El intendente Clécio (PSOL-AP) de Macapá (capital del estado de Amapá) recurrió a la justicia de su estado contra la movilización de los funcionarios públicos y los profesores en huelga desde la segunda semana de abril, quienes frente a la intransigencia en responder a sus justas reivindicaciones ocuparon la sede de la intendencia para presionar por negociaciones serias y hacer respetar la Ley del Piso salarial establecida por el Ministerio de Educación.
Del mismo modo que el gobierno federal del PT y los gobiernos de diversos partidos burgueses, el intendente del PSOL accionó un recurso legal similar al que los banqueros, empresarios y gobiernos suelen usar contra los huelguistas, los legítimos piquetes y otros métodos combativos de lucha. EL intendente Clécio intimida a los huelguistas de Macapá con medidas que criminalizan su lucha y el legítimo derecho de huelga.
Los dirigentes del sindicato de los profesores retrocedieron y liberaron la ocupación de la intendencia el mismo día. Ahora decidieron presentar al gobierno municipal una “contrapropuesta” que rebaja el índice que reclamaban: del 13% al 8%. La acción intimidatoria del intendente contra los huelguistas está haciendo efecto, al menos entre los dirigentes sindicales pues queda claro cómo reaccionarán los profesores en huelga.
El uso de expedientes intimidatorios contra los huelguistas de parte del intendente de un partido que se reivindica socialista muestra cómo la intendencia se encamina a ser cada vez más parecida a los gobiernos del PT y de otros partidos, cuando de enfrentar huelguistas y luchadores sociales se trata. Esta situación ha servido a la derecha tucana (PSDB) para igualar al PSOL y a los “socialistas” con el PT, que miente y traiciona a los trabajadores y al pueblo, como viene declarando el diputado estadual Barros Munhoz del PSDB paulista en un video en la Asamblea legislativa paulista.
Frente a esta situación la Dirección Nacional del PSOL, reunida el último fin de semana en Brasilia, aprobó por mayoría una resolución con “consideraciones a respecto de la huelga de los profesores municipales de Macapá”, en la que justifican al intendente por no responder a las reivindicaciones de los trabajadores planteando que Macapá sería “una capital con pocos recursos” y no es posible garantizar “salarios dignos”. Exactamente, “consideraciones”, “justificativas” y no una firme decisión que obligase al intendente Clécio a responder a las demandas de los profesores y trabajadores públicos, tomando medidas económicas y financieras que tasen a los ricos, empresarios y a la casta política (concejales, secretarios y funcionarios de alto escalafón, etc.) para encontrar los recursos necesarios.
La resolución de la mayoría de la Dirección Nacional “considera legítima la huelga de los profesores” pero justifica y defiende a Clécio afirmando que “el gobierno municipal ha venido encontrando dificultades, de orden económico, para negociar la pauta de los trabajadores”. Aconseja al intendente “mantener el diálogo” con el sindicato de los huelguistas y la necesidad de “buscar soluciones posibles” para volver a la “normalidad”.
Sorprendentemente reconociendo la increíble disculpa del intendente Clécio en la que recuerda los “pocos recursos y la difícil gestión dentro de los marcos legales” para imponer un reajuste por debajo de la inflación, la Dirección Nacional del PSOL otorga la mayor responsabilidad a los “ajustes de Dilma y Levy” y no a Clécio. Como si estuviese esperando que Dilma y el PT “dejaran” de atacar a los trabajadores para poder gobernar de manera “legítimamente socialista”… respetando la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La solución “posible” para el intendente fue recurrir a la justicia y esta actitud antihuelga solo mereció de la Dirección Nacional del PSOL una tibia “crítica” y no una condena contundente y firme. La Dirección Nacional, en el afán de agradar al intendente, llega a “saludar la posición política” del intendente “que no accionó medidas jurídicas contra la legalidad de la huelga”, como si fuese razonable que un intendente del PSOL recurra a la justicia a exigir la ilegalidad de una huelga.
Las tendencias de izquierda del PSOL presentaron otra resolución, derrotada, apoyando la huelga de los profesores y trabajadores públicos, “solicitando” el “mantenimiento de los canales de negociación entre el gobierno y los huelguistas”, “condenando la adopción de medidas represivas que buscan criminalizar al movimiento (como las acciones judiciales y otras)” y en defensa de una “respuesta a sus justas demandas”.
Propusieron que la Dirección Nacional formase una “comisión para apoyar la huelga e interceder en las negociaciones”, lo que no difiere mucho de las declaraciones del mismo Clécio que dice estar en búsqueda de este “canal de diálogo”, pero por lo que se puede concluir de la resolución aprobada por mayoría ni siquiera esta mínima medida básica fue aprobada para ser implementada.
No deja de sorprender que en ninguna de las dos propuestas - de la mayoría y de las tendencias de izquierda – haya una condena cabal de la actitud del intendente Clécio que luego de más de un mes de huelga se mantiene intransigente ofreciendo apenas el 4% de reajuste frente a la reivindicación del 13% de los huelguistas, frente a los índices inflacionarios que tienden a aumentar, la desvalorización de la moneda y la caída del poder adquisitivo del salario.
Sorprende también que ninguna de las tendencias de izquierda proponga alguna medida efectiva para que el intendente garantice las reivindicaciones de los huelguistas, junto a un plan de recomposición salarial que acompañe la inflación y el “ajuste” de las finanzas de la intendencia, por ejemplo, con impuestos progresivos sobre las grandes fortunas y grandes propietarios; exención de impuestos para los trabajadores y el pueblo pobre; un proyecto de ley que recorte los altos salarios del intendente, secretarios y funcionarios públicos de alto escalafón para que ganen lo mismo que un profesor, agitando por todos los medios la necesidad de movilización de los trabajadores y el pueblo pobre de la ciudad para imponer la eliminación de los gastos y privilegios de representación de los concejales y políticos de la Cámara Municipal y que todos ganen el mismo salario que el de un profesor. | 
