Esta jornada, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, mediante conferencia de prensa haciendo referencia a las movilizaciones y bloqueos que existen en el país, anunció que se presentará una lista de todos los dirigentes que estarían encabezando dichas movilizaciones, los cuales “serán procesados por crímenes de lesa humanidad, sedición y terrorismo y estos serán llevados a la ciudad de La Paz”, haciendo uso de la normativa diseñada específicamente “para perseguir políticos”.
Así mismo, calificó a quienes ejercen el derecho a la protesta, consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE), contra el régimen de Áñez, como “asesinos, que quieren matar a la gente”, haciendo alusión a la escases de oxígeno en los hospitales de las distintas ciudades. Sin embargo, con esta construcción discursiva intentan esconder su propia responsabilidad en la política criminal que tuvieron de no garantizar la provisión de oxígeno, UTIs, equipos, insumos de bioseguridad, test, etc., desde el mes de marzo en que empezó la pandemia. Es por ello que no mencionó que la carencia de oxígeno ya era una realidad desesperante que padecía la población, antes del inicio de las movilizaciones, debido a la ineficiencia estatal de garantizar el abastecimiento de este elemento tan importante para la salud.
Del mismo modo, calificó de “ladrones” a quienes estarían en los puntos de bloqueo, no obstante, no presentó ninguna prueba para tal aseveración. Aprovechando el calificativo que usó Murillo, recordemos que semanas atrás, salió un reportaje extenso y con abundante prueba documental, en la Red Gigavision, sobre un supuesto caso de compra con sobreprecio de material represivo (gases lacrimógenos), donde estarían involucrados los ministros de Gobierno y Defensa.
Y si de “ladrones” hablamos, también es de vital importancia a la hora de dejar las cosas claras, que durante el Gobierno de Áñez, se viene suscitando una cantidad significativa de escándalos relacionados a corrupción, uso de bienes del Estado y otros, tales como el famoso caso de respiradores con sobreprecio y el transporte de misses en aviones del Estado.
Es evidente, que ante la abundante cantidad de videos que circulan en redes sociales, donde se aprecia que los camiones con tubos de oxígeno y ambulancias, en los distintos puntos de bloqueo, estarían transitando con normalidad, el Gobierno intenta usar una estrategia ya conocida; tratar de implantar en la opinión pública una realidad que no existe, para justificar la escalada represiva contra el pueblo movilizado, al igual que sucedió durante el golpe de noviembre.
Si bien éstas movilizaciones tienen como la exigencia más visible el respeto a la fecha de elecciones, a esta se suman otras, como la anulación de la clausura del año escolar, la exigencia de políticas reales para enfrentar la pandemia, la oposición a los préstamos provenientes de FMI sujetos a una claúsula de posterior devaluaciones monetaria y la renuncia de Áñez. Ésta última, como señalamos, ante la ineficiencia del actual Gobierno, frente a la pandemia, las medidas económicas pro-patronales y el reciente nombramiento de Branko Marinkovic, como ministro de planificación y desarrollo, un connotado instigador del odio racial en nuestro país.
Por su parte la presidenta de la Asamblea Legislativa, la senadora del MAS, Eva Copa, afirmó que a estas alturas era imposible que las elecciones se realicen el 6 de septiembre y declaró que la ALP buscaría mediar en los sectores en conflicto, reafirmando así la política conciliadora que el MAS ha sostenido desde noviembre con el golpismo.
En este contexto, donde los anuncios de represión y persecución política crecen a la par de la extensión de los puntos de bloqueo, las y los trabajadores del campo y la ciudad, de los sectores populares, campesinos e indígenas, hoy más que nunca, deben unificar fuerzas para una lucha coordinada en busca de una salida para que la crisis socio-sanitaria y política, no sea cargada en las espaldas del pueblo humilde y trabajador.
|
