El origen del día y el rechazo del imperialismo norteamericano

El día 11 de julio de 1971, el Congreso Nacional de Chile aprobó la Ley N° 17.450 sobre la nacionalización del cobre. El presidente de ese entonces, Salvador Allende, ante un numeroso público, proclamó la Ley en la Plaza de los Héroes de Rancagua y le llamó Día de la Dignidad Nacional. Era parte de su programa de la vía chilena hacia el socialismo.

Basado en una negociación con las empresas mineras que nunca se logró cerrar. El proyecto original contemplaba la no indemnización a las corporaciones estadounidenses, hasta entonces co-propietarias de los yacimientos. Una vez modificada la Constitución de 1925, se declaró en ella el dominio minero patrimonial del Estado, con el objetivo de utilizarlo para reformas sociales.

Pero tras este hecho, se agravaron las medidas de coerción y estrangulamiento económico que ya imponía Estados Unidos sobre Chile tras el triunfo de la UP en las elecciones, llevando al gobierno chileno a buscar un arreglo que alivianara el bloqueo económico del que era objeto. Ofreció negociar las indemnizaciones, en circunstancias donde no tenía voluntad de hacer concesiones y tampoco se lo permitían factores de política externa y restricciones constitucionales.

Estados Unidos, en defensa de sus inversionistas, se rehusó a discutir cualquier otro tema que no fueran las indemnizaciones. Entre 1972-1973 hubo cuatro rondas de conversaciones reservadas que terminaron en un total fracaso. Ambas partes se entramparon en sus propios argumentos, basados en una férrea defensa de principios, en divergentes interpretaciones del derecho internacional y en desacuerdos sobre los temas de la agenda.

“Experiencia histórica y estratégica”

En este contexto de aniversario, Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido Comunista, sostuvo que la nacionalización del cobre es un tema de presente y de futuro para Chile. Según él, el aniversario representa una “experiencia histórica y estratégica” para la política chilena. Destaca que hubo un acuerdo unánime en el Congreso en 1971 y que hasta el día de hoy el cobre permite obtener divisas y alimentar sus arcas al Estado para los limitados servicios sociales que hay en Chile.

Destaca el discurso de Allende ante la ONU: “un estadista, se demostró su vocación democrática, también proyectó lo que veía venir: dijo que el imperialismo irá contra el pueblo de América latina. En contra de los procesos emancipadores, en contra de la democracia”.

Lo que muestra precisamente la experiencia de los 70’s en Chile es que la democracia tiene un carácter de clase. Que las Fuerzas Armadas son leales al Estado capitalista chileno y que por ese medio se ubicaron a favor del imperialismo en el plano nacional.

Los llamados de Allende a denunciar el golpismo de EEUU no correspondían a una estrategia de ruptura definitiva con el capitalismo, producto de su política inmediata de negociación con las corporaciones (creyendo que éstas podían llegar a acuerdo) y en su política de limitar la expansión del Área de Propiedad Social.

Tras 100 días de proceso político en Chile Allende se apoyó en las instituciones pre- existentes del Estado. Esta estrategia de conciliación le costó caro a los miles de trabajadores que, desde sus fábricas, poblaciones y campos luchaban por un por un Chile socialista, pero que no pudieron defenderse ante un golpe que estaba anunciado desde octubre de 1972.

El PC, antes de la caída de Allende, en plena agitación social revolucionaria de los trabajadores en Santiago y el país, se encontraba agitando “la paz” con todos los sectores sociales. Y destacan el “valor” de Allende, a pesar del fracaso estratégico de su gobierno.

El saqueo actual y la vigencia de la renacionalización del cobre

El PC, hoy, plantea que la fórmula económica para combatir los efectos de la crisis económica y de la pandemia es el endeudamiento del Estado. No obstante, hay que "echar mano" a la historia. Ella dice que todos los procesos de endeudamiento estatal han redundado en un saqueo a las nuevas generaciones de trabajadores y a las anteriores que se sumen en una vejez precarizada.

Es el caso del Chile de 1950, cuando tres gobiernos consecutivos aplicaron planes de ajuste que bajaron el salario y también privatizaron expandiendo el sector privado en al economía. A fruto de eso, EEUU ingresó con mayor fuerza como capital monopólico en el cobre hacia 1970.

El recurso estratégico de Chile fue privatizado en tiempos de dictadura militar y fue vendido al mejor postor por los gobiernos de la ex Concertación. El 71% de la producción minera total del país es privada. El royalty (impuesto a la actividad minera) recauda solo un 0,7% de los ingresos fiscales totales. Las empresas mineras sólo aportaron 3,7 mil millones en impuestos, lo que equivale a un 7% de los ingresos fiscales del país. La riqueza regalada a las 10 grandes empresas privadas de la minería a través de rentas económicas se estima en 150 mil millones, en los últimos 15 años.

