Se trata de un yacimiento de oro y cobre ubicado a dos kilómetros de otro, llamado Bajo la Alumbrera, e intenta ser la continuidad de la explotación a gran escala que comenzó en el año 1997.
Según las declaraciones juradas, las ganancias rondan los 1.590 millones de dólares por año. Pero existe una denuncia ante el fiscal federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez por ocultamiento de ganancias por una suma estimada en 8.900 millones de dólares anuales.
Esto se debe a que Minera Alumbrera solamente declara para su tributación la exportación de oro, cobre y molibdeno, pero omite informar sobre la extracción y venta al exterior de importantes cantidades de una lista de casi 50 minerales de alto valor económico, entre ellos: escandio, titanio, cromo, cobalto, cesio y uranio.
El caso es tan nefasto como el saqueo que viene llevando adelante
Además, Minera Alumbrera seguirá utilizando la misma infraestructura que hasta ahora, a pesar de estar colapsada por 17 años de destrucción, sumado a una falla geológica que el pasado 21 de agosto causó su segundo derrumbe en el cráter de dos quilómetros y medio, donde se realizan las actividades.
En el 2016, este proyecto debería ingresar en la etapa de cierre de minas total, lo que implica el desmantelamiento de las plantas y el saneamiento de escombreras y dique de cola. Sin embargo, esto se realizaría a medias con el nuevo plan de Bajo El Durazno, ya que se reutilizaría la infraestructura actual de esta mina.
A falta de licencia se mueven los límites
El proyecto Bajo El Durazno también cuenta con otros atributos que llaman la atención ya que a causa de las incesantes manifestaciones de los pobladores del departamento Andalgalá, lugar donde está el yacimiento, no cuenta aún con lo que se denomina “licencia social de operaciones ”. Esto se debe a los conflictos sociales que impiden el funcionamiento y generan costos financieros por pérdidas de maquinarias, retrasos de operaciones por acciones como cortes de rutas y todo lo relacionado a la oposición de la comunidad donde está la mina.
Por otro lado, el gobierno de Catamarca en otra de sus muestras de servilismo hacia las megamineras declaró, a través de un informe de la Secretaria de Minería dado a conocer el pasado 19 de mayo, que el territorio donde estaría el yacimiento dejaría de pertenecer a Andalgalá y pasaría a ser parte de Belén, departamento vecino, donde las mineras generaron menos conflictos sociales y el gobierno municipal estaría encantado de recibir un porcentaje del ridículo 1% que recibe el Estado en concepto de regalías, que es la única retención existente para estas empresas, además de estar exentos de impuestos a los derechos de importación e impuesto a las ganancias.
En consonancia con estas medidas de fijar políticas según las necesidades de las empresas, ni lentos ni perezosos, al día siguiente de la resolución de la secretaria de minería, el senador del Frente Cívico, Ricardo Castellanos, envió un proyecto de resolución para que se aplique la Ley de Regalías en beneficio de ese departamento, con el fin último de abrir camino a esta explotación.
Con estas medidas los gobiernos generan a nivel regional una clase de juego de premios y castigos económicos a los municipios, según acepten o no estos emprendimientos, ya que además de las escuetas coparticipaciones provinciales, las regalías mineras forman parte de la caja chica de los municipios con las cuales terminan pagando sueldos y haciendo obras de infraestructura en épocas electorales.
Con estas políticas el gobierno de Catamarca intenta asegurar la continuidad de las megas explotaciones mineras en ese territorio, acatando también los lineamientos de la política nacional en concepto de extractivismo, que se expresan a lo largo de toda la Cordillera de los Andes con más de 600 proyectos mineros en diferentes etapas y en el caso hidrocarburifero con la entrega de ese recurso a otra multinacional como Chevron. | 
