Los datos surgen del el último informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Argentina se encuentra entre los tres países donde la desigualdad económica y social golpeará con mayor fuerza, junto con Perú y Ecuador. La medición es realizada por medio del índice Gini, según el cual se considera que una variación de dos puntos equivale a una transferencia de riqueza del 7 % del sector más pobre al sector más rico.
En un segundo escalón se encuentran México, El Salvador, Chile y Brasil, que tendrán subas de entre 5 % y 5,9 %. Mientras que los menos afectados en términos de desigualdad por la pandemia son Paraguay y Guatemala, entre un 1 % y 1,9 %. La Cepal había pronosticado hace unos días una caída del PBI para la región entre un 9,1 % y un 10,5 %, con una pobreza del 37,3 % y un desempleo del 13,5 %.
Los datos que surgen en el informe de la Cepal, muestran que el discurso oficial, según el cual la prioridad estaba puesta en quienes “más lo necesitan”, en contraposición a “los vivos de siempre” que “siempre ganan”, fueron solamente palabras. Los hechos y las medidas que se tomaron (y las que no) mostraron que detrás de ese discurso, el eje del Gobierno estuvo en garantizar las ganancias del empresariado, a costa del salario, desempleo y pobreza de la mayoría trabajadora.
Los anuncios que podrían llegar a representar algún tipo de garantía para los trabajadores como la prohibición de despidos o el impuesto a las grandes fortunas, quedaron en la nada. El primero fue abiertamente ninguneado por los empresarios que avanzaron en las desvinculaciones y no renovaciones de contratos, fue emblemático el caso de Techint de Paolo Rocca despidiendo luego del decreto a 1500 empleados.
Al día de hoy son más de cinco millones las personas afectadas por despidos, suspensiones o ataques salariales durante la cuarentena, según los datos de la investigación del Observatorio de La Izquierda Diario. Por el lado del impuesto a las grandes fortunas, éste finalmente quedó en la nada y en el último tiempo ni siquiera ya se habla de que vaya a ser presentado en algún futuro. El único proyecto presentado al respecto es el del Frente de Izquierda Unidad.
Dos medidas pilares del plan de Alberto Fernández para la crisis profundizada por la pandemia del Coronavirus fueron los ATP y el IFE. El primero fue directamente a subsidiar a las empresas para pagar el salario a sus empleados, incluso alcanzó a varios CEOS y a empresas que no pudieron demostrar que tuvieran crisis alguna.
Mientras que el IFE, destinado a las familias que no pudieron obtener ingresos o los vieron reducidos durante la pandemia, consistió en un monto de $10.000, cuando según el propio Indec una familia necesita $43.000 para no ser pobre.
No se puede dejar de mencionar la suspensión de la movilidad jubilatoria que decretó el gobierno, afectando así a 2 millones de adultos mayores, uno de los sectores de la clase trabajadora que realmente “más lo necesitan” y menos tienen.
El caso del amague y retroceso de la expropiación de Vicentin, mostró también cómo el Gobierno optó por priorizar los intereses de quienes más tienen y dejar tranquilos a los empresarios “que siempre ganan”.
Por si fuera poco, actualmente el gobierno se encuentra negociando con los acreedores internacionales la “deuda odiosa”, ilegal e ilegítima, por la cual ya destinó 2.000 millones de dólares en lo que va de la pandemia.
Son miles de millones de dólares que podrían haberse utilizado entre otras cosas a garantizar un salario de emergencia de $30.000 para todos los que lo necesiten. Una medida tan elemental como esa hubiera atenuado al menos parcial y provisoriamente la desigualdad que hoy se ve reflejada en el informe de la Cepal para la región. | 
