La Contraloría General de la República está realizando una auditoría en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, por un posible conflicto de interés en la contratación de residencias sanitarias. Debido a una denuncia del diputado Andrés Celis (RN), que pidió al contralor analizar todas las contrataciones del Servicio de Salud mencionado. Por eventuales conflictos de interés.
Entre los antecedentes el hotel Puerto Mayor habría entregado servicios de habitaciones y alimentación, también otros servicios de comida, pero que fueron incluidos en la cotización y el detalle del proveedor explicaba que esos servicios extras estaban considerados. Por estas prestaciones la sociedad dueña del recinto sería familia del actual subsecretario de Obras Públicas y vicepresidente de la UDI, Cristóbal Leturia, quienes recibieron 187 millones de pesos. Y si bien la Orden de Compra se emitió el 29 de mayo, el trato directo se firmó recién el 12 de junio.
En esta misma línea el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio contrató también al Hotel Clínico SpA para residencia sanitaria, el cual estaría ligado al entonces jefe de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Orlando Durán.
El funcionario fue desvinculado de su cargo tras conocerse la denuncia. Pero el Servicio habría llevado a cabo laa contratación mediante trato directo el día 11 de mayo, siendo aprobado el 22 del mismo mes, y con efecto retroactivo, pues se refiere a servicios prestados desde el 27 de marzo por unos $200 millones ($205.586.304).Al respecto, Contraloría informó el inicio de una investigación sumaria ordenada a la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Ministerio de Salud también en la mira
Además de los conflictos de interés en el Servicios de Salud de Valparaíso San Antonio por las residencias sanitarias, otra denuncia apunta al Ministerio de Salud por la compra de mascarillas por un costo más alto que al del mercado a la empresa DagonWay SPA.
Según la denuncia Salud habría entregado $773 millones por la compra de mascarillas quirúrgicas, y de acuerdo a los antecedentes, el precio unitario que pagaron por cada una sería más de $500 pesos, pese a que el precio aproximado en el mercado es de $300.
Ante el cuestionamiento, el ente contralor anunció una auditoría en la Subsecretaría de Salud Pública sobre adquisición, recepción, pago, almacenamiento y distribución de bienes y servicios efectuada por el Ministerio de Salud desde marzo del año en curso, relacionados con la pandemia.
Destacar que todos los antecedentes ya están en manos de la Fiscalía para el eventual análisis e investigación de los presuntos delitos que podrían haberse cometido.
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