Pasó del 38 % al 45 % entre diciembre de 2019 y abril. El Gobierno reflota políticas asistenciales mientras recorta el IFE. La izquierda propone salidas de fondo.
Según un estudio del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza creció un 7 %: trepó del 38 % a fines del Gobierno macrista, al 45 %. Además se duplicó la cantidad de personas que no cubren la canasta básica de alimentos.
“Las últimas proyecciones que hicimos nos están dando 45 % de población en situación de pobreza a fines de abril", dijo al los medios el titular del organismo, Agustín Salvia.
“Ha aumentado la pobreza y la desigualdad en la Argentina”, aseguró este martes el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo en una entrevista a Infobae. "En septiembre el Indec va a dar el índice de pobreza al 30 de junio y sin dudas va a dar un aumento porque subió el costo de los alimentos y porque mucha gente no solo que no tiene changas y tiene menos ingresos, también está endeudada”, detalló.
En estos primeros meses de pandemia el Estado puso fondos para evitar protestas del hambre y conflictos laborales. Sin embargo, la pobreza crece y la crisis amenaza con agravarse. Mientras ya pagó más de 5000 millones de dólares de deuda externa en lo que va del año.
Según explicó Daniel Arroyo el Ministerio de Desarrollo "tiene dos pilares: Argentina contra el hambre y Potenciar Trabajo”.
El Plan Argentina contra el Hambre fue una política que el Gobierno puso en marcha recién asumido, en diciembre de 2019. Fue la respuesta inicial al drama de los 16 millones de pobres que dejó el macrismo, a través de una tarjeta que solo permite comprar alimentos. Actualmente establece un monto de 4000 pesos mensuales para quienes tienen un hijo y de 6000 para quienes tengan dos o más. Está destinada a beneficiarios de la AUH con hijos de hasta seis años, beneficiarias de la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciban la AUH.
“Empezamos con la tarjeta alimentaria y en el medio nos agarró la pandemia. No pudimos volver a reunirnos pero lo vamos a hacer. Hoy estamos asistiendo con alimentos a once millones de personas”, se excusó Arroyo.
La creación del Programa Potenciar Trabajo consistió en la unificación de dos políticas de asistencia social que ya existían, Hacemos Futuro y Salario Social complementario. “Es microcrédito y crédito para máquinas y herramientas, para quienes tienen planes sociales y para quienes no lo tienen", explica Arroyo en el sitio del Ministerio.
El salario social complementario está en $8.500. “Quienes reciben hoy los planes Hacemos Futuro y Salario Social Complementario perciben la mitad de un salario mínimo”, informaba Página/12 en febrero de este año.
El Gobierno nacional anunció que destinará a este plan 2.273 millones de pesos en los próximos 10 meses. Como para tener una medida de qué tanto es esto: solamente en mayo se pagaron intereses de deuda por 58.000 millones de pesos (U$S838 millones) ¿Prioridades?
Con Potenciar Trabajo se busca dar respuesta en las provincias que empiezan a reactivar su economía y que dejarán de recibir el IFE de $10.000. Según cálculos de La Izquierda Diario, con el recorte que se aplicará a esta política, 4,5 millones de familias dejarán de cobrarlo. Mientras programas que asisten empresas como el ATP se mantienen, el IFE solo se seguirá entregando en el AMBA, Chaco y algunas localidades de Neuquén y Río Negro.
Como parte su política, en junio el Gobierno entregó un bono de $3000 a beneficiarios de planes sociales como la AUH que no recibieron el IFE. “Según consignaron a Infobae allegados al ministro de Desarrollo Social, el bono adicional de $3.000 se aplicará este mes con el salario social de $8.500. Así, 350.000 beneficiarios recibirán este mes un total de $11.500”, informó el medio citado.
Salida de fondo
Este martes además se anunció la apertura del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Según explicó a Télam el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena, el objetivo del registro es "visibilizar" este universo de la población económicamente activa, que equipara en número a los 6 millones de trabajadores del sector privado formal y que duplica a los 3 millones de empleados del ámbito público.
¿Es posible que estos números de informalidad, precariedad y pobreza hayan tomado por sorpresa al Gobierno con la llegada de la pandemia? En estudios anteriores, la UCA señala que “durante el período 2010-2019, los indicadores sociales muestran la persistencia de altos niveles de pobreza y desigualdades estructurales".
Ante problemas estructurales que ningún gobierno resuelve, las políticas que impulsa el oficialismo son un rediseño de la asistencia social preexistente. Esto alivia los bolsillos populares pero alcanza para pocos días. La crisis avanza, las empresas amenazan con más despidos y se prevé que el PBI caiga un 10 %.
Una salida de fondo para los sectores sin empleo y los más precarios, podría alcanzarse por ejemplo, a través de un plan de obras públicas paraconstruir las viviendas y los hospitales que hacen falta para enfrentar la pandemia. De esta manera se podrían crear puestos de trabajo genuino, con un salario de cuarentena de $30.000 y derechos para todos. Los fondos podrían obtenerse del no pago soberano de la deuda externa y la creación de un impuesto a las grandes fortunas como el que el Frente de Izquierda presentó en el Congreso. El Gobierno y la oposición mayoritaria se niegan a debatir este proyecto.