Entre 2007 y 2017, el Estado de Chile regaló a la minería privada del cobre un total de 120 mil millones millones de dólares en ganancias netas, según un estudio de economistas.

Y ese estudio sólo consideró a las primeras diez grandes empresas multinacionales: Anglo American Sur (cuya filial es Londres), Mantos Copper (otra firma británica), Los Pelambres (Antofagasta Minerals posee un 60% de esta empresa, y un 40% pertenece a capitales japoneses), Candelaria (Canadiense), Quebrada Blanca (20% japonesa), Escondida (60% de BHP Billiton, australiano-británica), Collahuasi Anglo (44% de Anglo American, 44% de Glencore con filial en Suiza, 12% Japonesa), Cerro Colorado (de propiedad de BHP Billiton), Zaldívar (50% Antofagasta Minerals y 50% Barrick Gold la empresa minera multinacional más grande del planeta) y El Abra (51% de la norteamericana Phelps Dodge).

El mismo estudio dice que, si esos 120 mil millones de dólares no se hubieran repartido entre los accionistas extranjeros y se hubiesen ahorrado por el país e invertido como fondos soberanos, hubieran rentado un flujo anual equivalente a casi todo el gasto público en salud. Pudiendo haber multiplicado por dos toda la red asistencial para enfrentar la crisis económica que se inicia desde 2008 y que siempre los gobiernos trataron de paliar con bonos a los trabajadores e inyección a empresas privadas, pero conservando el mismo esquema de saqueo de las multinacionales.

Es necesario renacionalizar el cobre, expropiando a los capitalistas multinacionales imperialistas, poniéndolo a producir bajo control y gestión de sus trabajadores. En base a una empresa nacional estatal del cobre que ponga por delante el progreso material de los trabajadores y sectores populares del país y que, también, permita un desarrollo sustentable y menos contaminante de la actividad.

Esta nacionalización requeriría de la lucha de los trabajadores de Chile y tener claro que los empresarios defenderán sus ganancias con las armas en mano, como lo hicieron en 1973, porque hay intereses creados, mayores que antes.

Ahora bien, para sacar al país de los efectos de la recesión económica global, la renacionalización es insuficiente. Se requiere de un plan productivo mayor. La única manera de reactivar la economía al servicio de las mayorías, para poder ocupar estos recursos, es conquistar con la fuerza de los trabajadores un plan de obras públicas que expanda el sistema de salud, cree viviendas sociales y active empresas expropiadas que despidan.

En este plan, las horas de trabajo deben ser repartidas entre ocupados y desocupados, asegurando un sueldo mínimo de 500 mil pesos chilenos. Este plan requiere la nacionalización de los recursos naturales como el cobre o el litio, que permitirían invertir recursos en reactivación productiva, la construcción de nuevas empresas estatales que reconviertan la producción hacia las necesidades de alimentación y salud.

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El cobre para Antofagasta

Si utilizamos el caso de Antofagasta, la comparación entre las ganancias y el bienestar social de los trabajadores puede resultar escalofriante. La ciudad y la región son conocidas por sus altos índices de despidos, desempleo, pobreza y marginalidad habitacional.

Su población llega casi a los 400 mil habitantes. En el año 2002 se registró que los pobres sobrepasaban el 13% de la población, a pesar de que son una región que representa un 8% del PIB. El 60% de esa actividad la representa la minería.

Las ganancias totales de minera Escondida (BHP Billiton), según el indicador financiero Ebitda*, equivalen a 3 mil 900 millones de dólares. Esta cifra equivale a una renta de 500 mil para 1,7 millones de trabajadores (y por nueves meses). Con un 20% de impuestos sólo a las ganancias anuales de Escondida se podrían cubrir a la totalidad de la población trabajadora de la región de Antofagasta con un sueldo mínimo de 500 mil pesos.

Por último, en sus reportes recientes la minera dice que ha dado una ayuda de 210 millones de pesos para combatir la pandemia (miserables), es decir han entregado el 0.00001% de sus ganancias anuales.

*El Ebitda es un indicador financiero. Se calcula a partir del resultado final de explotación de una empresa, sin incorporar los gastos por intereses o impuestos, ni las disminuciones de valor por depreciaciones o amortizaciones, para mostrar así lo que es el resultado puro de la empresa. Por lo tanto, los elementos financieros (intereses), tributarios (impuestos), externos (depreciaciones) y de recuperación de la inversión (amortizaciones), deben quedar fuera de este indicador. El propósito del ebitda es obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo de su negocio.

Bibiliografía: