Chile estalló en festejos este miércoles luego de conocida la aprobación en la Cámara Baja de la ley que permite a los trabajadores con aportes retirar hasta el 10% de los ahorros en la administración privada de fondos de pensiones (AFP). Esta votación, en medio de la crisis económica y social agudizada por la pandemia, implica un alivio para el bolsillo de los trabajadores y al mismo tiempo un importante revés para el Gobierno de Piñera y para una de las instituciones emblema del neoliberalismo chileno, como es la privatización del sistema de pensiones.
Sin embargo, después de los festejos hay que preguntarse cómo sigue el tratamiento parlamentario y qué se puede esperar.
Este proyecto ya había abierto grietas en el mismo oficialismo llegando al punto de la suspensión indefinida de las reuniones del comité político de la coalición gubernamental Chile Vamos. Sin duda significa un duro golpe para el Gobierno de Piñera y para los empresarios de las AFP, quienes se opusieron con fuerza al proyecto y harán todo lo posible para frenar su aprobación en la Cámara de senadores.
¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir del proyecto?
Tras la aprobación en Diputados, el proyecto pasa ahora a la Comisión Constitucional del Senado, conformada por Andrés Allamand (Renovación Nacional), Pedro Araya Guerrero (ex Democracia Cristiana), Alfonso De Urresti Longton (Partido Socialista), Francisco Huenchumilla Jaramillo (Democracia Cristiana), Víctor Pérez Varela (Unión Demócrata Independiente). Esta comisión no es elegida democráticamente a través del sufragio popular, si no que los miembros son elegidos por el Senado a propuesta del Presidente y su cargo dura lo que dura el cargo legislativo, es decir, 8 años asegurados.
Este es el paso previo y condición para pasar -por fin- a la Cámara de Senado, donde se requiere de un quórum de tres quintos (3/5) que corresponden a un total de 26 votos a favor, de los 43 senadores que hay en total, entre ellos personajes irritantes que históricamente han defendido con uñas y dientes la herencia de la dictadura y se han opuesto a las demandas de la clase trabajadora como Ena Von Baer, Iván Moreira, Jaqueline Van Risselberghe, etc. (Los mismos que defendieron a Chadwick de la acusación constitucional por las violaciones a los DDHH por parte del Gobierno cuando fue ministro del Interior durante la revuelta de octubre).
Es en esta instancia donde primero se vota "en general" el proyecto, para luego hacerle enmiendas e indicaciones. Pero este no seria el fin resolutivo del ya tramitado proyecto; lo que viene después de esto es la parte de la votación "particular" de cada enmienda e indicación, para finalmente ser ratificado para promulgar o, en el peor de los casos, desaprobado.
En esta pasada el Gobierno está en aprietos: son 24 los senadores que ya han expresado su posición de aprobar este proyecto. Sin embargo la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet sigue teniendo mecanismos profundamente antidemocráticos para, en resumidas cuentas, pasarse por alto toda la discusión "democrática" del proyecto, y de pasada, la voluntad popular para así defender hasta el final los intereses de los empresarios.
El Gobierno de Piñera aún tiene dos ases bajo la manga:
1) Que algún senador/a declare que este proyecto es inconstitucional.
Con esta aseveración sobre la mesa, sería el Tribunal Constitucional la institución que tenga en su poder la decisión de aprobar o desaprobar este proyecto. Este Tribunal Constitucional la conforman 10 Ministros que dicho sea de paso, tampoco son electos democráticamente, si no que a elección del Presidente.
2) Recurrir al veto presidencial
Esta es una atribución que existe en la Constitución desde 1833, que consiste básicamente en otorgar poder total al Presidente de enmendar o desaprobar cualquier aspecto del proyecto que por A, B o C motivo "no le gustó". En este caso, se somete nuevamente a discusión pasándose por alto los debates en la Cámara Baja de diputados y la debileración de la Cámara del Senado. Es decir, no es un veto que anule el proyecto, solo retrasa su promulgación o desaprobación.
En este vídeo, Joaquín Romero de La Izquierda Diario Chile explica el proceso legislativo del proyecto.
¿Qué pueden hacer los trabajadores y el pueblo chileno ante estas maniobras?
Muchas y muchos nos preguntamos lo mismo. Es irrisorio que el destino de qué hacer con nuestros ahorros de pensiones esté en las manos de los mismos contra quienes nos rebelamos en octubre del año pasado y para más remate es Sebastián Piñera quien en última instancia tiene la facultad de tirar por la borda toda la discusión del proyecto del retiro de fondos.
Es por esto que debemos ir por más. Vamos por el 10%, pero en camino a derribar todo el negocio de las AFP con la fuerza de nuestra movilización, así como para seguir peleando por conquistar una Asamblea Constituyente verdaderamente Libre y Soberana para que este tipo de decisiones dejen de estar en las manos de unos pocos. | 
