El 85% de las trabajadoras que se jubilan lo hacen a través de una moratoria y el 67,3% de quienes perciben una jubilación mínima son mujeres. Los datos surgen de un relevo de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género.
Según el informe hay: “una brecha de ingresos jubilatorios entre varones y mujeres que alcanza el 34%. En promedio, las mujeres perciben una media de $16.552 contra una media de $25.213 para los varones”. Los datos son a diciembre de 2019, previos a la pandemia y el desarrollo de una crisis económica que impacta fuertemente en la gran mayoría de la población, más aún a las mujeres.
Tras el congelamiento de la movilidad jubilatoria, con el último aumento decretado en junio la jubilación mínima pasó a ser de $ 16.864,05. Según la Defensoría de la Tercera Edad para en el mes de marzo el valor de la canasta para jubilados fue de $ 45.020,00.
A la de por sí crítica situación que atraviesan las y los jubilados, se le suma otra problemática: quiénes y bajo qué condiciones pueden acceder a una jubilación. Para poder jubilarse las mujeres deben tener 30 años de aportes y al menos 60 años, una odisea para quienes sufren en mayor medida la precarización laboral. Según el relevo del Gobierno, solo un 11,20% de las mujeres de entre 55 y 59 años tienen más de 20 años de aportes.
Estas condiciones presentan básicamente tres alternativas posibles:
Jubilarse cumpliendo ambos los requisitos de edad y aportes, algo que según las propias estadísticas del Gobierno solo podría hacer un sector muy reducido.
Adherirse a una moratoria para cumplir con los años de aportes faltantes en los casos que sea posible, lo que también solo podría hacer un sector minoritario.
Esperar a los 65 años para poder acceder a una PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) que equivale a un 80% de la mínima, lo que hoy serían $ 13.491.
Esta última es la única alternativa para 950 mil mujeres (el 89% restante) de entre 55 y 59 años, que ni con la moratoria podría llegar a cumplir la cantidad de aportes requeridos. Según Miguel Fernández Pastor, especialista en Seguridad Social y ex directivo de ANSeS, hay 240 mil mujeres más de entre 60 y 65 años que tampoco podrían acceder a la moratoria por no llegar con los años de aporte. La informalidad laboral tiene cara de mujer.
Informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género
“El 85% de las trabajadoras que se jubilan lo hace a través de una moratoria jubilatoria”, afirma el informe. La misma consiste en declarar aportes impagos desde agosto de 1977 hasta diciembre de 2003 y conlleva un plan de descuentos cuando se comience a cobrar la jubilación. Para poder acceder al plan la persona debe haber tenido 18 años durante dicho período y pasar por un por un análisis de vulnerabilidad del socio-económico realizado por el Anses que incluye parámetros de ingresos y bienes, como automotores o inmuebles.
Según un informe realizado por La Izquierda Diario previo a la pandemia: “Entre quienes sufren cotidianamente la precariedad más extrema medida como la falta de derechos y seguridad laboral (aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas, aguinaldo, días por enfermedad y continuidad laboral) y salarios por debajo del salario mínimo vital y móvil, se encuentran las mujeres. Al menos el 55,2% de las ocupadas (asalariadas y cuenta propias) sufren condiciones de precariedad extrema, en tanto que en el caso de los varones esta proporción es del 45,7%”.
La crisis económica solo empeoró las condiciones de vida previas de millones que durante la cuarentena vieron subir la inflación y sufrieron despidos, suspensiones y recortes salariales. Los aumentos de las jubilaciones impuestos por decreto del Gobierno en marzo y junio en promedio fueron por debajo del aumento que presuponía la ley de movilidad vigente, que por primera vez en muchos años iba a permitir superar a la inflación.
Es en ese marco que la izquierda viene reclamando un salario de cuarentena de $30.000,00 para todas y todos aquellos que perdieron su trabajo, no tengan una licencia laboral paga, así como las y los jubilados que no llegan a esa cifra. Se vuelve imperioso que la crisis la paguen los empresarios y no el bolsillo de la gran mayoría de adultos mayores, es fundamental invertir las prioridades, exigiendo un impuesto a las grandes fortunas y no pagando la deuda a los grandes especuladores.
