El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para que se castigue con hasta 5 años de prisión a cualquier daño contra silos, tolvas o silobolsas. La propuesta es modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal y sus modificatorias para que se incluya el "vandalismo rural".
Massa afirmó que “destruir un silobolsa es destruir el trabajo y por eso presentamos un proyecto de ley para castigar el vandalismo rural”, y agregó que “es un delito ‘nuevo’ contra la propiedad. Opera como un daño especial y agravado cuando se afecta el desempeño o explotación de un establecimiento rural”.
El diputado Ramiro Gutiérrez (FdT), quien apoya la propuesta, sostuvo que “en el Código Penal actual existen algunas regulaciones previstas como ‘estrago’, pero son de ‘aplicación imposible como defensa de la propiedad’, ya que se enmarcan dentro de los llamados delitos contra la Seguridad Pública, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada”.
Las cámaras rurales denunciaron ataques a silos bolsa que ocurrieron en diferentes zonas del país y se quejaron por la falta de soluciones por parte de las autoridades políticas. Ante el reclamo patronal Massa como es habitual ofrece una propuesta de más mano dura.
Según el proyecto, se considerará delito cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño respecto de:
Granos, semillas y cereales en parva, gavillas, bolsas, silos, tolvas, tanques o unidades de almacenamiento, o de los mismos todavía no cosechados;
Bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados;
Ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados.
Leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio.
Alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados.
¿Cuáles son las prioridades oficiales?
En medio de la crisis la prioridad oficial es presentar un proyecto para proteger la propiedad privada de las patronales agrarias, un sector beneficiado en los últimos años. Sin embargo, nada se dice sobre los 12.500 millones de dólares que aún no vendieron los productores, según estimaciones del gobierno, a la espera de un dólar más alto. Durante el primer semestre la liquidación de divisas fue un 13 % menos que en el acumulado de los primeros seis meses de 2019. Un sector que especula y presiona por más devaluación, ¿por qué esto no se pone en discusión?
A pesar de la estafa de Vicentin al Estado con deudas millonarias, el Gobierno tampoco avanzó en el proyecto de expropiación.
Tampoco se conoce aún qué pasará con el impuesto a las grandes fortunas que el oficialismo afirmó que estaba listo su borrador, pero sigue sin presentarse.
Un proyecto de impuesto extraordinario a las grandes fortunas, como el que presentó el Frente de Izquierda, permitiría obtener recursos para un salario de $ 30.000 para los trabajadores precarizados, construir viviendas y comprar material sanitario. Es urgente una medida como esta cuando la crisis se profundiza.
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