La tensión en Bolivia se agudiza día a día luego de calendarizar por cuarta vez la fecha de las elecciones en lo que va del año, radicalizando a los actores sociales que más han sufrido con la pandemia.
Luego de terminar sin acuerdo las negociaciones entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para acordar la realización de las elecciones, la COB hizo hizo un llamado a mantener la Huelga General que se ha extendido durante la semana en el país, que ha implicado el corte de caminos en seis de los nueve departamentos y la movilización masiva de trabajadores urbanos y rurales, campesinos y pueblos indígenas.
Este conflicto se arrastra desde que el Movimiento al Socialismo acordara con la derecha la realización de elecciones generales durante 2020 definiendo el 3 de mayo como fecha, la cual se cambió para el 2 de agosto, 6 de septiembre y por último, para el 18 de octubre. Paralelo a los intentos de prescripción de la candidatura presidencial de Luis Arce, respaldada por el MAS.
Sin embargo, las exigencias populares se han extendido hacia más allá del campo electoral. Ahora las protestas también son contra la clausura del año escolar, por políticas sociales efectivas para hacer frente a la pandemia, negar hacer crecer la deuda con el FMI que penderían de una cláusula donde se ajustarían tras futuras devaluaciones de su moneda, e inclusive por la inmediata salida del gobierno de Áñez.
Con el interés de proteger al sector golpista en el poder, los ministros de facto de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, este viernes por medio de una conferencia de prensa amenazó a los dirigentes de las movilizaciones con que harán una lista con sus nombre y "serán procesados por crímenes de lesa humanidad, sedición y terrorismo y estos serán llevados a la ciudad de La Paz". Anunciaron que en caso de continuar los bloqueos de tránsito, las FF.AA. y la policía intervendrán cada punto para enfrentar a los "ladrones" y “asesinos, que quieren matar a la gente”, como denominan desde el gobierno de facto a quienes participan de estas acciones sin probar sus acusaciones. ¿Son "ladrones" o buscan dignidad? Según datos recientemente entregados por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) 9 de cada 10 bolivianos han disminuido sus ya muy bajos ingresos durante la pandemia.
Evo Morales se pronunció por Twitter sobre la situación en Bolivia señalando: "Se gesta un nuevo golpe de Estado en #Bolivia, cuyo plan está a cargo de los generales Ortiz y Orellana. Se intenta instaurar un gobierno de civiles y militares. Con ese fin llegaron dos aviones con armas desde EE.UU. y desplazaron francotiradores a El Alto y Chapare".
"Mi respeto y admiración a los movimientos sociales que rinden homenaje a #Bolivia, movilizados pacíficamente para recuperar la democracia (...)", había afirmado Morales un día antes, en la contradicción que acostumbra.
Es imposible que con apologías al pacifismo se pueda enfrentar a sectores que están armados hasta los dientes, esta es la ingenuidad del "socialismo del siglo XXI" en una sola frase, la misma que en noviembre le costó la presidencia, sin dar ninguna lucha por detener el avance del golpe.
Como es común en su historia la COB, por su parte, cree que convocando a la Iglesia Católica y a organizaciones internacionales como la OEA, que fue clave en el golpe de Estado, para ser garantes de las negociaciones, podrán finalmente pactar el efectuar los comicios en una fecha intermedia a las últimas dos definidas.
Lejos de cualquier acuerdo al que puedan llegar los principales oponentes políticos, la crisis socioeconómica y sanitaria seguirá empeorando si no hay una decidida respuesta coordinada de todos los sectores oprimidos de Bolivia para que no sean ellos quienes continúen pagando con hambre y muerte el actuar incompetente de la élite altiplánica. | 
