Cuando nos enfermamos optamos por el Dr. Simi, porque no tenemos seguro social. Rentar un departamento o una casa es casi misión imposible, incluso si vamos a compartir vivienda con integrantes de la familia o con roomies.
Trabajamos contratados por proyecto o con contratos de simulación que buscan invisibilizar la relación obrero-patronal como sucede en el Estado, con trabajadoras y trabajadores de distintas dependencias, como el DIF, el INAH, secretarías y otras instituciones. No nos pagan vacaciones ni aguinaldo, tampoco no tendremos pensiones para nuestra vejez y ganamos en promedio $6,500.
La educación no queda fuera de la degradación de las condiciones laborales. Maestras y maestros de la educación privada no tienen derechos laborales de ningún tipo. Por laborar de 7 de la mañana a las 16, les pagan por $1800 pesos a la quincena y cuando hay receso escolar no reciben nada. En el caso de académicos, los de escalafón más bajo en la UACM ganan $2196 al mes por grupo, bajo contrato de prestación de servicios profesionales, y cuando reclamaron la basificación los despidieron. Están en lucha desde antes de la pandemia. Ni en educación básica ni entre académicos hay acceso a la seguridad social.
Las y los trabajadores de intendencia de la UNAM, que con su labor garantizan que las instalaciones están en condiciones para estudiantes y académicos, ganan alrededor de $5,000. Casi todos deben tomar un segundo trabajo para complementar sus ingresos, porque no les alcanza para vivir. También en la UNAM, una profesora o un profesor de asignatura o un ayudante -pilares de la vida académica- ganan 1600 y 1016 pesos por mes por cada grupo al que le dan clases, y la media está en cuatro grupos. Con $6400 o $4064 por mes no se puede vivir.
En las “Universidades del bienestar”, uno de los proyectos más lardeados por el gobierno de López Obrador, como la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, profesoras y profesores ganaban 200 por hora de clase impartida, con un promedio de 6 horas semanales. Antes de la pandemia, laboraban sin pago casi todo el semestre, ahora ni siquiera les pagan. El bienestar brilla por su ausencia.
Los obreros de General Motors en Silao ganan alrededor de $10,500 por mes… por 12 horas de trabajo. Renuncian a tener una vida. Y sabemos que con ese dinero una familia de 4 personas no puede vivir, pues para cubrir la canasta básica, vivienda, vestido, calzado, servicios públicos, esparcimiento, se necesitan al menos 16 mil.
Las y los repartidores de las Apps arriesgan la vida por un pago que rondan 17 pesos por entrega, cuando las empresas les bicicletean los pagos, no reconocen la relación laboral existente y los deja en la calle cuando se accidentan.
En el sector informal, sea comercio callejero, puestos de comida, volanteros, operadores de peseros, entre otros, el panorama es más grave aún. En la medida que las actividades se redujeron por la cuarentena, sus ingresos también. Ese es el resultado de la precarización de nuestras condiciones de trabajo.
Incluso quienes trabajamos en nómina, en la mayoría de los casos no llegamos a cubrir la canasta básica, y la perspectiva de la pensión al final de la vida laboral se hace cada vez más lejana, ya que con el régimen de las afores -que con nuestros ahorros para la pensión especulan con fondos de inversión o financian megaproyectos para beneficio de las grandes constructoras- con las condiciones actuales solo recibiríamos alrededor del 26% del salario.
De acuerdo con un informe del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM el salario perdió 78% entre 1987 y 2015. La baja del mismo a lo largo de estas décadas golpeó duramente la economía de las familias trabajadoras. En México se perciben los salarios más bajos de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Expuestos a la pandemia
En tiempos de pandemia, esta situación se agudizó. Quienes estamos contratados por outsourcing o por honorarios somos los primeros en ser despedidos, con el aval del gobierno, que no ha prohibido los despidos, o directamente los impone en nombre de la “austeridad republicana”. En el sector informal, las y los trabajadores quedaron ante una decisión terrible: salir a ganarse el pan y exponerse al coronavirus, o quedarse en sus casas y morir lentamente de hambre.
Por salarios que no alcanzan, las y los trabajadores de los sectores esenciales -salud, transporte, telecomunicaciones, limpia y recolección en la vía pública, producción, venta y distribución de alimentos y medicinas- nos mantuvimos en nuestras labores, ante la desidia del gobierno y de las patronales que no han garantizado el equipo de protección personal, necesario para garantizar nuestra seguridad sanitaria. Trabajadoras y trabajadores del sector salud salieron una y otra vez a protestar para exigir equipos de protección personal y protocolos sanitarios para atender los casos de covid-19.
Pero esto también sucedió en el sector privado, en call centers, en la industria maquiladora, en escuelas privadas, en Pemex y los megaproyectos del gobierno, como el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, o la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Es más, ante la presión de las trasnacionales y el gobierno de Trump, el gobierno aceptó sacrificar la salud y la vida de la clase trabajadora de la industria automotriz, la aeroespacial y la construcción, declarándolas esenciales cuando no lo son.
Rodolfo Huvy Cruz, joven estudiante de la UACM y empleado de un call center al servicio de Elektra, quien murió de covid-19 al tener que seguir trabajando en condiciones insalubres, es muestra de que a los patrones no les importan nuestras vidas: no debemos morir por la negligencia criminal de los Salinas Pliego y los grandes empresarios de las maquiladoras, tolerada por el gobierno.
Hay que poner un alto a las pésimas condiciones de trabajo que nos privan de derechos elementales, como la salud, el tiempo libre y la convivencia con nuestras familias y amigos.
Las trabajadoras y los trabajadores de los distintos sectores, privado o público, formal o informal, industria o servicios, podemos unir nuestras fuerzas para enfrentar los atropellos de las patronales y del gobierno.
Las y los invitamos a sumarse e impulsar el Movimiento Nacional contra la Precarización y los Despidos, una propuesta que impulsamos desde distintos sectores de las y los trabajadores, que nace como respuesta a la necesidad apremiante de enfrentar la precarización laboral y los despidos que se han multiplicado durante la pandemia y de la cual son parte más de 30 agrupamientos de trabajadoras, trabajadores y activistas del país.
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