8 millones de trabajadores y trabajadoras que deben alquilar por no tener acceso a la vivienda propia. Su tratamiento estuvo cajoneado casi cuatro años, producto del lobby de las grandes inmobiliarias con los partidos tradicionales en el Congreso.
Entre las principales modificaciones respecto de la ley anterior, se encuentra el monto del depósito que se debe realizar al momento de un nuevo contrato de locación, pasando a ser de un mes en lugar de dos como era antes.
Se extiende el plazo de los contratos a tres años, con la vieja ley era de dos. Los aumentos en las cuotas de alquiler serán medidos por un índice que tendrá en cuenta por igual el índice de inflación del Indec y el indice de variación salarial (RIPTE). Además, impuestos urbanos como el ABL o ARBA correrán a cargo de los propietarios.
Con estos cambios que implica la nueva ley, los más de 8 millones de trabajadores y trabajadoras que alquilan, tendrán un marco más favorable para hacer frente al importante gasto que representa el alquiler en los ingresos. Se calcula que en promedio el 41% del salario va a parar al pago de la cuota del alquiler. Algo que se hace aún más grave en el actual contexto de crisis económica social y sanitaria.
Vale tener en cuenta que en Argentina son 3 millones las familias que no tienen acceso a una vivienda en condiciones materiales básicas. Los asentamientos precarios, villas y barrios populares son 4.400 en el territorio nacional, de los cuales la mitad se encuentra en Buenos Aires, concentrados en la región del Área Metropolitana. El 90 % de esos barrios no tiene acceso al agua o a la red cloacal.
Teniendo en cuenta esta situación de larga data en el país, la nueva ley de alquileres generará ciertos beneficios para las y los inquilinos, sin embargo no cambia la situación estructural de la vivienda en el país.
Para ésto son necesarias medidas de fondo como un plan de obras públicas, que incluya la construcción de viviendas para dar respuesta a las millones de familias que se ven privadas de un derecho tan elemental como el acceso al techo propio. En ese sentido el diputado Nicolás del Caño del Frente de Izquierda Unidad presentó un proyecto de impuesto a las grandes fortunas en el Congreso el cual incluye la construcción de 100 mil viviendas a partir de los ingresos que se generarían con un impuesto de ese tipo.
Si se habla de salidas de fondo para el problema habitacional no se puede dejar de mencionar las grandes cantidades de hectáreas de las que son propietarios grandes holdings inmobiliarios, las miles de inmuebles ociosos o los grandes terrenos que le fueron donados a la Iglesia a lo largo de la historia por parte del Estado. Cuestionar la legitimidad en la posesión de de éstos inmuebles, que en casi su totalidad se encuentran ociosos o con fines especulativos, se hace esencial si se quiere pensar en el cumplimiento del derecho a la vivienda digna para todas las familias trabajadoras.
