Este miércoles, el Comité de Empresa de Nissan y la multinacional nipona llegaban a un acuerdo. Una larga reunión de más de 25 horas que contó también con la participación del departamento de Trabajo de la Generalitat como mediación. Ayer en Montcada i Reixac, la asamblea de trabajadores ratificó por amplia mayoría el acuerdo.
Las negociaciones pactaron posponer el cierre de la planta de Zona Franca hasta diciembre de 2021, inicialmente previsto para finales de este mismo año y que afecta directamente a 2.525 trabajadores. Asimismo, no habrá despidos forzosos hasta el cese de la actividad económica en esas fechas, aunque sí se permiten las bajas voluntarias incentivadas.
Las condiciones de despidos se han mejorado para los trabajadores de Nissan, tal y como reclamaban los sindicatos, demostrando así que sus direcciones se prepararon más para negociar las condiciones de los despidos que para defender los puestos de trabajo; para lo cual, no hubo ningún plan de combate.
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Para los menores de 50 años, las indemnizaciones serán 60 días por año trabajado sin tope de mensualidades. Dado que se trata del grupo más perjudicado a la hora de buscar trabajo de nuevo o prejubilarse, el grupo de edad entre 50 y 54 años también ha visto mejorado su tratamiento. Además, los trabajadores tendrán prioridad a la hora de ser contratados por las empresas que ocupen el lugar de Nissan; cuestión que no está para nada garantizado.
Entre los motivos para alargar el cierre sigue presente la búsqueda de posibles inversores y planes industriales para mantener los puestos de trabajo y el funcionamiento de la actividad económica. Acorde con esta línea, una de las peticiones presentes en la negociación fue la constitución de una mesa a tres bandas compuesta por sindicatos, la empresa y representantes del Gobierno español y la Generalitat para lograr la reindustrialización de la zona y la subrogación de los trabajadores en nueva compañía que ocupe el lugar de Nissan. De ser así, los costes de la marcha variarían, aunque nada de esto está asegurado ni existe verdaderamente ningún plan alternativo al cierre ni a los despidos.
La realidad es que, al borde la mayor crisis económica desde el Crac del 29, la llegada de nuevos inversores que aseguren un futuro a la plantilla es una promesa sin ningún tipo de garantía. Las malas previsiones económicas hacen que sea un escenario muy poco favorable a una inversión de este calibre. Además, no se trata únicamente de mantener los puestos de trabajo, sino también de las condiciones laborales. Incluso en una situación normal, la empresa que ocupara el lugar de Nissan trataría de abaratar costes. Ahora, en un contexto general en el que se prevé aumento de paro y precarización del trabajo, las bases para nuevos ataques contra la clase trabajadora son todavía mejores para cualquier posible relevo de la multinacional japonesa.
El acuerdo se ha producido tras 95 días de huelga de la plantilla de Nissan, pero también meses de lucha de los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas como Acciona, quienes incluso llegaron a establecer un campamento durante varios días para evitar que Nissan pudiera sacar material. Pese a ser más de 20.000 trabajadores afectados en total, el pacto final deja fuera a la gran mayoría: los y las empleadas de las subcontratas. Esta división, impuesta por la empresa para abaratar costes, ha sido acompañada por las direcciones sindicales de UGT, USOC y CCOO buscando la unidad con las administraciones e instituciones con tal de negociar (ni siquiera evitar) los despidos de la plantilla fija.
Durante estos meses, el camino marcado por las direcciones sindicales de UGT y CCOO han preparado el terreno para que esto acabe como estaba previsto: indemnizaciones para unos pocos con un futuro incierto, miles de despidos y marcha tranquila de la empresa con el beneplácito de las instituciones.
De resolverse así finalmente, este conflicto sienta un mal precedente para las luchas venideras. Por un lado, las burocracias sindicales se han dedicado a organizar un calendario eterno de movilizaciones y acciones, separado de la lucha de las subcontratas, bajo un programa ajustado a la negociación del cierre y los despidos desde el principio. Así pues, no sorprende ahora que la burocracia esté satisfecha, pues ha llegado justo donde esperaba.
Por otro lado, si este desenlace sigue estando lejos de ser una garantía para los trabajadores de Nissan, mucho menos lo es para el conjunto de la clase trabajadora. Como es habitual, la división entre fijos y externos es utilizada por la propia burocracia sindical para negociar mejores condiciones para unos pocos a costa de dejar vendidos a miles. En perspectiva, el acuerdo no solo perjudica a la plantilla de las subcontratas, sino que también golpea a toda la región por la pérdida de puestos de trabajo. Ante la perspectiva de que más empresas cierren, el ejemplo de Nissan es una muestra de que la burocracia sindical intenta salvar a una minoría y traiciona a la mayoría.
Exigir la nacionalización de las fábricas a las instituciones y reivindicar su reconversión era y sigue siendo la única vía para garantizar el futuro de todos los puestos de trabajo derivados de Nissan y ofrecer una salida de conjunto. Lograr que esto se lleve a cabo continúa pasando por poner en pie una lucha común de los trabajadores fijos y externos, con asambleas de base y democráticas para decidir conjuntamente cómo avanzar y tejiendo solidaridad con otros sectores en lucha que permitan imponer una expropiación sin indemnizaciones para la empresa y el control de los trabajadores.
Medidas de urgencia, como la ocupación para defender la fábrica, son irrealizables sin una fuerza material que las sostenga. Igualmente, tampoco es posible conseguir imponer la expropiación sin indemnización y la nacionalización a un gobierno afín al IBEX 35 si no es mediante la organización de los trabajadores y el apoyo de otros sectores de la sociedad.
Para ello, sigue haciendo falta una hoja de ruta radicalmente distinta a la que han estado planteando las direcciones sindicales de UGT y CCOO. Es aquí donde cabe señalar la responsabilidad de organizaciones de la izquierda sindical como CGT. A pesar de levantar un programa de nacionalización y reconversión durante el conflicto, en ningún momento ha roto abiertamente con la hoja de ruta marcada por la burocracia de los sindicatos mayoritarios, adaptándose a las divisiones de la plantilla y sin desarrollar un plan de lucha que hiciera posible la nacionalización de la fábrica. Si la CGT quiere presentar un opción distinta a UGT y CCOO, asumir la política de estas y ser parte de este acuerdo de la vergüenza la deja en muy mal lugar para representar una dirección alternativa en los futuros conflictos. | 
