El presidente se reunió con el CEO de Enel, controlante de Edesur a propósito de los reclamos contra la empresa por los reiterados cortes de luz. Diversos medios criticaron la “avanzada” contra la firma. El debate importante es ¿qué hacer con los servicios públicos?
Los principales medios de comunicación ocultaron los reclamos de miles de usuarios sin luz y sin agua que se registraron en las últimas semanas en la provincia de Buenos Aires, pero no dudaron en criticar al Gobierno ante la supuesta “avanzada” de un sector del oficialismo a través de algunos intendentes del conurbano contra Edesur (la empresa que provee el servicio).
El pasado viernes el presidente Alberto Fernández se reunió con Nicola Melchotti, CEO de Enel, empresa controlante de Edesur quién le preguntó al mandatario “¿Usted quiere sacarle la licencia a Edesur y estatizar el servicio?”. Fernández respondió que no es su vocación, pero que “Edesur debe resolver los cortes en los barrios populares”, según publicó Marcelo Bonelli en Clarín.
Los reiterados cortes de luz no son una novedad y tampoco corresponden sólo a Edesur. Las empresas privatizadas que gestionan los servicios públicos tienen una larga historia de un servicio de mala calidad. ¿Por qué se apunta a Edesur?, ¿cuál es el debate necesario sobre los servicios públicos?
El reclamo de los intendentes
Edesur es una empresa de distribución del AMBA y tiene entre sus accionistas a Nicolás Caputo (amigo de Macri). Enel, es la empresa controlante de Edesur, y el Estado italiano es su principal accionista. Esta empresa participa en todas las etapas: generación, transporte, comercialización y distribución.
Edesur fue una de las empresas ganadoras por los tarifazos del gobierno anterior. En 2019 a pesar de la crisis el resultado del ejercicio fue de $12.681 millones.
La Defensoría del Pueblo bonaerense le solicitó al Ente Nacional de Regulación de Electricidad (ENRE) que le quite la concesión a Edesur, luego de los reiterados cortes de luz en diferentes municipios. Este reclamo se une al pedido de los intendentes de los municipios en los que la compañía no cumplió las normas.
El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino afirmó que “Edesur obtuvo ganancias millonarias en los últimos 4 años. A pesar de los aumentos de tarifas, que en algunos casos llegaron a ser de 5000 %, no hizo las inversiones necesarias para mejorar el servicio a los usuarios, ante la falta de control del gobierno anterior. El resultado son servicios malos y caros”.
Es llamativa la repentina preocupación de los intendentes oficialistas por los hogares sin luz cuando es un problema de hace varios años y cuando el peronismo gobernó la provincia de Buenos Aires por 15 años. Diego Genoud en el sitio El Canciller explica que “nadie quiere que la escena de los barrios sin luz se profundice en el verano previo a los comicios. Por eso, la presión es en primer lugar para lograr que Enel invierta en lo que queda del año”. Un factor que agravaría aún más la situación del conurbano bonaerense donde se estima que la pobreza y la desocupación aumentarán con la crisis y podrían anticipar futuros conflictos.
El ENRE sugirió al Gobierno considerar nula la Revisión Tarifaria Integral (RTI) aprobada por el gobierno de Mauricio Macri para el período 2017-2021. En el caso de que el Ejecutivo anule la RTI, las empresas distribuidoras no podrían exigir una suma de $ 7.000 millones que equivale a estimar el ingreso teórico que no recibieron las firmas con el congelamiento de tarifas desde febrero de 2019 a la actualidad, según publicó el sitio especializado EconoJournal.
Las empresas de distribución aumentaron su deuda con Cammesa por la energía que toman del mercado eléctrico mayorista. Según publicó el mismo sitio, fuentes de Edenor afirmaron que le deben “a Cammesa unos 7.000 millones de pesos, que es exactamente lo mismo que dejamos de percibir desde principios de 2019 por la no actualización de las tarifas”.
