Este viernes Piñera promulgó la reforma constitucional que pone límite a la reelección de autoridades políticas, parlamentarios y otros cargos de elección, esta vez, sin considerar la solicitud expresa de Chile Vamos de aplicar un veto que iba en beneficio de la reelección de sus alcaldes.

El mismo día que se cumplía el plazo para que el ejecutivo ingresara un veto al proyecto que permitía excluir a los alcaldes para el periodo que viene, de manera tal de poder ser reelegidos varios alcaldes derecha que se les vencía el plazo, Piñera promulga la ley que limita el número de reelecciones, a pesar de la solicitud de Chile Vamos, de aplicar dicho veto presidencial.

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¿El argumento? “últimamente hemos observado un deterioro en la calidad de la política, un debilitamiento de algunas de nuestras instituciones fundamentales, y un distanciamiento entre los ciudadanos y la política” sentenció. Y esto es claro, no sólo por el contexto nacional previo a la pandemia que se caracterizaba por un enorme cuestionamiento al conjunto del gobierno y la clase política, sino también por la repulsión a la respuesta del gobierno ante el estallido popular. Ahora se le agrega el enorme cuestionamiento al gobierno en el manejo de la pandemia y la crisis económica, que ha cargado sobre los hombros de los trabajadores y los sectores más pobres la crisis y el hambre.

Consciente de este último punto, y en un intento por dar sentido de unidad con la oposición, es que esta acción busca desde el gobierno darle un guiño a la población, y a la unidad de los partidos del régimen que firmaron el nuevo pacto para enfrentar la crisis económica que vendrá a rescatar a los grandes empresarios a costa del endeudamiento del sistema público, el Estado.

Con un discurso democrático, Piñera alabó la oportunidad que viene a dar la ley, en tanto “permite una mayor igualdad para que todos los ciudadanos puedan postular a cargos de elección popular”. Y agregó que la ley viene a dar respuesta a una “amplia y profunda demanda de los ciudadanos por mayor renovación, mayor participación y por mayor transparencia en nuestra democracia”. Un gesto importante de un gobierno que se sabe débil, en un contexto de crisis ante el manejo de la pandemia y una rabia popular acumulada que no pudo ser superada desde el estallido. Una contra cara de discurso de “democracia” y “transparencia” luego de semanas de represión y militarización de las protestas, de persecución y violencia policial de la que se ha endurecido el gobierno con tal de acallar las resistencias y movilizaciones, aprovechándose de la pandemia para fortalecer la represión.

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