Ante el completo abandono estatal, el silencio cómplice de los medios de comunicación y la indiferencia de los antiguos “defensores” del medio ambiente, la Chiquitanía boliviana vuelve a arder.
Desde ese momento hasta ahora, el territorio no ha dejado de arder en distintos puntos a raíz de las llamadas “quemas controladas” y las condiciones climatológicas adversas. Hoy, el fuego ha vuelto a descontrolarse y amenaza con tornarse incluso peor que el año pasado, y eso ya se venía advirtiendo durante todo este tiempo, ya que en el primer cuatrimestre los focos de incendio habían superado un 80% a los que se registraron el año pasado en la misma época. Sólo en Santa Cruz, los focos de incendio se habían incrementado en un 35% según datos publicados hace meses por parte de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
Todo este tiempo se vino advirtiendo que, si no se tomaban medidas, en la época seca se iba a suscitar otra catástrofe ambiental, ante lo cual el Gobierno de facto -que utilizó el incendio del año pasado como escalera política para tomar el poder- no hizo nada; al contrario, respondió con más decretos ecocidas como el 4232 para la introducción de transgénicos y posicionando a un reconocido representante de los agroempresarios, Oscar Ortíz, a la cabeza del Ministerio de Economía. Sin si quiera disimular, demostraron estar por completo subordinados a los intereses de los grandes agroempresarios que los catapultaron al poder para que respondan a sus intereses y, como era de suponer, la abrogación del decreto 3973 emitido en el Gobierno del MAS, que amplió la frontera agropecuaria facilitando el desmonte por medio de la quema de pastizales, ni si quiera se planteó.
Este año, el parque Otuquis, que es donde se vive con más crudeza los incendios, perdió ya cerca de 25.000 hectáreas y, en general, la Chiquitanía y el Oriente boliviano ya han perdido 6 millones de hectáreas arrasadas por el fuego. Lo peor de todo esto es que, a pesar de que se advierte que la situación es peor que el año pasado, el silencio de los medios de comunicación oficiales, vergonzosamente cómplices de todos los crímenes de este Gobierno, contribuye a que los comunarios y habitantes del lugar no cuenten con ningún apoyo para lidiar con la situación.
Vicente Paraba, primer Gran Cacique General de la provincia German Busch, declaró al medio Red Eco Alternativo que no tienen recursos humanos ni materiales para combatir el fuego:
El año pasado hubo un gran movimiento y show mediático; hoy con un incendio de mayores proporciones, la atención que nuestros gobernantes nos deben está en otro lado. No están mitigando el fuego para nada.
Y añadió que:
Estos incendios arrasan no sólo la flora y fauna de la reserva natural, sino que los hermanos indígenas y no indígenas pierden sus cultivos de subsistencia, su plátano, yuca, caña arrasados por el fuego; no vemos la sensibilidad de las autoridades para ayudar a mitigar el desastre que sufren los pueblos Chiquitano y Ayoreo.
El abandono a los pueblos indígenas y los territorios campesinos en esta emergencia sanitaria por parte del Gobierno es total.
El Gobierno de facto actúa de una manera que solo podemos calificar de criminal, liquidando el derecho a la salud, la educación y ahora, nuestro patrimonio cultural y natural. De esto también son responsables, como ya dijimos, los medios de comunicación oficiales, los movimientos cívicos y plataformas 21F que catapultaron a los actuales gobernantes y que ahora no dicen nada ante esta situación y, por supuesto, los grandes agroempresarios que son quienes se encuentran detrás de todo esto.
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), al igual que el año pasado, sigue subordinado al Gobierno de turno y demuestra su inoperancia una vez más. De acuerdo a la fuente de Brújula digital, el director del SERNAP Maikol Melgar hace semanas no asiste a su oficina en La Paz.
La situación es realmente preocupante, Bolivia es uno de los países más afectados por la pandemia, y las quemas son focos de contaminación atmosférica que, sin lugar a dudas, afectan la salud de la población, y más ahora que nos encontramos con este virus que ataca las vías respiratorias. Pero además de eso, la gente en el territorio está lidiando con la crisis económica. Los guardaparques se encuentran trabajando precariamente, sin presupuesto para gastos operativos. Muchos también fueron despedidos o trasladados repentinamente a otros lugares. Todo esto mientras fuentes como brújula digital denuncian que “los cargos directivos del Parque Nacional Madidi y de la Reserva Pilón Lajas, fueron designados sin concurso de méritos y encomendados a empresarios locales con evidentes conflictos de intereses”. [1]
La descomposición estatal que estamos presenciando, producto de un Gobierno completamente incapaz y únicamente servil a los intereses de los grandes empresarios nos arrastra a la catástrofe sanitaria, económica, educativa y ambiental. ¡Es imperioso impulsar una lucha genuinamente anticapitalista que termine con esta barbarie! Exigimos la abrogación inmediata de todos las leyes y decretos ecocidas: Ley 337 de perdonazo de desmontes; Ley 502 de ampliación del perdonazo; Ley 741 de Desmonte de 20 hectáreas; Ley 1171 de Manejo de quemas; Ley departamental de PLUS del Beni; Decreto Supremo 3874 para Procedimiento Abreviado de Soya Transgénica HB4-biodiésel; Decreto Supremo 3973 de Quemas Controladas en Beni y Santa Cruz; Decreto Supremo N° 4232 y el Decreto Supremo N° 4238.
Denunciamos que el parque Nacional Otuquis está siendo prácticamente arrasado por el fuego, producto de los intereses de las grandes corporaciones, agroempresarios y soyeros, que utilizan el fuego como medio para abrirse paso y seguir expandiendo su negocio extractivista. Los responsables tienen nombre y apellido: Añez y su gabinete.
