El juez Sebastián Casanello recibió la denuncia de la actual gestión del Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic. Al exjefe de Gabinete de Bullrich y a los exjefes de Gendarmería Otero y Robino se los acusa de incumplimiento de deberes y de encubrir los hechos que derivaron en la desaparición y muerte de Santiago. Por el momento Bullrich seguirá impune.
Este lunes el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Sabina Frederic, presentó una denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 7, a cargo de Sabastián Casanello, contra el ex mano derecha de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, y dos ex altos jefes de Gendarmería, por algunas de sus responsabilidades en los hechos ocurridos entre el 31 de julio y el 1° de agosto de 2017 en la Ruta 40 a la altura de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut), que derivaron en la desaparición (y muerte) de Santiago Maldonado.
Jonatan Firun, director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad es quien presentó el escrito en los Tribunales de Comodoro Py en nombre de la cartera que conduce Frederic.
La denuncia penal (a la que accedió La Izquierda Diario) es contra Pablo Noceti, exjefe de Gabinete del Ministerio, y los gendarmes Gerardo Otero y Oscar Robino, exdirector y exsubdirector de Gendarmería Nacional, respectivamente, por considerarlos “autores, coautores o partícipes” de los delitos de “violación de los deberes de los funcionarios públicos”, “injerencia en el cumplimiento de una orden judicial”, “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”.
El escrito afirma que esta presentación es producto de una directiva del 22 de enero, firmada por Sabina Frederic, en la que se ordenaba “dirimir la existencia o no de conductas pasibles de reproche disciplinario respecto de las decisiones y el accionar llevados a cabo por los jefes a cargo de los operativos de despeje realizados el día 1 de agosto del año 2017 en la Ruta Nacional 40, Paraje Leleque, provincia de Chubut, que tuvieron como consecuencia la desaparición de Santiago Maldonado”.
La presentación judicial se produjo a dos días de cumplirse el tercer aniversario de la desaparición de Maldonado y luego de que su familia denunciara públicamente a los gobiernos de Mauricio Macri por sus responsabilidades en el hecho y de Alberto Fernández por sus políticas actuales en el área de la "seguridad".
La denuncia se sustenta, básicamente, en lo que es de público conocimiento: los hechos acontecidos en el marco de la orden de “despeje” de la Ruta 40 a la altura de la Pu Lof de Cushamen (Chubut) por parte del Juzgado Federal de Esquel a cargo de Guido Otranto, el 31 de julio de 2017. Operativo que primero estuvo a cargo del Escuadrón 35 de Gendarmería Nacional, con asiento en El Bolsón (Río Negro) al que luego, el día 1° de agosto, se sumaron más escuadrones de la fuerza.
Paralelamente al dictado de esa orden judicial, el denunciado Noceti se reunía con los jefes de las fuerzas de seguridad federales y policías de las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén. Allí, afirma la denuncia, el funcionario ordenó trabajar en conjunto “a los fines de neutralizar el accionar -de lo que él mismo consideraba- ‘terrorista’ y denominaba como ‘Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)’, y en caso de un corte de ruta, intervenir para restaurar la circulación, por estar en presencia de un delito de flagrancia, y luego del accionar, comunicar lo actuado a la autoridad judicial”.
Para la actual conducción del Ministerio, “obedeciendo las estrictas instrucciones y directivas que habían sido impartidas por el Dr. Pablo Noceti”, la actuación de la Gendarmería que siguió entre la noche del 31 de julio y la tarde del 1° de agosto (contexto en el que desapareció Maldonado), fue “fue improcedente e ilegal”.
Para los denunciantes, Noceti incurrió deliberadamente en una “violación de los deberes de los funcionarios públicos, excediéndose en el cumplimiento de las funciones que le era propia, ejerciendo funciones que le corresponde a otro cargo. A su vez, tal exceso constituiría una indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa le impide involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia, estorbando y desvirtuando la orden del magistrado” Otranto.
Además de los hechos de público conocimiento relatados por éste y otros medios a lo largo de aquellos meses, el Ministerio de Seguridad basa su denuncia penal contra Noceti en las expresiones vertidas en la declaración testimonial del comandante mayor de Gendarmería, Diego Balari, jefe del primer operativo realizado en la madrugada de aquel 1° de agosto.
