En el marco de la pandemia y luego de los anuncios del domingo pasado, contradictoriamente, el Gobierno provincial determinó que los Centros de Primera Infancia (CPI) sean servicios esenciales. Por ende, las trabajadoras que ya habían retomado su trabajo a mediados de abril, de manera “normal, seguirán cumpliendo con sus actividades mientras los casos de coronavirus aumentan en toda la provincia.
Las tareas que realizan consisten en la entrega de viandas a las familias con menos recursos que asistían a los CPI antes de la emergencia sanitaria. Muchas de las cuales hoy en día no pueden ir a buscar comida ya que no tienen medios para llegar. El salario que perciben las trabajadoras precarizadas que realizan su tarea cotidianamente a lo largo de 6 horas es de $14.000, cifra que se ubica por abajo del mínimo nacional. Además, no cuentan con cobertura social.
“Queremos que se nos hagan los testeos”
En el marco de la crisis económica y sociosanitaria en curso, algunas operadoras que ni siquiera firmaron contrato a nivel provincial o municioal, decidieron exigir al Gobierno de Gustavo Sáenz el pase inmediato a designación temporaria, mejora salarial y de contratación, y testeos en cada centro.
A, trabajadora de CPI de la zona sudeste de la ciudad descontenta con la medida adoptada por el Ministerio de Desarrollo local a cargo de Verónica Figueroa, manifestó que “los CPI sirven comida a las familias inscritas en el centro de 11 h a 13h y con solo dos operadoras sería suficiente, y no hacer que el personal vaya a los dispositivos, utilizando los colectivos con el riesgo que implica”. Además, sostuvo que “se podría trabajar en turnos y guardias o dar bolsones con alimentos secos a las familias En cambio, nos hacen ir a todo el personal”.
Por su parte, otra trabajadora de nombre C comentó que "nos dicen que somos esenciales, pero a nosotros nadie nos cuida. Trabajamos hace cuatro años, tenemos la misma tarea y responsabilidad que tienen las operadoras que están en planta pero cobramos un sueldo que no es el mínimo, es mucho menos. Ahora, con esta pandemia, deberíamos tener mínimamente Obra Social y ART. También queremos que se nos hagan los testeos, es mucho el riesgo del traslado y todas tenemos una familia atrás nuestro”.
J trabaja en la zona norte y sostuvo que como trabajadoras de los CPI “tenemos que ganar un sueldo acorde a la canasta básica porque plata hay, en todo caso el Gobierno debería cobrar un impuesto a las grandes fortunas que permitiría que todas las familias que asisten a los centros puedan cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, si aún no lo perciben. Además, nos hacen ir a trabajar con tos seca, ¿pero cómo sabemos nosotras si es alergia o algo más? Las familias que van a buscar la comida diariamente también deberían testearse. El sistema de salud esta desfinanciado y, por eso, la pandemia obliga a que las medidas que los Gobiernos toman recaigan sobre las familias trabajadoras. Algo que tiene que cambiar”.
Qué son los CPI
Los Centros de Primera Infancia (CPI) son espacios creados para albergar niños de 6 meses a 4 años de edad en situación de vulnerabilidad social. Dependientes del Ministerio de Desarrollo funcionan como parche a las necesidades de muchas familias que quedan por fuera del sistema educativo ante la faltante de vacantes para jardines maternales y salas de infantes. | 
