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El árbitro José Woldenberg había propuesto que MVS regulara los contenidos dados a conocer en el portal de Aristegui, y anexar una cláusula al contrato entre ambas partes, para salvar así el diferendo legal que se mantiene entre las partes y obstaculiza la reinstalación de Aristegui y de su equipo de colaboradores.
En esta segunda audiencia faltaron Joaquín y Alejandro Vargas, presidente del grupo y directivo de MVS Radio, respectivamente.
Demanda para Portal Aristegui Noticias
De acuerdo con lo informado por el portal de la revista Proceso, los abogados de MVS sostuvieron que “Aristegui hizo un uso indebido de la información que se difundía en el noticiero de MVS a través de su portal Aristegui Noticias por lo que presentaron en su contra una demanda mercantil.”
Al finalizar la reunión, se realizó una rueda de prensa en la que la periodista declaró que MVS, tres años después de iniciada la relación laboral, toma nota de que ella no tenía derecho a reproducir en su portal de noticias los contenidos de su programa y sus entrevistas. Vanas excusas da la empresa para censurar a la periodista más respetada de México.
Como están dadas las cosas, la última palabra la tiene el juez octavo Fernando Silva Garza, quien hasta ahora resolvió dos suspensiones (temporal y definitiva) a favor de Carmen Aristegui, con base en el contrato firmado por ambas partes, y con el argumento de que los “lineamientos editoriales” recientemente dados a conocer por MVS atentaban contra las garantías y la autonomía de la periodista, establecidos en dicho contrato.
Censura, arma del régimen mexicano
Recordemos que en 2012, tras un comentario respecto a la relación del entonces presidente Felipe Calderón con el alcohol, Javier Lozano, ex titular de la Secretaría de Transporte y Comunicaciones, había propuesto a Joaquín Vargas una disculpa pública a cambio de la aprobación del proyecto de banda ancha 2.5 GHz, como se informó en una nota publicada en el portal SinEmbargo.mx.
Esta vez, Joaquín Vargas hizo lo que le mandó su patrón de turno. Al fin y al cabo, la “casta política” mueve los hilos de los grandes medios de comunicación, y se arroga el derecho de decidir qué y cómo se informa.
Y esta vez, la mano del poder fue mucho más lejos. Peña Nieto, acorralado ante el sordo descontento que se extiende en el país frente a los escándalos de corrupción –como la mansión a nombre de su esposa, y la de José Videgaray, el actual secretario de Hacienda– apuesta al castigo contra la periodista y su equipo de colaboradores que hicieron públicos varios “conflictos de intereses” de funcionarios públicos con empresas privadas, así como la red de trata de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal.
El régimen asesino del PRI, del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), responsable político de los cientos de miles de muertos y desaparecidos en México desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” –entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa– no puede dar al pueblo mexicano un derecho tan elemental como la libertad de prensa.
La lucha por la libertad de prensa –y en ese marco la reinstalación de Aristegui– se puede conquistar con la movilización en las calles de la clase trabajadora, en primer lugar los trabajadores de prensa, la juventud, y los millones de agraviados por la democracia bárbara mexicana: mujeres, pueblos originarios, ejidatarios, migrantes. | 
