Según los datos manejados por los principales medios, Brasil ya supera las 1.352.000 personas contagiadas y 57.000 muertos por coronavirus. A pesar de tratarse de un récord grotesco, estos números ni siquiera son los reales, sino los que pueden ser recabados teniendo en cuenta las cifras mentirosas del Gobierno. Los datos reales son mucho más altos, ya que faltan muchas pruebas en el país y el subregistro es bastante grande.
En medio de este escenario el ultraderechista Jair Bolsonaro, junto a su ministro de Hacienda Paulo Guedes y el presidente de la Cámara Baja del Congreso, Rodrigo Maia, coinciden en extender los ataques contra los trabajadores. A pesar de los cortocircuitos y diferencias que mantienen el presidente y el jefe del Congreso, a la hora de votar leyes antiobreras no muestran fisuras.
Desde el comienzo de la pandemia, Bolsonaro y Guedes, con la ayuda de Maia, han estado tomando medidas cuyo objetivo principal es atacar a los trabajadores y preservar las ganancias de los capitalistas. Uno de ellos fue la Medida Provisional (MP) 936, que permitió la reducción de las horas de trabajo y la suspensión de contratos.
Inicialmente, sería válido durante 3 meses para reducir la jornada laboral y 2 meses para suspensiones. En este tiempo más de 11 millones de trabajadores ya fueron afectados. Más de 7.2 millones de brasileños tuvieron reducciones drásticas en los salarios y a 3.9 millones de trabajadores le suspendieron los contratos. De los acuerdos firmados amparados por esta ley el 54% corresponde a la suspensión de contratos, es decir la mayoría.
Además la medida mostró ser completamente ineficiente para frenar los despidos, sino que el verdadero objetivo era salvar las ganancias de los empresarios. Por eso muchos de ellos prefirieron tanto suspender como despedir. A casi 900.000 personas no se les renovó los contratos a fin de abril, mientras que se cancelaron al menos 2,9 millones de vacantes para un contrato formal.
A pesar de esta evidencia, Guedes, Bolsonaro y Maia quieren extender la ley 4 meses más para ambas movilidades (recortes y suspensiones).
Esta ley fue considerada un logro por varias centrales sindicales , que incluso actuaron como mediadores de la negociación, supuestamente para garantizar "mejores condiciones" para los trabajadores. De hecho, solo están actuando como representantes de los empleadores y están tratando de hacer que tal ataque sea más aceptable para los trabajadores.
A contramano de esta posición de las direcciones sindicales, los trabajadores necesitan exijan de inmediato que las centrales rompan con esta política de conciliación y organicen una lucha contra los ataques y que también exijan la prohibición de despidos. Los y las trabajadoras que están siendo atacadas pueden converger también con el movimiento antiracista que mostró vitalidad en Brasil. En este camino es un ejemplo la acción internacional que están organizando los trabajadores de reparto y de app para este 1 de julio. La paralización de actividades a la que convocan estos sectores que son de los más precarizados a nivel mundial, son un punto de apoyo para la movilización de todos los trabajadores afectados por la actual pandemia y por las leyes votadas a favor de los empresarios y contra las vidas obreras. | 
