Alto Maipo es uno de los proyectos hidroeléctricos más cuestionados por su impacto ambiental, ya que entre otros aspectos ponen en riesgo el principal abastecimiento de agua a la ciudad de Santiago, esto en plena pandemia donde un corte del suministro puede agudizar la crisis sanitaria, mientras AES GENER, la empresa dueña del proyecto, viene obteniendo ganancias multimillonarias, que tan solo en junio fueron de 1.114 millones de dólares.

Este proyecto ha sido defendido tanto por los gobiernos de la Nueva Mayoría como de la Derecha, en contra de los vecinos y de todo el movimiento ambiental que ha rechazado el proyecto por sus graves impactos al medioambiente.

Por ejemplo, CONAF pedía que el trazado fuera modificado, pues impactaba sobre el área protegida Monumento Natural El Morado, los glaciares San Francisco y Morado, ya que el túnel hoy pasa por debajo de éstos. Los glaciares tienen un valor muy importante como reserva natural de agua, sin embargo, finalmente igual fue aprobado durante el gobierno de Michelle Bachelet. El trazado bajo los glaciares se mantuvo.

Además se abrieron múltiples cuestionamientos por los efectos en la calidad de las aguas, producto del movimiento de tierras y rocas, contaminación con metales pesados, cambio temporal de los cauces, el vertimiento de aguas servidas al río, reducción del caudal y el arrastre de sedimento, entre otros.

Actualmente, el proyecto Alto Maipo de AES GENER declaró que tiene alrededor de un 90% de avance y que solo quedan 3,4 kilómetros de excavación en el túnel de descarga de Las Lajas, y en el túnel Volcán restan por excavar 3,1 kilómetros de los 14,1 kilómetros de extensión.

Esto demuestra una vez más que la prioridad para el gobierno son las ganancias de los empresarios. No les importa el riesgo de seguir agudizando la crisis sanitaria, de que se dañe la cuenca, ni de poner en juego tanto el medioambiente, como las vidas humanas. Es por esto que es necesario terminar ya con la privatización del agua, nacionalizar los principales recursos naturales, pero no se puede depender de que el gobierno de turno los administre, ya que se han mostrado como firmes defensores de los intereses empresariales; por lo tanto, deben estar administradas por el pueblo trabajador, donde los científicos ingenieros y técnicos puedan poner sus conocimientos al servicio del cuidado del medioambiente y de las necesidades básicas como el abastecimiento de agua potable.

Una problemática que sin duda debería ser discutida por la población en una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para que seamos nosotros, trabajadores y trabajadoras, junto a las comunidades, quienes velemos por el cuidado de nuestros recursos naturales tan preciados, como el agua.