La aprobación del decreto que modifica la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca para prohibir la venta de productos chatarra y refrescos a menores desató las protestas de los empresarios expresadas a través de los medios de comunicación.
En la voz de Carlos Salazar Lomelín, director del Consejo Coordinador Empresarial y representando a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que “Calificar alimentos como buenos o malos o recurrir a prohibiciones, no es una solución; (…) se requiere una política pública integral de salud”.
Así mismo apuntó que la medida sólo afectará la economía de sectores vinculados a la venta y distribución de los productos, es decir, pequeñas y medianas empresas, sin tener un impacto real en la salud.
Pero lejos de ser esos eslabones débiles de la cadena productiva de la industria “alimentaria” los quejosos, son las empresas productoras, principalmente transnacionales, como Bimbo o Pepsico, las que están en el fondo de la “preocupación” de los representantes de las corporaciones empresariales.
Al rechazo empresarial de la medida se suman la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canainpa), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, Departamentos (ANTAD) y el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A. C. (ConMéxico).
Esto en el contexto de que Oaxaca encabeza el primer lugar nacional en obesidad infantil desde 2017 y la desnutrición infantil es la novena causa de muerte en este estado y México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil.
Crisis de salud y crisis alimentaria
La medida se da en medio de una crisis de salud y crisis alimentaria muy aguda. Países como México, ocupan los primeros lugares en decesos en esta pandemia debido, entre otras causas, al desarrollo de enfermedades crónico degenerativas muchas veces asociadas a la mala alimentación que tiene la mayoría de la población.
Oaxaca es una de las entidades más pobres del país después de Chiapas y Guerrero, cuya población infantil por lo menos el 36. 5% presenta desnutrición.
Si bien la medida está dirigida para este sector, sólo puede resultar realmente benéfica con paquetes alimentarios saludables y atención médica para el conjunto de la población para detener y cambiar lo que años de mala alimentación han causado.
Y esto sólo es posible con un aumento del presupuesto a la salud y mayor inversión pública en materia alimentaria. Esto, acompañado de impuestos a las empresas trasnacionales que por años se han beneficiado produciendo alimentos sin valor nutricional mientras saquean recursos como el agua para su producción.
Pero también, como respuesta a las “quejas” de los empresarios que parasitan la industria alimentaria, es necesario establecer medidas para reconvertir dicha industria y orientarla no hacia la búsqueda fácil de ganancias, sino hacia la producción de alimentos sanos, nutritivos y a precios accesibles para el conjunto de la población. Considerando, inclusive, la expropiación de aquellas empresas que se nieguen a producir para el bienestar del pueblo. | 
