Es por el reclamo de los fondos Attestor Master Value y Trinity Investments que compraron los bonos en 2014 a bajo precio. Corresponden a papeles que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, ni llegaron a un acuerdo con Macri. Cría buitres y te sacarán los ojos.
La jueza Loretta Preska, de Nueva York, sucesora de Thomas Griesa, le ordenó al Gobierno que pague U$S 224,2 millones a dos fondos de inversión que permanecían en default desde 2001, no ingresaron a los dos canjes de deudas que ofrecieron los gobiernos kirchneristas en 2005 y 2010, ni alcanzaron un acuerdo en 2016 con Mauricio Macri.
Se ratificó la exigencia de los fondos Attestor Master Value (por U$S 67,9 millones) y Trinity Investments (U$S 156,3 millones). No se puede apelar porque a esta suma llegaron a través de un acuerdo entre los estudios de abogados que defienden al país y los fondos de inversión.
Los bonos se emitieron en 1997 y 2001, pero los fondos buitres Attestor Master Value y Trinity Investments los compraron en 2014 a bajo precio, cuando la Argentina ya había pasado por el default de 2001 y las renegociaciones de deuda de 2005 y 2010.
Durante el Gobierno anterior en los primeros meses de gestión se pagaron U$S 9.300 millones a parte de los holdouts que tenían todavía deuda en default de 2001. Para hacer frente a los primeros compromisos, se emitieron los bonos Globales, que en la actualidad Guzmán pretende reestructurar.
Con esa suma el juez Thomas Griesa levantó las medidas cautelares y habilitó que Macri con el apoyo del peronismo en el Congreso, pague una suma millonaria a los especuladores. Pero, a pesar del pago aún quedaban demandas por bonos que tienen un valor nominal de menos de U$S 250 millones, entre ellos, los de Attestor Master Value y Trinity Investments.
¿Por qué se decide en Nueva York que Argentina tiene que pagar una suma millonaria a los especuladores? Porque en muchas de las emisiones de deuda en moneda extranjera los gobiernos argentinos aceptan la prórroga de jurisdicción. Esto quiere decir que ante cualquier litigio se concede que quien dirima sea un juez de Nueva York o, de Londres.
En febrero de este año el Congreso autorizó que el ministro Guzmán para que establezca la prórroga de jurisdicción en la oferta en curso para reestructurar la deuda. También se hizo en el canje de 2005 de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna, lo que permitió al fallecido juez neoyorquino, Thomas Griesa, trabar los fondos argentinos en 2014.
La prórroga de jurisdicción es un requisito que establecen los fondos especulativos, una práctica que se extendió durante el neoliberalismo y que Argentina incorporó en su legislación a partir de las dictaduras de Juan Carlos Onganía y la última dictadura genocida. Se trata de una cesión de soberanía.
La deuda es un mecanismo de dominación de los centros financieros imperialistas sobre las economías dependientes y atrasadas como es la Argentina.
A pesar de los pagos millonarios que se hicieron en los últimos años la deuda no paró de crecer. El Gobierno de Alberto Fernández está dispuesto a pagar sin investigar la estafa del gobierno anterior, cediendo a las exigencias de los bonistas como se vio en la última oferta de Guzmán que aplauden desde Cavallo a “Toto” Caputo.
Es necesario el desconocimiento soberano de la deuda, que tiene que ir acompañado de medidas como la nacionalización de los bancos y el comercio exterior.
