Ángel Arias
| Sociólogo y trabajador del MinTrabajo @angelariaslts
Desde Juan Guaidó a María Corina, pasando por Ledezma, Smolanski, Ravell o Gaby Arellano, todo ese arco de la derecha ha salido a defender a quien en Colombia es sinónimo de impulso al paramilitarismo y el terrorismo de Estado, con el asesinato o desaparición de decenas miles de civiles entre campesinos, sindicalistas, indígenas, defensores del medio ambiente y activistas de DD.HH. Son los mismos que aquí se nos presentan como “los demócratas” ante el autoritarismo de Maduro y las FF.AA.
La Corte Suprema de Colombia decidió una medida de detención domiciliaria preventiva para Álvaro Uribe, en el marco del juicio que se le sigue por fraude procesal y soborno de testigos. Tiene que ver con un juicio cuyo origen son los señalamientos por las innumerables evidencias de vínculos de Uribe Vélez con los paramilitares, éste inició un juicio contra quienes le acusaban de esos vínculos, y el juicio se le volvió en contra.
En 2014, en un debate en el Congreso colombiano, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, acusó al ya entonces expresidente y también senador, de vínculos con las bandas paramilitares, específicamente la formación de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Uribe respondió acusando a Cepeda de manipular a los paramilitares presos que daban fe de lo señalado por éste. En 2018, luego de cuatro años de investigar, la Corte Suprema desestimó las acusaciones de Uribe y, en cambio, le abrió una investigación por conseguirse numerosas evidencias de que éste estaría ejerciendo extorsión, chantaje y presiones hacia los testigos (mayormente paramilitares presos) para que cambiaran sus versiones.
El control que logró Uribe, y con él la “parapolítica”, sobre las instancias del Estado colombiano, llegó a ser tan fuerte, que la impunidad de que había gozado hasta ahora durante tantos años era casi total, aunque el hermano suyo vinculado también a las “Autodefensas”, está preso. Por eso, a decir verdad, esta causa específica por la que toma la Corte Suprema la medida, no es más que una nimiedad en el mar de acusaciones, hechos criminales e impunidad en que se mueve el expresidente.
Sin embargo, los autonombrados “demócratas” de nuestro país no han espabilado para salir a mostrarse como lo que realmente son. Guaidó dijo que respeta las instituciones colombianas (pero) espera “que prevalezca la justicia y la verdad en Colombia”, expresándole a Uribe “nuestra solidaridad” y agradeciéndole “su gran apoyo a Venezuela”. ¡Vaya usted a saber de qué “gran apoyo” al país habla el diputado! Ledezma (de Alianza Bravo Pueblo), que había dado un bochornoso espectáculo semanas atrás, grabando un video con su familia enviándole felicitaciones a Uribe por su cumpleaños, fue más allá y señaló que es un “linchamiento” a Uribe, que iban a “terminar cargándose a la democracia”, y que “la Venezuela democrática y libertaria está del lado de Uribe”.
Como Presidente Encargado de Venezuela y de la @AsambleaVE, respeto las instituciones del Estado colombiano
Agradecemos al Expresidente @AlvaroUribeVel su gran apoyo a Venezuela y expresamos nuestra solidaridad
Hacemos votos porque prevalezca la justicia y la verdad en Colombia
La Venezuela democrática y libertaria, que sufre los embates del narcotráfico y del terrorismo está al lado del pte @AlvaroUribeVel Los venezolanos no olvidamos su solidaridad con nuestro país. Hoy ud es encarcelado mientras los narcoguerrilleros están refugiados en nuestro Vzla
“Dolorosa y triste noticia para los Demócratas del mundo”, escribió la diputada (hasta hace poco de Voluntad Popular) Gaby Arellano, la misma que tuvo protagonismo en la provocación del 23-F de 2019 en la frontera y la del escándalo de corrupción con los dineros para la “ayuda humanitaria” en Cúcuta. “Segura estoy que de esta batalla saldrás libre y firme como siempre estimado Presidente (sic)”, remató. David Smolansky, ex alcalde de El Hatillo por Voluntad Popular, dijo que era una “Lamentable noticia… el presidente (sic) Uribe lo están privando de su libertad… Mucha fuerza a sus familiares”.
