En una muestra de los intereses a los que verdaderamente representa, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires muestra su peor cara, y pretende dejar en la calle a 350 personas de las cuales 131 son niñas, niños y adolescentes. La diputada porteña del PTS en el Frente de Izquierda Alejandrina Barry, así lo denunció en su cuenta de Twitter.
En septiembre del año pasado ya habían resistido una amenaza de desalojo. Organizados en asambleas y con el apoyo de organizaciones barriales y de izquierda, pudieron sostener la que es su vivienda desde hace 18 años. Hoy, la justicia vuelve a la carga, con el objetivo de beneficiar a los especuladores inmobiliarios.
Estas familias vienen luchando para obtener el edificio que estaba vacío y sin uso en el año 2002, en plena crisis económica. Allí fue cuando lo ocuparon, y a lo largo de los años buscaron la manera de adquirirlo a través de créditos y gestiones con el Instituto de la Vivienda (IVC) que nunca les fueron otorgados. En el año 2010 el edificio fue subastado, pero a ellas y ellos los dejaron sin posibilidad. La venta se autorizó a Leonardo Ratuschny, empresario que se dedica a adquirir inmuebles a bajo costo y ponerlos en valor para emprendimientos inmobiliarios, por la insignificante suma de $1.555.000. Y a partir de allí, las amenazas de dejarlos en la calle no cesan.
La referente Susana Ordoñez, vecina de la Casa y miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos, declaró en los medios que “desde el día que resistimos al desalojo seguimos trabajando para encontrar una solución habitacional definitiva. Iniciamos un amparo colectivo y pedimos la suspensión del desalojo por 18 meses para trabajar en conjunto con el Gobierno de la Ciudad y de la Nación un proyecto que nos permita comprar el edificio y construir nuestras viviendas”.
Y continuó resaltando lo que significa esta decisión en un contexto de pandemia por COVID y endurecimiento de la cuarentena iniciado el 1 de julio, lo que hace aún más grave este intento de la justicia: “incluso en cuarentena estamos trabajando en esta perspectiva; pero de un día para el otro nuevamente el dueño, en complicidad con la Justicia, nos quieren dejar en la calle, en un contexto que como bien sabemos es sumamente delicado, ¿a dónde vamos a ir?”.
Quedan claras las prioridades del Gobierno de Horacio Rodriguez Larreta y la justicia. La especulación inmobiliaria y los negociados que se desprenden de ella, incluso en medio de una pandemia mundial, siguen siendo más importantes que las vidas de las familias trabajadoras y el derecho a una vivienda digna. Mientras en Puerto Madero o barrios como Palermo o Recoleta se siguen construyendo viviendas que están vacías para negocios inmobiliarios, miles siguen luchando por conseguir un techo.
Mientras tenemos que escuchar a funcionarios que de manera cínica y a través de los medios nos dicen que nos quedemos en casa, por atrás y en complicidad con la justicia, siguen intentando dejar en la calle a cientos de familias. Mientras tanto, los contagios y muertes por Covid crecen, y los ejemplos de personas que mueren en la calle expuestos a las peores condiciones son moneda corriente.
Es necesario que se solucione la situación de las familias de la Casa Santa Cruz, pero además hace falta un plan de viviendas urgente a nivel nacional, que atienda las necesidades de todas las familias trabajadoras, sobre todo de las más vulnerables que no cuentan con ingresos a veces ni siquiera para costear un alquiler, pero que día a día salen a la calle a buscar el sustento de sus familias.
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