Foto: Jessica Rinaldi, Reuters
El artículo 148 del Código Penal sudanés define así el delito: “cualquier hombre que inserta su pene o su equivalente en el ano de una mujer o de un hombre, o permite que otro hombre inserte su pene o su equivalente en su ano, cometió sodomía”.
Los castigos aumentan en gravedad según la cantidad de veces suceda el hecho. Si el acusado era condenado por primera o segunda vez, le correspondían 100 latigazos y hasta 5 años de prisión. En una tercera ocasión la pena ya podía ser prisión perpetúa o inclusive la muerte. Con la modificación quedan excluidos como pena los latigazos y la muerte, no así la prisión que para la segunda ocasión se incrementa a 7 años y en la tercera permanece la condena perpetua.
La medida se tomó como parte de un paquete de reformas que viene realizando el gobierno que surgió entre militares y la oposición a Omar Hasán Ahmad al Bashir, quien fue presidente del país por 30 años. La junta provisional que gobierna actualmente surgió luego de que el Ejército expulsara al gobierno de Al Bashir jaqueado por movilizaciones masivas en el marco de una profunda crisis económica.
Atravesado por esa situación es que hace unos meses se prohibía la mutilación genital de las mujeres. En esta ocasión además de reducir las penas contra la sodomía, el Gobierno ahora permite la apostasía (renunciar al Islam) que antes podía enfrentar una condena de muerte, así como también que los no musulmanes consuman alcohol en privado.
Bedaaya, la organización de defensa de los derechos LGBTQ+ de Egipto y Sudán, afirmó que el nuevo paquete de reformas es "un gran paso hacia la reforma del sistema de justicia en Sudán". El ministro de justicia de dicho país afirmó “vamos a dejar caer todas las leyes que violan los derechos humanos en Sudán".
La modificación del Código Penal constituye un triunfo, logrando que el Estado no se atribuya legalmente la capacidad de penar con latigazos y la muerte a las personas involucradas en los actos calificados de “sodomitas”. De esta manera se transforma en un nuevo piso conquistado para pelear por eliminar completamente el artículo 184 del Código Penal, dado que el Gobierno actual aún sostiene las penas de prisión heredadas del régimen de Al Bashir.
Una criminalización que atraviesa el globo
Según el informe “Homofobia de Estado 2019” publicado por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA por su sigla en inglés) quedan cinco países donde efectivamente la ley establece la pena de muerte (Nigeria, Somalia, Arabia Saudita, Irán, Yemen) y hay otros seis dónde es posible que se aplique (Mauritania, Afganistán, Brunei, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán).
Haciendo un breve repaso, la ONU dejó de calificar de enfermedad a la homosexualidad hace treinta años. En 2011 por primera vez un organismo de la entidad emitía un pronunciamiento a favor de los derechos para LGBTIs. En ese momento el Consejo de Derechos Humanos declaró que “la penalización de las relaciones homosexuales íntimas consentidas constituye una conculcación de los derechos individuales a la intimidad y a la no discriminación, así como una vulneración de las normas internacionales de derechos humanos”.
Según la resolución en ese entonces había “76 países con leyes utilizadas para criminalizar a las personas por su orientación sexual o identidad de género”. Al día de hoy son 68 los Estados de la ONU que según la ILGA sostienen legislaciones que criminalizan los actos sexuales entre personas del mismo género, cifra que representa un 35% de los países adherentes a la organización.
Estas legislaciones en general hacen referencia a delitos “contra la naturaleza", la "moralidad" o el "libertinaje", si es que no se refieren explícitamente a la “sodomía” como el caso de Sudán. Se amparan de fondo en la concepción patriarcal que establece que las relaciones sexuales solo puede darse entre el hombre y la mujer en clave reproductiva, esa idea que tanto difunden los sectores reaccionarios y las instituciones de las principales vertientes religiosas del globo como el catolicismo, evangelismo o el islam.
Si bien la Organización de las Naciones Unidas hoy en día intenta aparecer como la abanderada de los derechos de las mujeres y LGBTIs, a la par lleva adelante verdaderas intervenciones militares con sus tropas (conocidas como cascos azules) que han sido denunciadas en todo el mundo por casos de violación. Por dar un ejemplo, en Sudán del Sur se abrió una investigación en 2018 por un caso de abuso sexual a cuatro menores de edad en una de las bases de las tropas de la ONU.
Si en el último año y medio se abrió paso en Sudán la posibilidad de conquistar derechos elementales y básicos para mujeres y LGBTIs, fue subproducto de la movilización de amplios sectores de la sociedad, que salieron a la calle hastiados de las políticas que solo buscan someter en el hambre a la gran mayoría de la población. Previo a la pandemia se calcula que de los 40 millones de sudaneses, la mitad vivían en la pobreza. El país sufre un gran déficit de recursos esenciales como alimentos, medicamentos y agua, y está atado a los intereses de las potencias imperialistas a través de una gran deuda con el FMI. | 
