En la Constitución Política del Estado se reconocen varios derechos fundamentales, entre los que se encuentra, el derecho a la educación establecido en el art. 17 del principal cuerpo normativo del Estado, veamos que dice este artículo:
Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral, e intercultural, sin discriminación.
El lector notará de forma clara y vívida que muchos derechos y el derecho a la educación en este caso, pertenece al mundo de la letra muerta de las normas, y aquellos lectores tienen razón, pero para realizar tal afirmación, adquiere suma importancia nutrirnos de elementos que demuestren lo señalado.
En este escenario de coronavirus, se ha podido notar, que el Estado boliviano ha sido construido sobre cimientos deleznables, el sector de salud ha colapsado, se vive una crisis económica que tiende a profundizarse y esto afectará a los sectores más vulnerables de la población, este contexto ha permitido que salga a flote la maltrecha situación del sistema educativo.
De acuerdo a la declaración del ex ministro de Economía, José Luis Parada, el Estado presupuestó para al sector de educación una inversión pública de 1.397 millones de bolivianos, los gobernantes se vanaglorian señalando que le dan prioridad al sector de salud y educación, ya que porcentualmente son los sectores que más ingresos perciben del Presupuesto General del Estado (PGE), no obstante, esos recursos o están siendo mal utilizados o son absolutamente insuficientes, es más, en estos tiempos de pandemia se mantiene lo establecido en el PGE para la gestión 2020, no obstante, la emergencia sanitaria demanda que se inviertan muchos más recursos en el sector de educación y salud, pero el gobierno destina recursos extraordinarios al sector represivo del Estado, como se puede advertir en el Decreto Supremo 4253 que le asigna más de 24 millones de bolivianos a la policía.
Como si esto no fuera suficiente, sorprendentemente en el Decreto Supremo 4260 referido a la educación a distancia y virtual se establece que, “La implementación del presente Decreto Supremo no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación – TGN”, es decir, que para la implementación de las plataformas virtuales para colegios fiscales el Estado no invertirá ni un peso.
Para el gobierno y su refractario ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, las principales preocupaciones, no son; ni la calidad educativa, ni la universalidad del acceso a la educación, menos el mejoramiento de las condiciones del derecho fundamental a la educación. La principal preocupación que aqueja al ministro de Educación es que los dueños de colegios privados, los que lucran con la educación y los que la consideran una mercancía, pierdan lo mínimo posible, claro está, a costa de los alumnos, a costa de los padres de familia, a costa de los maestros, a costa de la calidad educativa que nunca existió en nuestro país.
El gobierno ha emitido el decreto 4260 que tiene por objeto reglamentar la educación a distancia y virtual, en este decreto se establece la “complementariedad” de las modalidades de educación mientras la pandemia continúe, estas son: 1) la modalidad presencial, 2) la modalidad a distancia, 3) la modalidad virtual, 4) la modalidad semipresencial, empero, esta complementariedad nunca se ha podido materializar, Víctor Hugo Cárdenas como representante del Estado ha incumplido la constitución política del Estado en su art. 77 que dispone que el Estado tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla y en el art. 82 se establece que el Estado debe garantizar el acceso a la educación.
En los hechos se han reducido a las modalidades a distancia y virtual, claro está, para los que tienen los recursos para acceder a ellas, tomando en cuenta que para el servicio de internet se debe cancelar un elevado monto, recibiendo un pésimo servicio.
Otra es la situación de los colegios fiscales, que están prácticamente condenados a no recibir formación educativa mientras dure la pandemia. En este mismo sentido, como señalábamos líneas arriba, el Estado no empleará ni un peso en el cumplimiento del Decreto Supremo 4260, vulnerando nuevamente la Constitución en su art. 77 donde se establece que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado.
Por otro lado, el Ministro de Educación, el pasado 24 de junio, anunció que los porcentajes de rebaja que se deben aplicar a los colegios privados, son entre el 6% y 28%, con las variantes de la cantidad de número de alumnos y si estos colegios cuentan o no con plataformas virtuales, aquellos colegios particulares que no cuenten con plataforma virtual deben implementarlas en el plazo no mayor de 15 días.
Es decir, lo que el ministro nos dice, es que si unos padres de familia, haciendo un sacrificado esfuerzo para pagar la colegiatura de sus hijos, erogan la suma de 500 Bs. por concepto de pensión escolar, contando que el colegio tenga 1000 alumnos y además cuente con plataforma virtual, tendría que cancelar la suma de 450 Bs., es decir, una rebaja parca de 50 Bs.
Peor aún, tomando el caso anterior, donde los padres pagan 500 Bs. de pensión, en un colegio de 1000 alumnos, pero sin plataforma virtual, lo que quiere decir, sin pasar clases virtuales y sin recibir la instrucción que buscaron para sus hijos, los padres de familia tendrían que pagar la suma de 425 Bs., esto sin recibir ningún tipo de servicio.
