Este miércoles se reunió nuevamente la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y, finalmente, emitió un dictamen a favor del proyecto de ley que regula el teletrabajo tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados.
El proyecto ya había obtenido media sanción en la cámara baja el 25 de junio pasado y, luego de los distintos debates en la Comisión de Trabajo, será tratado la semana próxima en el Senado. En caso de aprobarse podría ser convertido en ley, pero en el caso de que el Frente de Todos habilite realizar modificaciones, volvería a la cámara de Diputados.
Este proyecto de ley si bien tiene varios artículos beneficiosos, como la voluntariedad, reversibilidad, desconexión digital, compensación por gastos, igualdad de derechos, salarios y licencias con respecto a aquellos que lo hacen en forma presencial, obligación de la empresa de proveer los elementos necesarios para garantizar el trabajo y considera que los accidentes en el hogar son accidentes laborales que deberán cubrir las ART, nada de todo esto será obligatorio para los empresarios hasta tres meses después de terminada la cuarentena.
El lobby empresarial se hizo sentir fuerte en la primera reunión de comisión de Trabajo en el Senado, principalmente a través de sus principales voceros, que fueron los senadores del PRO, que cuestionaron fuertemente los artículos que promueven la reversibilidad y la desconexión digital y que pidieron que se escuche a los empresarios. Sin embargo, ningún representante de la cámara alta, ni tampoco los representantes sindicales que estuvieron presentes ese día -Hugo Yasky (CTA) y Héctor Daer (CGT)- pidió, que se escuche a los trabajadores.
Si bien, en esta instancia, el Frente de Todos emitió un dictamen sin modificaciones, la mayor concesión al empresariado, ya se la habían hecho en el debate previo a la votación en diputados: la ley recién entraría en vigencia 90 días posteriores a la finalización del ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio). Mientras tanto, las patronales siguen avanzando contra los derechos y la salud de les trabajadores, ahorrando en costos que pagamos de nuestros propios bolsillos como son los servicios de luz, gas, conectividad, entre otros. Además, de aprobarse el proyecto tal cual se aprobó en diputados, quedaría habilitado el trabajo “por objetivos” (artículo 4 del proyecto de ley) lo que implica mayor trabajo a destajo, y que el salario quede sujeto a una mayor producción con objetivos que podrían ser inalcanzables, generando mayor extensión de la jornada laboral para poder alcanzar los objetivos que imponen la patronales. En síntesis, mayor flexibilización laboral. Tal como dijo Nicolás Del Caño desde el FIT Unidad, tampoco se contempla la prohibición del contrato por monotributo, lo que puede habilitar a un claro fraude laboral.
Discutamos democráticamente qué regulación necesitamos los trabajadores
Lo que quedó demostrado a lo largo de casi dos meses de debates sobre la regulación del teletrabajo, es que los trabajadores no fuimos consultados, ni convocados a asambleas o plenarios virtuales o presenciales, por las direcciones sindicales que sí tuvieron voz en el Congreso. Por ejemplo, en FOETRA un sector de los trabajadores de las telecomunicaciones venimos teletrabajando desde hace unos 10 años. ¿Cómo no vamos a poder opinar y debatir al respecto?
Las y los trabajadores desde hace más de 4 meses estamos rotos por no contar con sillas adecuadas para trabajar, pagando altas tarifas de luz, de gas y de internet, gastos que deberían cubrir las empresas, que no solo obtuvieron ganancias millonarias durante la cuarentena -debido al mayor uso de las telecomunicaciones por el propio aislamiento-, cobrando altísimas tarifas a los usuarios a quienes ya les anunciaron que les van a aumentar nuevamente en el mes de septiembre, además de lo que se ahorran por no cumplir con las licencias pagas a madres y padres a cargo de niñes en receso escolar.
En el caso de las telecomunicaciones, por ejemplo, Telefónica/Movistar, en el primer trimestre del 2020, ganó 460 millones de euros y Telecom 2641 millones de pesos (un 40% más que en el mismo período del 2019). Ambas empresas están dentro de las que más fugaron del país, encontrándose Telefónica en el primer lugar con más de mil millones de dólares fugados y en el octavo puesto Telecom. Por otra parte, Hector Magnetto, del Grupo Clarín, figura en el puesto 25 entre los más ricos del país en el ranking de la revista Forbes y Carlos Slim, del Grupo América Móvil (Claro), se encuentra en el puesto 12 entre los más ricos del mundo.
En estos días se conoció el insólito caso de Edenor, que durante el 2019 obtuvo 12 millones de pesos de ganancias y hace poco envió a sus trabajadores promociones para venderles las sillas ergonómicas, mientras se discute esta ley que, de aprobarse, implicará que las empresas deban proveerlas.
El “esfuerzo compartido”, según las empresas, es que los trabajadores paguen las crisis, pero por supuesto nunca participar de las ganancias. Y este es solo un pequeño ejemplo de lo que las trabajadoras y trabajadores están padeciendo, más aún durante el ASPO, por la prepotencia patronal.
No podemos esperar 90 días post cuarentena para que las empresas cumplan en garantizarnos condiciones de salubridad. Las empresas de telecomunicaciones tienen que cumplir ya con las condiciones ergonométricas, con el equipamiento para trabajar, y pagando un plus salarial por los gastos de luz, gas (que usamos para calefaccionar el ambiente) e internet.
Para hacerles cumplir con esto, que es tan necesario para nuestra salud y bolsillos, tenemos que imponérselo a las patronales con nuestra fuerza organizada. Para ello Foetra y todas las conducciones sindicales, tienen que estar a la cabeza de impulsar asambleas de trabajadores efectivos, tercerizados y precarios, y plenario de delegades con mandato para defender nuestras conquistas y hacer cumplir los puntos progresivos que contiene el proyecto de ley, como el derecho a la desconexión digital, la reversibilidad, los derechos sindicales, pero también rechazar aquellos que apuntan a flexibilizarnos más como el trabajo por objetivos y prohibir el contrato por monotributo, que abre las puertas al trabajo a destajo y al fraude laboral, al mismo tiempo que no podemos permitir que se pierda un solo puesto de trabajo como vienen denunciando trabajadores de maestranza que están siendo apretados para aceptar retiros voluntarios. No podemos retroceder un milímetro de los derechos conquistados por trabajadoras y trabajadores, sobre los cuales las patronales quieren avanzar, aprovechando la crisis en curso por la pandemia del coronavirus.
El avance de la tecnología debe estar al servicio de las necesidades de las grandes mayorías y no para el lucro empresario y las y los trabajadores no podemos permitir que las empresas avancen sobre nuestros derechos. |
