En 1986 la lucha contra la dictadura estaba en un punto de inflexión. Tres años de jornadas de protesta nacional, fuertes movilizaciones de estudiantes, mujeres, pobladores, trabajadores y la sociedad en general, que exigían terminar con la dictadura cívico-militar.
Muchos hablaban del “año de la victoria” o "el año decisivo" donde finalmente se lograría derrocar a Pinochet y la dictadura.
Las movilizaciones nacionales se acompañaban de numerosas acciones locales: paros en universidades y liceos, marchas en centro, sitting, caceroleos, barricadas y quema de neumáticos en las poblaciones.
Los actores sociales que participaban de las protestas eran múltiples y los partidos políticos estaban reorganizando sus demandas y fuerzas. Como trasfondo, estaba la crisis económica que había golpeado al país desde 1982, con altos índices de desocupación y miseria, como también la rabia contra la dictadura y su secuela de temor, miedo y autoritarismo.
Mientras tanto, los partidos políticos estaban en pleno proceso de reorganización y renovación. Particularmente la Alianza Democrática se había fundado en 1983 con los partidos Partido Demócrata Cristiano, Partido Social Democracia, Partido Radical, USOPO y Democracia República, al que posteriormente se agregaron los sectores renovados del Partido Socialista y la Unión Liberal Republicana, que tuvo varios diálogos con el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa hasta 1984, donde la dictadura recrudece la represión, pero que participaría del Acuerdo Nacional para la transición plena a la democracia de 1985, donde ya se delineaba la futura transición pactada a la democracia.
En 1987 se termina, pero reaparece como Comando Nacional por el No en enero de 1988 y posteriormente como Concertación de Partidos por la Democracia.
La dictadura, continuaba con su política represiva contra las movilizaciones, aumentando durante estos años las detenciones, torturas, muertes y relegaciones.
Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana
Rodrigo nació en 1967 en Valparaíso, pero se fue a Canadá en 1976, mientras su madre Verónica estaba detenida por la dictadura, hasta que es liberada y ambos se reúnen en Estados Unidos.
Como muchos jóvenes en el exilio, Rodrigo participaba de las actividades de solidaridad con Chile y y otros países de América Latina. Siempre le gustó la fotografía y cuando vino a Chile pensaba retratar lo que sucedía en el país para luego sacar un libro de fotos, estaba además trabajando en una agencia internacional. El 1 de julio de 1986 participó de una actividad con estudiantes en la Usach. Tenía solo 19 años.
Carmen Gloria también nació en 1967 y tenía 18 años, estudiaba en la universidad que participaba, como tantos miles de jóvenes, en la lucha contra la dictadura, en las marchas y manifestaciones donde se luchaba para terminar con la represión, el horror y el autoritarismo. Recordemos además que las universidades estaban intervenidas, muchos estudiantes y profesores habían desaparecido, otros tantos expulsados, con carreras cerradas y la existencia de rectores delegados impuestos por la dictadura.
2 de julio de 1986
El 2 y 3 de julio de 1986 se había convocado a una nueva manifestación contra la dictadura cívico-militar, las que eran fuertemente reprimidas. Esa mañana cerca de las 8 horas, un grupo de jóvenes estaba por armar una barricada en la zona de Estación Central cuando fueron detenidos por una patrulla militar a cargo de Pedro Fernández Dittus, donde participaban civiles, suboficiales y soldados, que los persiguió y detuvo a Rodrigo y Carmen Gloria cerca de General Velásquez.
Fueron golpeados y maltratados, para posteriormente ser rociados con combustible y quemados vivos, sus cuerpos envueltos en frazadas y trasladados por los mismos militares a una acequia en las afueras de Santiago, en un sitio eriazo en Quilicura, donde fueron encontrados por trabajadores agrícolas que llamaron a la policía.
Desde ahí fueron trasladados a la Posta Central, donde Rodrigo fallecería pocos días después, el 6 de julio producto de las quemaduras. Su madre Verónica, pudo ingresar al país por mediación de Amnistía Internacional, la embajada de Estados Unidos y el Arzobispado de Santiago. Carmen Gloria sobrevivió con graves secuelas y un 68% de su cuerpo quemado, teniendo que enfrentar un largo tratamiento y varias operaciones.
La dictadura recurrió a los mismos montajes y mentiras de siempre, usando a los medios de comunicación y sus figuras para instalar la mentira que Carmen Gloria y Rodrigo trasladaban material inflamable y se prendieron fuego solos al volcarse encima este materia, siendo supuestamente apagadas por los militares. Esta es la misma dictadura asesina que sigue defendiendo la derecha en nuestro país. Esos son los responsables de violaciones a los derechos humanos que diputadas como Marisol Turres dice que son "pobres viejitos" que hay que liberar por razones "humanitarias".
Carmen Gloria Quintana relataría más tarde como sus ropas fueron empapadas de gasolina y prendidas fuego, mientras los militares festejaban y se reían. Años después daría el mismo testimonio de ese día, de haberse levantado temprano, del frío invernal y de la mañana nublada, de sus ganas de protestar contra la dictadura, cuando aparece la patrulla militar, que los detuvo y golpeó, insultándolos y amenazándolos y más adelante atentando contra sus vidas.
El juez Alberto Echavarría Lorca investigó los hechos en un primer momento, afirmando la declaración oficial de los militares y solo juzgando que no se les haya prestado ayuda, por lo que dejó libre a los acusados, mostrando también el nulo rol de la justicia. Inclusive los testigos que relataron los hechos fueron amenazados de muerte.
Posteriormente, en 1991 se culpa a Fernández Dittus de “negligencia” por no prestar ayuda médica; en 1993 Corte Suprema condene a Fernández Dittus a 600 días en prisión, una burla. En el año 2000 se ordena al Estado indemnizar a Carmen Gloria.
Fernández Lorca siguió siendo juez y Fernández Dittus solo pasó un par de meses preso. En 2006 el Colegio de Profesores organizó una manifestación para denunciar a Fernández Dittus como dueño de un colegio en Peñalolén. Hasta la actualidad, las organizaciones de derechos humanos y familiares, siguen luchando por justicia, como en tantos otros casos donde aun reina la impunidad.
A pesar que el año pasado un ex conscripto narró por primera vez los hechos reabriendo el caso, permitiendo que se procesara a 10 integrantes de esa patrulla militar, aun no hay ninguna condena efectiva. | 