Para los funcionarios de Frederic, Noceti representa a la máxima autoridad política que le otorgó “a la Gendarmería Nacional un aval político y jurídico para actuar, incurriendo en una conducta que excede el imperium de la autoridad política e invadiendo el accionar de la Justicia, interviniendo y direccionando la actuación de la Gendarmería”.
Para la cartera de Seguridad, Noceti en aquella ocasión pasó por el alto el único “protocolo” vigente para la actuación de las fuerzas a su mando en la calle. Se trata de la Resolución 210 del año 2011 del Ministerio de Seguridad, que contenía los “criterios mínimos para el desarrollo de protocolos de actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales en manifestaciones públicas”.
Gendarmes retirados y denunciados
Respecto al exjefe de Gandarmería, Gerardo Otero (que sigue siendo gendarme pero en calidad de “retirado” tras haber sido reemplazado en su puesto por Frederic), la denuncia penal lo identifica como parte de las “autoridades que habían impartido instrucciones” para la aplicación de un “nuevo” protocolo de actuación de las fuerzas federales, nunca oficializado ni entrado en vigencia.
En el caso de Otero, se afirma que no habría cumplido con su deber de cuidar a los gendarmes. Con sus decisiones, dice la denuncia, “expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados (...) y que no estaba equipado (...) lo que derivó en un cierto descontrol en el abordaje del operativo, al verse el personal desprotegido y vulnerable ante la constante agresión de los manifestantes”.
Además, del estudio interno sobre aquella actuación ultraviolenta de Gendarmería el Ministerio concluye en que no “había urgencia de llevar adelante el operativo en forma inmediata, dado que la interrupción del tránsito era reciente, no existe desabastecimiento en las localidades adyacentes y los vehículos se podían desviar por caminos de ripio alternativos, para asegurar la transitabilidad”. Y lo fundamenta en el hecho de que “más prudente hubiera sido emplear el destacamento móvil, que contaba con el equipamiento necesario y el personal preparado para intervenir en situaciones de alta tensión social, máxime cuando esa unidad especial ya se encontraba desplazándose hacia el lugar”.
Sobre el exsubjefe de la fuerza, Oscar Robino (también retirado y conservando sus beneficios), el Ministerio afirma que fue clave para “obstruir cualquier procedimiento disciplinario posterior” sobre la actuación de Gendarmería, colaborando “a eludir y/o desviar las investigaciones sobre la actuación de la fuerza, en particular de los comandantes que estuvieron a cargo del operativo”, dándoles una “absolución administrativa”, algo que “a prima facie podría implicar el delito de encubrimiento”.
La conducta de Robino, infiere la denuncia penal, “no solo podría estar incurriendo en abuso de la autoridad e incumplimiento funcional de los deberes de los funcionarios, sino también en un encubrimiento agravado por haber sido cometido por funcionarios públicos”.
Recién sobre el final del escrito se hace mención (sin nombrarla) a Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad y antecesora de Frederic. Se lo hace para enmarcar la conducta de los denunciados en el hecho de que “el gobierno en funciones de aquel entonces no quería ‘tener al primer desaparecido’ del cual dar explicaciones, y en donde la extitular del Ministerio de Seguridad, tal como lo expresó en sus declaraciones públicas ante el Senado y medios de prensa, ‘no quería tirar gendarmes por la ventana’, porque los necesitaba”.
“Cabe preguntarse si los ‘gendarmes’ a los que no quería tirar por la ventana eran su propio jefe de Gabinete y la superioridad institucional de la fuerza también involucrada con dicho funcionario; de ahí, la necesidad de simular una investigación disciplinaria, encubriendo, apurando y asegurando una conclusión absolutoria al respecto”, afirma la denuncia.
También cabe preguntarse, en todo caso, por qué la denuncia penal no incluye a la propia exministra, toda vez que Pablo Noceti no hacía más que cumplir las órdenes de ella. Y por qué, tampoco, se denuncia penalmente al conjunto de las tropas que actuaron en aquel operativo criminal, en función de que todos saben lo que pasó y nadie dijo nada en tres años. Por el contrario, mantuvieron a rajatabla el discurso planificado desde las altas esferas del Estado.
Esos cientos de gendarmes siguen en funciones, incluso muchos fueron ascendidos. No se les debería adjudicar a sus conductas nada que se parezca a la "obediencia debida" que en otras épocas derivó en largos años de impunidad para militares, policías y gendarmes genocidas.
Mirá el documental Santiago Maldonado, un crimen de Estado
