En la 134 conferencia pública del Comité Operativo de Emergencia un grupo de funcionarios del ministerio de Salud de la Nación participó dando un mensaje tranquilizador, a pesar de la crítica situación sanitaria generada a partir del salto de los contagios de covid-19 en las últimas semanas.
Con 117 casos positivos confirmados el día domingo el total de contagios alcanza a 1628 y los fallecimientos a 46 personas, siendo que hace poco más de veinte días atrás, los contagios no llegan 20. De ahí la vuelta a la fase uno estricta, mientras la ocupación de las camas de covid-19 de emergencia en toda la provincia es del 67% en promedio, mientras que en el hospital de cabecera, Pablo Soria, están en el 95% al igual que en el hospital, Oscar Orias, ubicado en Libertador General San Martín, localidad que concentra la mayoría de los casos positivos.
El caso de Libertador General San Martín tiene al ingenio Ledesma que emplea en forma directa a 7 mil trabajadores y se encuentra en pleno proceso de zafra y con todas sus actividades produciendo. El mismo es un foco de contagios de covid-19, incluso la empresa incumple los propios protocolos presentados al COE, pero nuevamente para el gobierno de Morales, y ahora los funcionarios de salud de Nación, no es motivo de mención alguna. Pareciera que no hay para ellos y ellas, relación alguna entre el ingenio Ledesma con que esa localidad sea la que más casos positivos registra en la provincia.
Tampoco se habló de la minera Exar ante la cual el propio gobierno provincial pasó de apoyar el lunes pasado a denunciar ante la Justicia el viernes último ante los casos de covid-19 positivos que llegaron a 200 trabajadores.
Pese a todo este panorama crítico, la doctora Analía Rearte,directora de epidemiología en el ministerio de Salud de la Nación, convalidó lo actuado por el gobierno en materia sanitaria y reforzó la política de la cuarentena, llegando incluso a relativizar la necesidad de testeo pcr, en los casos de los contactos estrechos. Puesto que los mismos pueden según ella pueden dar negativos, pero eso no exime a la persona de no contraer el virus. En la misma sintonía, por medio de videos grabados, dieron su aval al gobierno de Jujuy otros funcionarios nacionales.
En esta conferencia del COE, entonces, se pudo apreciar un mensaje de cerrar filas entre los funcionarios de Nación con el gobierno provincial. Un adelanto de ello lo pudimos observar en los silencios del mismo presidente, Alberto Fernández, en la conferencia de prensa nacional que compartió con Gerardo Morales, ante la realidad paralela que mostró el gobernador, cuestión incluso que cuatro días después fue sincerada por parte del estallido de casos volviendo a la fase uno estricta de la cuarentena.
En estos días y, en las ediciones dominicales de Página 12 o el portal El Cohete a la Luna, se publicaron artículos muy críticos con la gestión sanitaria del gobierno de Morales ante el salto de casos positivos de covid-19. Uno de los testimonios más elocuentes es el del médico infectólogo, Carlos Remondegui, quien da cuenta no solo de todo lo que no se hizo en los 100 días previos al salto de los contagios, si no que pone en cuestionamiento el escaso número de camas UTI (con respiradores) y los testeos que se hacen por debajo incluso de provincias como Chaco que tiene una situación crítica similar a Jujuy, pese a que en esta última provincia se realizan solo 20 test cada 100 mil personas y en la primera provincia, 80 cada 100 mil personas. En estos artículos también se cuestiona el hecho que hay un solo laboratorio que realiza el testeo PCR habilitado por el Instituto Malbrán y alertan sobre la falta de médicos terapistas que se necesitan para atender a los enfermos, sobre todos los que ingresan a las camas de internación intensiva.
Ninguna de estas críticas fueron siquiera esbozadas por los funcionarios de Salud de Nación, considerando que las mismas podrían ser la base para pensar medidas concretas de emergencia para fortalecer al sistema público de salud frente a una situación muy crítica.
Claro está que hacerlo implicaría reconocer la responsabilidad del gobierno nacional y el ministerio de Salud de la Nación con la escasez de respiradores y el testeo, o el valioso tiempo perdido durante más de tres meses durante los cuales la provincia no tuvo casi casos ni circulación comunitaria del covid-19 y la preparación fue más que limitada.
Por todo esto, se necesita un plan alternativo al de Morales y al del gobierno nacional. El mismo debe comenzar por invertir en el sistema público de salud. La OMS establece que cada 1000 habitantes se necesitan por lo menos 8 camas UTI, lejos está la provincia con tan solo 70 respiradores para 770 mil habitantes (los cuales además son suministrados por Nación), al igual que se debería aumentar el número de testeos PCR y equipar de conjunto a los hospitales, garantizar un salario acorde la canasta familiar al personal de la salud, entre otras medidas. Para ello, hay que afectar los intereses de los grandes empresarios y terratenientes. El impuestos extraordinario a las fortunas de los millonarios presentado por los diputados del Frente de Izquierda en el Congreso apunta justamente a fortalecer el financiamiento de la salud. Sin embargo, la falta de voluntad política del Frente de Todos, hace que no se trate -Cambiemos directamente lo considera una expropiación-, mientras el proyecto de su autoría sigue en lista de espera. Por eso, se necesita organizar en forma independiente la fuerza de las y los trabajadores para pelear por una salida de otra clase a la crisis sanitaria. |
