Este mes se cumplió un año del acuerdo migratorio México-Estados Unidos, que se estableció oficialmente el 7 de junio del 2019.
En aquellos momentos, Donald Trump venía amenazando con imponer aranceles a los productos mexicanos que ingresaran a territorio estadounidense desde México si el gobierno mexicano no implementaba acciones para detener las oleadas migratorias provenientes de Centroamérica.
En respuesta, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en una acto de subordinación al imperialismo norteamericano, decidió enviar a la Guardia Nacional a las fronteras norte y sur de México para perseguir migrantes y contener las caravanas, convirtiéndola en una extensión de la border patrol.
Junto a ello, el gobierno de la 4T aceptó que los migrantes (tanto mexicanos como de otras nacionalidades) que cruzaran la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo fueran devueltos a México para esperar su audiencia, en lo que se conoce como el programa “Quédate en México”.
Con estas medidas centrales nacía el acuerdo migratorio México-Estados Unidos, que a un año de su implementación ha profundizado el sufrimiento que ya de por sí padecían los migrantes.
Compromisos sobre derechos humanos incumplidos por gobiernos
De acuerdo con Maureen Meyer, directora para México y Derechos del Migrante de Wola (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), el acuerdo migratorio ha traído como consecuencia un agravamiento de la crisis humanitaria en las fronteras norte y sur de México, con el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional y un incremento de los operativos antimigrantes, que en su momento llevó a situaciones de hacinamiento en las estaciones migratorias.
Muchas personas solicitantes de refugio en Estados Unidos, al ver que no es posible conseguirlo lo han solicitado en México, pero sin éxito.
Al quedar atrapadas en las ciudades de la frontera norte como Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo y Matamoros, miles se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, siendo víctimas de discriminación, secuestros, robos, abusos sexuales, de la violencia del crimen organizado, la trata de personas, o son obligadas a ingresar a grupos delincuenciales, mientras que las saturación de los albergues no permite la “sana distancia” como medida elemental para evitar contagios de coronavirus.
Claramente, los compromisos que contiene el acuerdo migratorio para proteger los derechos de los migrantes no han sido respetados por los gobiernos.
En palabras de Meyer: “Lo que hemos visto es que el gobierno mexicano ha fallado, en cuanto al compromiso de garantizar los derechos de las personas migrantes y su atención”.
Con la pandemia, además, el gobierno de Estados Unidos ha endurecido sus medidas con mayores restricciones, deportaciones exprés masivas y negando en los hechos el derechos de asilo, agravando la situación de los migrantes en las ciudades de la frontera norte mexicana.
En el primer trimestre de este año, Estados Unidos deportó a México a 59, 475 personas (mexicanas y de otras nacionalidades), de las cuales, con la colaboración del gobierno mexicano, una cuarta parte fue devuelta obligadamente a sus países de origen.
Muchas de las personas deportadas habían vivido años en Estados Unidos y fueron separadas de sus familias.
La solución no vendrá de arriba
En Estados Unidos, que se encuentra en año electoral, es de esperarse que Donald Trump siga enarbolando políticas antiinmigrantes, xenófobas y racistas para fortalecerse entre su base electoral reaccionaria.
En este contexto se tiene contemplada una próxima visita de López Obrador a la Casa Blanca, con motivo de la entrada en vigor del T-MEC este 1 de julio.
Por otra parte, se dio a conocer que este 30 de junio iniciaría en Centroamérica la movilización de una nueva caravana migrante hacia la frontera sur de México.
Frente a la política reaccionaria de Donald Trump y la subordinación del gobierno mexicano, es necesario impulsar la unidad internacionalista de los trabajadores a ambos lados de las fronteras para exigir libre tránsito y por los derechos de los migrantes, la desmilitarización de las fronteras y la disolución de la Guardia Nacional, así como en solidaridad con el gran movimiento antirracista y contra la policía que recorre Estados Unidos. | 
