Dura ha sido la cuarentena para la clase trabajadora, donde el personal de todas las áreas productivas y de abastecimiento han sufridos fuertes consecuencias con 1.491.900 despedidos desde marzo y cerca de 700.000 trabajadores "suspendidos", tan solo en Chile. Una de estas labores, invisibilizada por la propia precariedad laboral y las dificultades para organizarse y luchar gracias a las imposiciones legales autoritarias presentes desde la dictadura y sostenidas por los posteriores gobiernos neoliberales, es la de las y los reponedores.
Por un lado encontramos a reponedores externos, donde una agencia los subcontrata para reponer sobre determinada marca como lo son por ejemplo: Carozzi, Luchetti, Nestlé, Watts, Agrosuper, Unilever, CCU, etc., para luego acudir a diferentes recintos del retail y así abastecerlos.
Por el otro están los reponedores internos, quienes son contratados para realizar labores en las múltiples cadenas, principalmente de supermercados, junto con ellos encontramos a los puestos de cajeros, bodegueros, recepcionistas y pasilleros, etc.
Cada vez con más urgencia sus sindicatos han exigido la redacción de protocolos minuciosos ante los peligros del COVID-19 en sus dependencias, para evitar el incremento de los contagios no solo entre ellos o sus familias, sino que con motivo de la protección a la salud de los clientes, y, como es de esperar, los empleadores lo han postergado o señalan haber otros en vigor, a pesar del creciente descontento en los trabajadores ante lo débil de las medidas tomadas, ya que que son ellas y ellos quienes conocen su lugar de trabajo más que las gerencias de estas empresas. Explican que no basta con la entrega a regañadientes de guantes o mascarillas.
Los problemas que han surgido no son menores, puesto que han sufrido modificaciones unilaterales a su contrato de trabajo y un gran número de abusos, como los cambios de horarios arbitrarios, pues ejercían sus labores normalmente entre las 7 a.m. hasta las 3 p.m., mientras que ahora les han obligado a rotar semanalmente los turnos, imponiendo una nueva la jornada que inicia a las 14 y termina a las 21 horas, generando incertidumbre en encontrar locomoción, forzando gastos extras en los trabajadores en taxis, o de otro modo caminar horas exponiendo su seguridad; además, en la cadena de supermercados SMU (Unimarc) ha implementado un nuevo reloj de control de la jornada mediante un huellero biométrico, lo cuál es ilegal al no ser sus empleadores directos y duplicar el registro, y mediante amenazas de prohibirles el ingreso obligan a los trabajadores que se nieguen a enrolarse; asimismo los reponedores ruteros, es decir, quienes visitan diferentes instalaciones durante el día, y mayores de 55 años han sido impedidos por la cadena Líder de ingresar a sus locales; en ambos casos, perderían la comisión que reciben por cada local al que acuden, reduciendo rotundamente sus ingresos; y no solo esto, pues Unimarc tampoco les ha concedido los permisos de amamantamiento a las madres con jornada completa que tengan hijas o hijos menores a los dos años de edad, por estar, según la empresa, "trabajando menos", aunque, claro... sin consultarles les cambiaron sus horarios.
Las y los trabajadores denuncian que han sufrido un aumento notable en los despidos, por lo que mediante la coerción generada al poner en juego sus puestos de trabajo se ven obligados a aceptar estas bochornosas condiciones, y sin nombrar aun sus bajos sueldos, que a duras penas superan el sueldo mínimo, y que tampoco es capaz de cubrir la canasta básica de una familia, dejando por la fuerza de la dictadura de los capitalistas, a miles bajo la línea de la pobreza.
No hay razón para que estas empresas del retail despidan, mantengan sueldos bajos o no dispongan de los mínimos gastos en la salud de los trabajadores y los clientes, puesto que sus ganancias han incrementado a cifras exorbitantes. Según las últimas cifras entregadas por el INE, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios corrientes aumentó un 10,4% en la región del Biobío en relación a mayo del año pasado. Otro dato relevante son las ventas corrientes solo considerando los meses entre enero y mayo, alcanzando 421.651.700.000 pesos, y aumentando en 43.360.000.000 respecto al mismo periodo de 2019.
A pesar, de la difícil situación que denuncian, no se han quedado de brazos cruzados y con la ayuda del Estudio Jurídico del Trabajador han constituido la Plurisindical del Biobío, en la cual se encuentran casi 60 entidades sindicales de distintos rubros y de funcionarios, siendo iniciada al calor de la revuelta con el objeto de coordinar respuestas obreras ante los ataques del empresariado que se fortalecieron a fines de 2019. Nueve de ellos pertenecen al de los reponedores tanto externos como internos.
Esta crisis la deben pagar quienes por años han saqueado nuestro trabajo y riquezas, el gobierno empresario no va a dar paso atrás en sus políticas neoliberales, tampoco el congreso que con sus leyes con letra chica y con el aumento de las medidas represivas a quienes se manifiestan por hambre acordadas por la derecha, la ex-Nueva Mayoría y muchas de las fuerzas que integran "Pliego Popular", que nos llaman a celebrar que se hayan bajado la dieta parlamentaria en 25%, pero siguen teniendo sueldos de gerentes ganando más de 7 millones de pesos, y continúan punteros en el ranking de los legisladores que más ganan en toda Latinoamérica. Esta casta no tiene soluciones para la clase obrera, por el contrario, sus intereses son los que adquieren como mercenarios al vender sus votos a las transnacionales o a las mismas empresas que explotan a miles de trabajadores del retail, es por esto que hay que retomar la consigna #FueraPiñera y luchar por una Asamblea Constituyente libre y soberana que decida, sin vetos de la institucionalidad burguesa vigente, sobre la totalidad de los asuntos a la que se quiera pronunciarse, y que no esté limitada por los poderes ya constituidos.
Las y los reponedores también son parte de la primera línea en la lucha contra el coronavirus, por su participación esencial en toda la cadena de suministros. Es necesaria la solidaridad del mundo obrero y popular con su justa causa, exigiendo en común el fin inmediato al subcontrato, la prohibición de los despidos, la apertura de los libros de contabilidad para que los grandes capitalistas dejen de falsear sus balances anuales moviendo sus capitales hacia paraísos fiscales, e impuestos de 20% inmediatos a los superricos. Es tarea de las organizaciones sociales, políticas y sindicales que dicen estar con el pueblo el convertir a las jornadas de protesta, como la que se convocó este 2 y 3 de julio, en gigantes ejes combativos de lucha para acabar con el hambre y la miseria. No hay más opción, no podemos seguir entregando nuestras vidas a costa de enriquecer a un puñado de holgazanes en la cúspide de la pirámide. |
