En plena pandemia, y a pesar de que el 16% del personal de salud es migrante, el presidente de Estados Unidos anunció en semanas pasadas la suspensión del programa DACA.
Esta amenaza, una de sus principales promesas de campaña desde 2016, comenzó a tener eco en los tribunales del país vecino desde septiembre de 2017, cuando el presidente suspendió el programa. Durante estos 3 años y a pesar de que la medida ha sido rechazada por organizaciones internacionales, activistas y la población migrante en aquel país, la medida parece seguir avanzando.
Apenas en junio pasado el Tribunal Supremo calificó como “caprichoso y arbitrario” el decreto del presidente, sin embargo, no se han tomado medidas que impidan al presidente la cancelación total del programa.
Aún contra la opinión del tribunal supremos, este martes la administración de Donald Trump anunció que las medidas que se tomarán serán rechazar todas las nuevas solicitudes por DACA y los permisos de trabajo. También revocar todos las solicitudes nuevas y en trámite de permisos para viajar (Advance Parole), a menos que haya circunstancias excepcionales y limitar el periodo de renovación de quienes ya tienen DACA a solo un año.
El programa, puesto en marcha por Barack Obama en 2012 reguló la situación de más de 650 mil personas llegadas a Estados Unidos de manera irregular, desde la infancia. En estos momentos, no sólo peligra la situación de las personas ya registradas, sino de las 130 mil personas que podrían ser candidatas para obtener este apoyo.
En medio de la pandemia, y ante las magnitudes de la crisis sanitaria, es necesario luchar porque dreamers y los miles de migrantes, cuya situación es “irregular” puedan adquirir plenos derechos políticos y sociales, como el derecho a una salud digna. Sólo la unidad de los trabajadores, migrantes y estadounidenses podrán frenar las detenciones y deportaciones, que además amenazan con exacerbarse, en medio de la campaña electoral del misógino y xenófobo Donald Trump. | 
