En un dictamen que sienta precedente, el magistrado consideró que el Gobierno del Reino Unido ha reconocido "inequívocamente" a Juan Guaidó como "presidente interino constitucional" del país y es por tanto la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por él es la que tiene autoridad sobre las reservas.
Es más que claro que esta decisión del gobierno británico se enmarca en la continuación de los actos imperiales que se vienen desarrollando, donde con descarada prepotencia de estos países, deciden por cuenta propia quiénes son los representantes del país, y más aún determinar quienes administran los recursos propios del Estado venezolano. Esto se hace al mismo tiempo en que aplican sanciones económicas contra el país, buscando también repuntar la alicaída figura de Guaidó que pasa en su nivel más bajo en el plano nacional.
Si bien lo decidido por el Gobierno de Inglaterra no es algo nuevo y ya lo han hecho con respecto a otros países, lo que es claro es que un juez de la corona imperial británica decide quién es el Presidente de un determinado país, pareciera que se volviera a la época imperial inglesa del siglo XIX y buena parte del siglo XX.
Si no fuera por los más de un mil millones de dólares en oro, el asunto no pasaría de algo simbólico. De paso entregárselos a unos personajes que están llenos de escándalos de corrupción que han saltado en los últimos tiempos, justamente con los recursos que en teoría eran destinados para “ayuda humanitaria”. Por ejemplo, hay una gran interrogante sobre el manejo de Citgo y sus ganancias, y sin hablar de las cuentas líquidas confiscadas.
Si sobre el Gobierno de Maduro por supuesto pesa un gran cuestionamiento porque no existe la mínima transparencia de cómo administra los recursos por lo innúmeros casos de corrupción, y esto estando en el propio territorio nacional, objetivamente la falta de transparencia de los recursos que administra el sector de Guaidó, es incluso mucho más grande porque no hay organismos de control de ningún tipo que incluso los puedan auditar.
Si al pueblo venezolano no tiene posibilidades de controlar los recursos en medio de la corrupción imperante del Gobierno nacional, menos aún pueden hacerlo o mejor dicho imposible de ejercer control o ver si quiera cómo administra los recursos Guaidó, todos ellos en el extranjero. Además de la actitud imperial que se muestra con la decisión británica, esta se mezcla con una cancha abierta a la corrupción con los recursos del pueblo venezolano de manera impresionante.
Pero la cuestión de fondo no está en la preocupación de las potencias imperialistas de los usos del dinero, menos aún la cuestión de la corrupción. Si fuese por eso, alegatos tiene para no traspasar los recursos a Guaidó. El asunto central es la intromisión y la petulancia imperialista, determinando jurisprudencias supranacionales sobre otros países, cuando le convengan a sus intereses y apetencias políticas, acciones típicas de potencias dominantes.
Es de constatar que desde mediados del año pasado, Inglaterra actuó apropiándose del oro guardado en este país como parte de las reservas de Venezuela. Dicho oro no estaba depositado en Inglaterra como parte de alguna garantía de préstamo. Pero con la insolencia imperialista típica de los piratas ingleses, el Banco de Inglaterra tomaba esa decisión después de que altos funcionarios de EE. UU. “presionaran a sus contrapartes británicos” para que “ayuden” a cortar el acceso del Estado venezolano a sus activos en el extranjero.
Recordemos que la oposición de derecha, vía la Asamblea Nacional, realizó un pedido a mediados de enero del 2019 a 46 países, incluidos los 28 de la Unión Europea (UE), para que prohíban al gobierno de Maduro hacer uso de los fondos y activos que pertenezcan al Estado en esos territorios. Es decir, un llamado a la confiscación directa por parte de estos países, con Estados Unidos a la cabeza, de activos de la nación.
Estados Unidos venía de confiscar literalmente activos de Venezuela en territorio estadounidense, fundamentalmente la empresa Citgo, e incluyendo cuentas líquidas que le corresponden por soberanía al país. Esto luego que Washington impusiera sanciones a PDVSA que incluyeron el bloqueo de los fondos de Citgo, con el supuesto objetivo de “traspasarlos eventualmente a un nuevo Gobierno”. Citgo es una empresa venezolana que está valorada entre 8.000 millones y 13.000 millones de dólares.
De acuerdo al fallo, se determina quién es el Gobierno de Venezuela, al menos a los ojos de una potencia mundial. De allí que el despacho jurídico Arnold&Porter, en representación de Guaidó, se congratuló en un comunicado por “su éxito” y señaló que el derecho de este político "a actuar como presidente interino de Venezuela ha sido reconocido como legítimo por unos 60 países, incluido el Reino Unido". Pero es claro que no se trata de ningún “éxito” de alguna argucia de abogados, sino de decisiones políticas tomadas previamente por el Gobierno de Inglaterra, a la que el juez Nigel Teare no hizo más que acatar.
El Gobierno de Maduro había emitido una orden de transferir 930 millones de euros de las reservas de oro a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela. Eso al menos es lo oficial y reconocido. Pero el Banco de Inglaterra se negó a tal petición y sobre esto es que determinó el poder judicial inglés. Qué rumbo le dará a tan cuantiosa reserva de oro Guaidó, es lo que no se sabe.
Es de constatar que este fallo servirá también para “resolver” un pleito planteado por Deutsche Bank en 2019, sobre una decisión similar sobre 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro. Este caso era producto de un acuerdo de financiamiento firmado en 2016, donde Venezuela recibió un préstamo en efectivo de Deutsche Bank y depositó 20 toneladas de oro como garantía. El acuerdo, que debía expirar en 2021, el banco alemán lo “resolvió” compulsivamente anticipándose, debido a la supuesta falta de pago de intereses, cobrándose súbitamente antes del vencimiento y rematando el oro para ello, pero quedándose con el “vuelto” de 120 millones.
Una cuestión similar había realizado el Citibank cuando tomó control de toneladas de oro venezolano, luego de que el Banco Central de Venezuela (BCV) no recomprara el metal que garantizaba un préstamo, procediendo a venderlo y depositar el excedente en una cuenta bancaria en Nueva York que no controla el Banco Central. Por la operación acordada con Citibank en 2015, Venezuela debía pagar antes del 11 de marzo de 2019 la suma de 1.100 millones de dólares, de un préstamo total de 1.600 millones, para recuperar parte del oro en una recompra. Dónde están esos excedentes o qué uso se les dio es toda una “incógnita”.
Estamos así ante un acto más de prepotencia imperialista. Aquí no se trata de mayor o menor legitimidad del gobierno de Maduro y las Fuerzas Armadas, se trata de que una potencia imperial, en función de su parecer y sus intereses, se arrogue el derecho de definir quién es el gobierno de otra nación y de confiscar o arrebatarle recursos con argucias dizque “legales”. Actúa con su poder imperialista para favorecer a la fracción política que le simpatiza. Como hemos dicho en numerosas ocasiones desde este diario, quienes desde la clase trabajadora y desde la izquierda enfrentamos al gobierno hambreador y represivo de Maduro, condenamos y rechazamos también, totalmente, las agresiones imperialistas contra el país, y repudiamos a la oposición tradicional proimperialista que se hace parte de esas maniobras antinacionales. | 