Las empresas chantajean por un aumento de tarifas. ¿El Gobierno dará vía libre para los tarifazos? Este año parece difícil una suba de tarifas en medio de la crisis, pero no se puede descartar.
Quiero recordar que ahora se debate si las altas tarifas que impuso el macrismo se mantienen o si vuelven a aumentar. Parece que el Gobierno archivó lo que proponía cuando estaba en la oposición. En 2018 el peronismo impulsó en el Congreso Nacional un proyecto para retrotraer las tarifas de agua, gas y luz a noviembre de 2017 y sugería una actualización según el Coeficiente de Variación Salarial para los usuarios residenciales.
Otra discusión con las empresas son las inversiones. El Gobierno solicitó a Edesur y Edenor que desembolsen $15.000 millones entre ambas. Fernández pidió en la reunión con Enel que realice obras en el conurbano bonaerense. Sin embargo, la empresa respondió que primero se deberían continuar las obras de varios municipios que quedaron pendientes de un programa iniciado durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Según la compañía, el Estado nacional transfirió entre 2014 y 2015 a los intendentes los fondos comprometidos, pero los trabajos no se concretaron. Fueron unos $ 200 millones por mes, según publicó el sitio EconoJournal. No se sabrá el destino de los fondos si lo embolsaron los intendentes o la empresa, pero lo que está a la vista es que las compañías privatizadas, no sólo Edesur, brindan un mal servicio (¿a quién no se le cortó la luz en los últimos meses?) y no es un problema que ocurre ahora, viene de hace años y es la consecuencia de la falta de inversión de las empresas.
¿Nacionalizar o buscar una nueva empresa?
Hay sectores afines al oficialismo que plantean que hay que obligar a Edesur a que cumpla con sus inversiones, otros que plantean rescindir la concesión, y también se habló de estatización.
La mejora del sistema energético va más allá del caso Edesur. En 1992 el menemismo llevó adelante el proceso de privatización del sector eléctrico. Así se diferenciaron la generación, el transporte y la distribución de electricidad como actividades comerciales distintas, determinándose la normativa aplicable a cada una de dichas actividades.
El problema no se limita únicamente al concesionario. A partir de las privatizaciones, los servicios públicos en manos de las empresas privadas pasaron a ser ante todo un negocio. Ya no se consideró un “derecho” para todas y todos, sino sólo para aquellos que pudiesen pagarlo. Este criterio se mantuvo intacto desde las privatizaciones y es lo que explica los años de vaciamiento, grandes negocios para los empresarios y el deterioro del servicio.
En los contratos de concesión no se exigieron inversiones forzosas a los grupos que se quedaron con las empresas, sólo se les pidió la prestación de un “servicio de calidad”.
Sobre una posible estatización de Edesur se podría comparar con el caso de Aysa o Aerolíneas Argentinas durante los años kirchneristas por nombrar algunas. Esteban Mercatante explica en La economía argentina en su laberinto que “en la mayoría de los casos, las estatizaciones fueron producto de la necesidad de rescatar a empresas que se encontraban en dificultades financieras o se habían vuelto operativamente inviables para los capitalistas privados”.
La experiencia en esos años con las empresas públicas deja una reflexión: “se pone una vez más en evidencia que bajo relaciones capitalistas la administración de estas empresas se mueve entre dos alternativas: el desmanejo de la burocracia estatal, muchas veces ligada a la “patria contratista”, o la lisa y llana privatización para que los servicios públicos engorden el lucro empresario, lo que suele significar limitar sensiblemente su acceso a vastos sectores de la población”, sostiene Mercatante.
Por eso, el debate necesario no puede limitarse a qué hacer con Edesur, hay que discutir si los servicios públicos deben ser un derecho esencial o si continuarán guiados por la lógica del lucro capitalista.
Para terminar con el negocio de las privatizadas es necesario la estatización sin pago del sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación, el transporte hasta la distribución a los usuarios bajo control, administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios populares.
