El pasado 17 de julio, el ministro le solicitó a la Fiscalía una prórroga en los plazos para responder la denuncia y el correspondiente pedido de informes solicitado. La prórroga vencerá al cumplirse 15 días hábiles desde dicha solicitud.
Es decir, que el próximo 7 de agosto el ministro de hacienda, Lisandro Nieri, deberá responder el pedido de informes que le solicitó el Fiscal de Estado, Fernando Simón, a partir de la denuncia que presentamos desde el FIT por la adjudicación del proceso de refinanciación de la deuda externa a las firmas Credit Suisse, Puente Hermanos, Quantum Finanzas y AdCap Securities.
Este avance en la investigación de la denuncia que presentamos el pasado 28 de mayo desde el FIT, se produce al mismo tiempo que el gobierno provincial afirma públicamente que la renegociación de los bonos provinciales en default le permitirá a la provincia lograr un supuesto “ahorro” para sus cuentas. En realidad, la segunda oferta propuesta por el gobierno provincial a los acreedores internacionales implica un salto cualitativo en la intensión de pago. Los intereses originales del BM2024 eran de US$395 millones. Y la primera propuesta -rechazada por los bonistas- efectivamente era bajarlos a US$313 millones. Sin embargo, la segunda propone
aumentarlos a US$434 millones.
En caso de que los especuladores que tienen estos bonos, acepten la propuesta de Hacienda, la provincia terminaría pagando por estos bonos unos 1.000 millones de dólares entre capital e intereses futuros. Más de 72.260 millones de pesos si tomamos la cotización mayorista actual de esta divisa extrajera que no para de aumentar. Un presupuesto millonario que supera el total de lo que la provincia destinará durante el 2020 a educación y salud pública, ya que el presupuesto aprobado para la Dirección General de Escuelas es de $44.540 millones y Ministerio de Salud de $26.498 millones.
Incluso si sólo tomamos en cuenta el aumento en el pago de intereses que le está proponiendo a los bonistas el ministro Nieri con sus ‘socios’ del Credit Suisse, Puente Hermanos y otros, ya tenemos una suma de 38 millones de dólares más de lo que tenía que pagar la provincia antes de entrar en default. Ese monto, equivalente hoy a más de 2.800 millones de pesos argentinos, cuadruplica o quintuplica los fondos que el Gobierno de Mendoza lleva gastados en insumos, medicamentos y reactivos, para atender las necesidades que surgen producto del COVID 19. Ya que el gobernador Rodolfo Suárez y la ministra de Salud, Ana María Nadal, anunciaron esta
semana que la provincia lleva invertido en estas compras a penas $500 millones de pesos, a lo que se suman otros $100 millones gastados en hoteles para aislamiento.
Estas cifras hablan por sí mismas sobre el saqueo millonario que implica la fraudulenta negociación que lleva adelante el gobierno con los especuladores, y que pone en riesgo la salud y la vida de miles de familias mendocinas.
¿Por qué denunciamos en Fiscalía de Estado este proceso de refinanciación?
El pasado 19 de mayo de 2020 el Ministerio de Hacienda emitió el Decreto 631/20 adjudicando las operaciones relacionadas al proceso de refinanciación de la deuda a Credit Suisse, AdCap Securities y Puente Hermanos para el Bono Mendoza 2021 (PMJ21) y a Credit Suisse, AdCap y Quantum Finanzas para el Bono Mendoza 2024 (PMY24). Algunas de estas empresas contaban con numerosas denuncias y sentencias por corrupción a nivel nacional e internacional. Pero además son las mismas firmas que tuvieron a su cargo la colocación de estos Bonos: Credit Suisse en el caso del Bono Mendoza 2024, y Puente Hermanos y AdCap en el caso del Bono Mendoza 2021. El Credit Suisse también tiene el antecedente de haber sido acreedor de la provincia al mismo tiempo que era contratado para colocar el Bono Mendoza 2024.
Las firmas adjudicadas podrán recibir como retribución hasta el 0,3% del monto que consigan renegociar. Una cifra que puede llegar a U$$ 1.6 millones de dólares, que equivalen hoy a unos $115 millones de pesos. Un pago tres veces más caro que el realizado por la provincia en el 2004 para refinanciar el Bono Aconcagua. La contratación se hizo además sin revisar la nómina de tenedores de bonos para verificar si las contratadas los tienen entre sus clientes, los que las ubicaría de los dos lados del mostrador.
Finalmente, en nuestra denuncia solicitábamos que se investigue la posible incompatibilidad de funciones del Ministro Lic. Lisandro Nieri para realizar estas adjudicaciones, al poseer él mismo antecedentes laborales en la firma Puente Hermanos, contratada para este proceso. Este pedido fue derivado directamente por el Fiscal de Estado a la oficina de Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública que está a cargo de Gabriel Balsells Miró.
El Frente de Izquierda ha sido coherente en rechazar dentro de la Legislatura los sucesivos endeudamientos solicitados por los gobiernos de Pérez, Cornejo y Suárez. Pero también por el rechazo al pago de una deuda odiosa y fraudulenta originada en el robo de los bancos de la provincia a través de la emisión del Bono Aconcagua en 1997. Colocando una deuda por U$$ 250 millones de dólares con el objetivo de capitalizar estos bancos, que derivaría en un enorme fraude contra los intereses de la provincia en la conocida quiebra del Banco Mendoza. | 
