Se llevó a cabo una radio abierta en la sede central, bajo la consigna “En defensa de IOMA y el acceso a la salud”.

Participaron juntas internas de organismos como Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Agroindustria, Economía, Producción, Educación. También se hicieron presentes desde Suteba Ensenada, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia; Arba, pequeños prestadores y afiliades de la comunidad trans travesti.

Como es de público conocimiento, la obra social de los y las trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, a través de la gestión de su presidente Homero Giles, rescindió el convenio con la Agremiación Médica Platense, que nuclea a unos 5000 médicos. La situación perjudicó principalmente la atención de los y las afiliadas de la ciudad, que sostienen con sus aportes, voluntarios como obligatorios, a la obra social.

Luana Simioni, delegada general de la Junta Interna ATE IOMA afirmó que “en este conflicto que tiene dos miradas que han copado los medios de comunicación, lo que no se escucha es la voz de los afiliados y de los trabajadores de IOMA. En este conflicto hemos quedado al abandono absoluto, expuestos a la falta de cobertura en plena pandemia”.

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La delegada agregó que detrás del reclamo justo de la Agremiación Médica de actualización de honorarios, “hay una serie de puntos que son verdaderamente corporativos como el aumento del diferenciado médico que los y las afiliadas pagamos todos los meses por cada práctica”, como también la puesta en vigencia de un nuevo nomenclador negociado con el gobierno anterior que daría más poder de decisión al propio prestador.

Así mismo afirmó como “irresponsable” por parte del gobierno de Axel Kicillof, la baja del convenio, sin haber resuelto la situación en que quedan 300 mil afiliados sin cobertura médica, teniendo que abonar como particulares las prácticas y consultas.
Para Simioni, la dirección del Instituto al ofrecer a los médicos ser prestadores individuales, profundiza el modelo de precarización y miseria en que se encuentran los 16000 prestadores que tiene la obra social “que peregrinan por las oficinas para lograr un pago, llevando meses sin cobrar sus honorarios”.

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Para finalizar agregó que esta situación es una “gran oportunidad para que los trabajadores y los afiliados pongamos en discusión nuestro derecho a la salud, qué modelo de cobertura queremos tener en beneficio de quienes aportamos y financiamos íntegramente la obra social. Queremos que el Estado provincial saque sus manos de nuestra obra social y deje de vaciarla y que los grandes prestadores dejen de hacer sus negociados”.