La Asamblea de trabajadores de los Tribunales Administrativos de Faltas envió una nota al administrador de los tribunales, Juan Manuel Araóz, en donde solicitan que luego de más de cien días puedan volver a abrirse las oficinas ubicadas en la calle Avellaneda.
Mientras las autoridades ceden a distintas cámaras empresariales y comerciales para que se vayan abriendo distintas ramas de la economía, los tribunales están cerrados para sus trabajadores de planta permanente. Pero lejos de estar paralizados estas oficinas, el municipio avanzó con la contratación de 92 abogados bajo la figura de “Promotores de Convivencia”, pero que en los hechos funcionan como reemplazantes de los trabajadores de planta del municipio. Estos promotores, lejos de ser más “baratos” para las arcas del municipio, cobran por su monotributo, un sueldo superior a un trabajador con 5 años de antigüedad.
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Según señalan desde la asamblea “Mientras a nosotros/as se nos niega, de manera artera, el derecho a trabajar, a estos promotores se les permite ingresar al tribunal y hacer las funciones que le corresponde a nuestros compañeros/as inspectores/as, convirtiéndose esta en una actitud absolutamente discriminatoria.”
La estrategia del municipio, para intentar evitar el conflicto pasa por mantener al grueso de los trabajadores aislados entre ellos. Para eso no ahorra recursos llegando incluso a pagar alquileres millonarios para sacar oficinas del palacio municipal. Sin embargo, los municipales, el último viernes hicieron una gran demostración de fuerzas con el corte de los accesos al centro de la ciudad.
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Junto al pedido de la elaboración de protocolos y el rechazo a los promotores de convivencia, la asamblea exige la restitución de la bonificación prevista por ordenanza en sus tareas, y que fue eliminada en el marco del ataque de conjunto hacia los municipales. | 
