La lucha de los campesinos de la provincia de Espinar en la región del Cusco, se inició el pasado 15 de julio, cuando los agricultores, después de haber hecho público su comunicado y demandas a la empresa minera Glencore-Antapaccay, paralizaron y bloquearon el denominado Corredor Vial Sur, con lo cual impiden que los camiones de la empresa minera puedan desplazarse hacia la región Arequipa.
Al no ser escuchados por la empresa ni por el gobierno central, los campesinos han ido radicalizando su lucha, al grado tal que el pasado lunes 20 de julio los enfrentamientos con la policía se acrecentaron, incluso la empresa minera informo que habrían quemado dos vehículos de su propiedad, lo cual todavía está en investigación y existen rumores que estos vehículos hayan sido quemados por agentes de la empresa para descalificar la lucha de los campesinos.
La exigencia más sentida de los agricultores de este valle es que la empresa minera apruebe el desembolso de S/ 50 millones correspondientes al Convenio Marco, para que de esa manera se pueda entregar un bono de S/ 1000 a favor de cada poblador de Espinar.
Esta demanda de los campesinos se hace en función de poder cubrir sus necesidades a raíz de que la pandemia provocada por la propagación del Covid-19 y la nula intervención del ejecutivo encabezado por Martin Vizcarra, ha acrecentado la difícil situación que vivían los agricultores de esta región y que es común a la mayoría de pequeños productores agrarios de zonas aledañas a los grandes asentamientos mineros.
La crisis de los micro y pequeños productores agrarios se expresa en la contaminación de sus tierras y los recursos hídricos, a lo cual se suma la baja significativa de los precios de sus productos debido a la liberalización de las fronteras comerciales, lo cual los obliga a competir en el mercado con productos – muchas veces subvencionados - importados de otros países con mayor desarrollo económico.
Recordemos que, desde el año 2013 cuando gobernaba el país Ollanta Humala - al cual sirvió con mucha dedicación el actual premier Pedro Cateriano – se implementaron una serie de medidas denominadas “paquetazo ambiental” que debilitaron considerablemente la ya precaria institucionalidad ambiental, y todo ello para agilizar la instalación en el Perú de grandes empresas mineras, las cuales, desde la perspectiva de los gobiernos cipayos son la única garantía del crecimiento y la reactivación económica. En ese momento, estas medidas se implementaron para paliar, desde el ángulo de los capitalistas, la desaceleración China que afecto considerablemente la venta de nuestras materias primas al exterior.
Estas medidas pro mineras, que han sido mantenidas por los siguientes gobiernos, han acrecentado la crisis de los pequeños productores agrarios, por esa razón no es la primera vez que los pobladores de Espinar se levantan contra los abusos de las mineras.
Otras luchas campesinas contra la mega minería como la de los pobladores del valle de Tambo en Arequipa, o los campesinos de los valles de Torata y Tumilaca en Moquegua, a las cuales se suma la de los agricultores de Candarave en la zona alto andina de Tacna, han sido una constante en los últimos años y seguramente volverán a recrudecer debido a que el presidente Vizcarra, para encarar la actual crisis económica potenciada por la crisis sanitaria, viene priorizando el relanzamiento de los grandes proyectos mineros en el sur peruano.
Es para ello que Vizcarra a armado un gabinete tan reaccionario como el actual, presidido por un neoliberal pro minero como Pedro Cateriano, a quien no le tembló la mano de arremeter contra el pueblo cuando fungía de ministro y de premier de Ollanta Humala. Es pues, un escenario de mayor confrontación el que se avecina ya que el gobierno ha decidido pisar el acelerador contra el pueblo y los trabajadores para favorecer los requerimientos de los grandes empresarios que ven en esta crisis una oportunidad para seguir ganando. | 
