En 2019, el movimiento 20-32 cuestionó la política entreguista de las direcciones sindicales en Matamoros, imponiendo huelgas de hecho para defender sus derechos, pasando por encima de sus pro-patronales dirigentes.
La preocupación de los dirigentes de los sindicatos controlados por la CTM (el SJOIIM, el SITPME y el STIME), de verse rebasados en la región, los llevó a aceptar -después de oponerse con amenazas gangsteriles- las demandas de los obreros amotinados. Un movimiento espontáneo que amenazaba –potencialmente- el control corporativo de esta casta burocrática enriquecida en base a vender los contratos colectivos de trabajo de sus “representados.”
La conquista de una prestación decretada por el gobierno Federal (20% de aumento salarial y un bono de 32 mil pesos), pese a ser algo que no afectaba seriamente las grandes ganancias de los empresarios de Tamaulipas, mostró el temor de la burguesía fronteriza maquiladora, a que los trabajadores imprimieran a su movimiento una dinámica de lucha ascendente y fueran por más en aras de superar los miserables salarios que reciben.
Y es que la burguesía norteña veía en la movilización obrera una guerra declarada contra sus ganancias, por lo que cualquier demanda de aumento salarial, o resistencia obrera a una baja del mismo, implicaba un enfrentamiento entre al capital y los asalariados.
Y es que, como decía Carlos Marx en su famoso folleto “Salario, precio y ganancia”: “Una subida general del nivel de los salarios acarrearía una baja general de la cuota general de ganancia, pero no afectaría, en términos generales, a los precios de las mercancías”. Y que “La tendencia general de la producción capitalista no es a elevar el nivel medio de salario sino a reducirlo.”
Por ello el cierre de filas de las empresas maquiladoras, la mayoría transnacionales, para no conceder dichas demandas. En esta política, contaron con el apoyo del reaccionario gobierno empresarial del panista Francisco Cabeza de Vaca que está ligado por intereses personales económicos a la Coparmex, la Canacintra, y el Consejo Nacional de Maquiladoras en Matamoros.
Pero la preocupación de la burguesía de la frontera no era solamente económica, sino también política, pues un desarrollo mayor del movimiento lo habría llevado a plantearse objetivos superiores de organización sindical para mejorar su situación económica y laboral y contra los planes capitalistas. Ello implica luchar por recuperar los sindicatos que están en manos de dirigentes traidores, y darles un contenido combativo, rompiendo su ligazón con el régimen político propatronal. Es decir, un importante salto en su conciencia sindical, para organizarse políticamente contra la explotación capitalista.
¿Por qué ahora la detención-liberación de Susana Prieto y las medidas reaccionarias en su contra?
A más de un año de esa lucha y de la creación legal del Sindicato Nacional Independiente de Industrias y de Servicios Movimiento 20/32 -que impulsó y representa legalmente la abogada laboralista Susana Prieto- y pese a que el movimiento no avanzó en hacer reales los temores de la patronal fronteriza, éste se mantiene como una piedra en el zapato (o los bolsillos) de los empresarios de Tamaulipas.
Por su parte, si bien los principales sindicatos de la CTM en Tamaulipas se han reorganizado después de la movilización obrera del 2019, ante la entrada del Tratado-México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) el 1 de julio de este año, quieren asegurarse de que no habrá ningún obstáculo al control sobre los trabajadores en esta nueva era comercial.
En la patronal y el gobierno de Tamaulipas existe temor de que el movimiento 20 -32 se exprese nuevamente en las calles con la entrada en vigor del T-MEC. Qué otra explicación podrían tener si no, las anti constitucionales medidas restrictivas impuestas a la liberación de la abogada laboralista. Una “libertad” bajo arresto domiciliario, la garantía de no regresar al Estado de Tamaulipas y residir obligatoriamente en el Estado de Chihuahua; la prohibición de acudir a la Junta Especial número seis de la local de Conciliación y arbitraje en Matamoros; pagar una multa de 66 mil pesos a los funcionarios de la Junta Local “ofendidos”, y estar a disposición del Tribunal (cuando éste la solicite), así como abstenerse de viajar al extranjero, son medidas que tendrá vigencia por dos años y medio.
Con este golpe reaccionario a los derechos constitucionales de Susana Prieto, la patronal y el gobernador de Tamaulipas buscan atemorizar a los trabajadores, es parte de una ofensiva contra los mismos para evitar que se organicen en la lucha por sus derechos. Y es que quieren profundizar la explotación en base al outsourcing en las maquiladoras, el mismo que AMLO prometió acabar, pero después reviró para no chocar con los empresarios.Y aunque fue la justicia panista de Tamaulipas la que impuso estas medidas reaccionarias, el gobierno de la 4-T que se reclama “antineoliberal”, tendría que rechazar públicamente este ataque a las libertades individuales y al derecho de organización de los trabajadores por el gobierno panista y la patronal de Matamoros. No puede pretextar la soberanía de un gobierno estatal que viola la Constitución Federal.
La mejor manera de revertir este ataque a las garantías individuales de la abogada Susana Prieto, y de defender la organización de M- 20-32, es impulsar acciones de lucha coordinadas, en el camino de preparar un paro estatal de las y los trabajadores de Tamaulipas, convocando a la clase trabajadora de los estados fronterizos para unir fuerzas. Es necesario enfrentar unidos la ofensiva capitalista que se quiere profundizar con la entrada del T-MEC.
A este esfuerzo deberían sumarse las organizaciones obreras y populares del país que se reclaman democráticas. | 
