Se conoció el último informe de Amnistía Internacional sobre el acceso a los servicios básicos de acceso a derechos. En la Argentina el 30% de las jóvenes que dejaron de concurrir al secundario lo hicieron por embarazo no deseado o maternidad. La idea de analizar esta problemática se da en el marco de la campaña “Son niñas, no madres”.
En nuestro país, las estadísticas ya reflejaban cifras alarmantes antes de la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19. Algo que, con el aislamiento social preventivo y obligatorio, recrudeció también alrededor del aumento de la violencia machista en todos sus niveles, incluso en el más extremo como es el femicidio.
En su informe Amnistía advierte: “La crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha agravado aún más esta situación, intensificando los riesgo y desigualdades para la salud y el futuro de las niñas latinoamericanas”.
El acceso a derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva son de tal magnitud que esta ONG señala “En la Argentina, en mayo de 2020, se le negó el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña de 12 años de Santiago del Estero, quien enfrentaba un embarazo forzado producto de una violación. El sistema provincial de salud cometió numerosas irregularidades, impidiendo el acceso al aborto legal en tiempo y forma”.
Por su parte, un informe de Unicef señalaba que “en el año 2017 una adolescente daba a luz en nuestro país cada seis minutos. Siete de esos 258 partos diarios aproximadamente 2,7%) correspondían a niñas menores de 15 años que, en el 70% de esos casos, no deseaban ser madres".
Diferentes investigaciones demuestran que las relaciones sexuales que dan lugar a los embarazos de niñas entre los 10 y 14 años, son generalmente, producto de encuentros con varones más grandes, y en no pocos casos se trata de adultos dentro de un contexto de abuso sexual.
El embarazo no deseado en adolescentes deja en evidencia algunos aspectos que llevan a que estas jóvenes, producto de la gestación deban abandonar su escolaridad. En primer término la ausencia de educación sexual adecuada, la dificultad para acceder a métodos anticonceptivos, o la opción de abortar, si lo desean, de forma legal, segura y gratuita.
Amnistía señala en el mismo informe que: “la salud de miles de niñas de Latinoamérica está en riesgo a causa de la violencia sexual y la falta de protección de los Estados”. Recordemos, que producto del aislamiento social, el acceso a métodos anticonceptivos tuvo un retroceso importante.
Como mencionábamos en esta nota, “el Guttmacher Institute (un centro de estudios especializado en derechos reproductivos) calculó que una caída de solo el 10 % en el uso de anticonceptivos reversibles a corto y largo plazo, “daría como resultado que 49 millones de mujeres verían insatisfecha su necesidad de anticoncepción moderna en países de ingresos bajos y medios". Esa cifra se sumaría a los 232 millones que, por falta de acceso o información, no utilizaban métodos (antes de la pandemia) anticonceptivos para evitar embarazos no deseados”.
Que el 30% de las adolescentes abandonen el secundario por embarazos no deseados puede transformarse en el primer paso de un largo camino de desigualdades. El déficit en su educación las llevará, seguramente, a acceder a trabajos precarios, con sueldos muy bajos y no registrados. Es posible que continúen sin una obra social y por tanto sin el correcto acceso a la salud.
Por eso conocer esta realidad es de relevancia, ya que es importante contar con un conjunto de políticas públicas que apunten a prevenir estas situaciones. En primer término garantizando la aplicación de los contenidos de educación sexual en todos los colegios a través de la ESI. La adhesión, con cumplimiento efectivo, del protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Sobre todo en un contexto de aislamiento en donde los casos de violaciones o abuso sexual por parte de familiares quedó en evidencia con los casos de niñas embarazadas de los que tomamos conocimiento en los últimos meses.
Acceder a educación sexual y métodos anticonceptivos es parte integral de los derechos sexuales y reproductivos. No establecen cuándo una mujer debe ser madre o si debe o no serlo, sino que garantizan la posibilidad de decidir. | 