Está por demás señalar quienes son los únicos que ganan con las políticas implementadas por el gobierno de Jeanine Áñez. He aquí la universalidad en educación que promueve este gobierno.
Asimismo, el 7 de julio se presentó el calendario escolar “ajustado” que impone retomar las actividades escolares el 17 de este mes para concluirlas el 22 de diciembre, este reglamento señala que la unidad educativa debe elegir la modalidad establecida en el Decreto Supremo 4260, lo que quiere decir, que el ministro pretende que los colegios fiscales, que en la mayoría de los casos no cuentan con medios y recursos para acceder a una de esas modalidades, sean arrojados al caudal de lo posible, y esto provocaría un ausentismo escolar a gran escala.
Ante este escenario, la autoridad gubernamental esquiva la mirada para referirse a las condiciones de los colegios fiscales y a la educación especial, que, desde luego, están bajo su tuición. El Estado como financiador de los colegios fiscales tiene la obligación de sostener, gestionar y garantizar la educación, sin embargo, el ministro de Educación, invisibiliza a la gran mayoría de la población estudiantil (88,54%), que representa más de 2 millones y medio de escolares en el sector fiscal, según datos del Ministerio de Educación.
Estos niños y jóvenes están condenados por el Estado mediante su gobierno a no recibir una educación gratuita, universal, de calidad, toda vez que el gobierno invierte sus energías en reprimir a los sectores sociales e incrementar extraordinariamente los recursos para la policía y fuerzas armadas, y que sean empleados contra los sectores que osan protestar por el derecho a la vida, salud y educación.
En las condiciones actuales de las víctimas de este sistema educativo son los maestros, padres de familia y estudiantes.
Respecto a los primeros, hemos recolectado un testimonio correspondiente a una profesora que trabaja en un colegio particular de la ciudad de El Alto, quien prefirió reservar su identidad, ella considera que; “Uno de los problemas principales es el desconocimiento de la existencia de las plataformas virtuales, el manejo y uso de ellas, dificultades que se hicieron evidentes tanto en los docentes como en los estudiantes, que tuvieron que aprender a manejar las plataformas con tutoriales de forma autodidacta” acota que “solamente el 60% de los estudiantes de su asignatura se conectan de manera regular por la plataforma y que el 40% restante no se encuentra registrado, y que esto se puede deber a que muchos padres de los estudiantes son comerciantes y que durante todo este confinamiento no salieron a trabajar y que lastimosamente necesitan la ayuda de sus hijos para atender sus negocios en los horarios en los que programan sus clases en línea”, en cuanto a la calidad señala que actualmente existe “menos participación e interés que antes”.
También accedimos al testimonio de una madre de familia que opina sobre la calidad educativa y la modalidad virtual que se viene implementando y señala lo siguiente: “A mí no me parece, no están avanzando como antes, mi hija por lo menos no está aprendiendo nada”, asimismo considera que “hay plataformas que aún no pueden utilizar, los gastos en la compra de megas implican otro presupuesto adicional”, señala que “ahora las tareas son para ellos y eso la tiene afanada y sin tiempo de nada”.
En estas líneas hemos intentado condensar algunos elementos que nos permite afirmar que el Estado, su gobierno y la autoridad encargada en educación, vulneran el derecho fundamental a la misma, que este derecho fundamental solo sirve de decorado jurídico a una realidad injusta y discriminadora, que la educación en Bolivia no es gratuita, de calidad, y sin discriminación, que el Estado no ayuda al acceso a la educación de los estudiantes con menos posibilidades económicas, como señala el art. 82.
Si el Estado y sus gobernantes tendrían que ir a un juicio por el incumplimiento de los derechos fundamentales, sin duda tendrían que ser declarados culpables, pero sabemos que la administración de justicia responde al grupo que detenta el poder y en consecuencia tal responsabilidad se avizora lejana.
En este sentido, lo que nos demanda la realidad es acudir al único método que históricamente ha demostrado ser eficaz para las amplias mayorías, en procura de la incorporación y respeto de los derechos humanos fundamentales, este método es la organización de los profesores, padres de familia y población oprimida de forma cohesionada, que obligue a los gobernantes al cumplimiento del derecho humano a la educación.
Por todo lo señalado, el organismo de Profesionales por los Derecho Humano y contra la represión Estatal (ProDHCre), se adhiere a la organización conjunta de padres de familia, estudiantes y profesores para exigir al gobierno que se cumpla y respete el derecho fundamental que tiene toda persona a acceder a una educación gratuita, universal, sin discriminación y de calidad.
¡Levantemos la voz por una educación gratuita, universal y de calidad! |