Dolorosa y triste noticia para los Demócratas del mundo . Álvaro Uribe Velez es un extraordinario latinoamericano. Segura estoy que de esta batalla saldrás libre y firme como siempre estimado Presidente. . https://t.co/PZvfaa3cuY
Lamentable noticia. Mientras el ELN aumenta su presencia en Venezuela, el presidente Uribe lo están privando de su libertad. Cuando nadie hablaba del régimen criminal que gestó el chavismo, Uribe lo hizo. Mucha fuerza a sus familiares. https://t.co/4jaHDePLH8
María Corina Machado, de Vente Venezuela, por supuesto no podía quedarse atrás, y fue aún más allá: “Colombianos, Su país está en peligro”, dijo, afirmando que “El encarcelamiento del Presidente (sic) Uribe” es parte de una operación del gobierno venezolano para derrocar la democracia colombiana. Publicó un video donde, quién sabe por qué diantres se asume con “la responsabilidad histórica”, “de los demócratas”, que “tenemos que impedir que Colombia avance por una ruta de destrucción como la que vivió Venezuela”. La medida del máximo tribunal colombiano sería “una desgracia”, “un salto al abismo”, tratándose Uribe de “un luchador incansable por la justicia y la libertad”, es “una operación de Maduro” para derrocar a Duque; esas y otras extravagantes afirmaciones se le escuchan, al tiempo que compara esta medida con el juicio y prisión de Carlos Andrés Pérez aquí en el ’93, que habría sido por “venganza” y lo que “desató los demonios que llevaron a Chávez al poder”.
Termina María Corina con un llamado a “los demócratas de occidente” (¿?), señalando que esta medida de la Corte Suprema de Colombia entraría como parte de un mismo plan de fuerzas que van desde Hezbollá hasta “los carteles de la droga”, pasando por los gobiernos de Cuba, Rusia, Turquía e Irán, que buscan “anexar Colombia” al territorio que ya controlan en Venezuela. Realmente no se puede culpar a colombianos que por alguna red social no se aguantaron de señalar sarcásticamente que “no dejen hablar a esta señora sin que se tome antes sus pastillas”.
Colombianos, Su país está en peligro. El encarcelamiento del Presidente @AlvaroUribeVel es parte de la operación del conglomerado criminal que ocupa Venezuela para derrocar su democracia.
La calaña de “demócrata” al que defienden “los demócratas” de la derecha venezolana
Lo que mostramos son solo unos botones, no se agotan allí los nombres de quienes en la oposición venezolana desfilan por las redes en apoyo Álvaro Uribe, quien por cierto quiso aspirar a un tercer mandato consecutivo, a contramano de lo que definen las leyes colombianas, pero no lo logró. Cuestión que, por lo visto, no hubiese molestado en modo alguno a estos opositores de acá que posan de estar “contra el autoritarismo de las reelecciones indefinidas”, y quienes de hecho siguen llamando “Presidente” a Uribe, aunque haya dejado de serlo hace diez años.
Álvaro Uribe Vélez es uno de los políticos burgueses más nefastos para la historia reciente del pueblo Colombiano. Bajo sus gobiernos y políticas prosperó la vinculación del Estado colombiano con los grupos armados de ultraderecha, conocidos como “los paramilitares”, que combinan el narcotráfico y el asesinato de civiles, con el argumento de enfrentar la insurgencia armada. Así mismo alcanzó niveles cotidianos la horrorosa práctica de los “falsos positivos”.
De hecho, hacer del Estado colombiano un seguro soporte para la actuación de estos escuadrones de la muerte, un brazo armado ilegal al servicio de los intereses de clase de los terratenientes y empresarios (tanto colombianos como transnacionales), es un propósito de Uribe desde mucho antes de ser Presidente.
En 1982, luego de ser designado Uribe alcalde de Medellín (capital de Antioquia) por el gobernador de turno, fue pedida su destitución por el entonces Presidente de Colombia, Belisario Betancur, por las variadas acusaciones y sospechas de sus vínculos con el narcotráfico. De su paso por la jefatura de la Aeronáutica Civil por esa época, también se tienen señalamientos sobre sus vínculos con el narcotráfico; de hecho, el jefe que lo precedió en el cargo, había sido asesinado por carteles por la negativa de éste a subordinarse a sus exigencias.
Impulso y complicidad con las bandas paramilitares
Pero uno de los episodios que más destacan en lo que puede ser con propiedad considerado, no una carrera sino un prontuario, es el amplio apoyo desde la gobernación del departamento de Antioquia a la formación de grupos paramilitares, bajo la figura de las “cooperativas de seguridad y vigilancia privada” conocidas como “Convivir”, creadas en 1994 bajo la presidencia de César Gaviria y expandidas bajo la presidencia de Ernesto Samper. Siendo Uribe gobernador de Antioquia (1995-1997), aprovechó toda la ocasión que daba esta política, cuyo propósito era ofrecer seguridad privada a ganaderos, bananeros, empresarios y comerciantes frente a la insurgencia (y frente a las luchas sindicales y sociales, aunque no lo dijeran abiertamente), para que fueran la cobertura para el desarrollo exponencial y con apoyo estatal de las bandas paramilitares.
Con las “Convivir” el Estado colombiano autorizaba la formación de cuerpos armados paraestatales para enfrentar a las guerrillas, permitiéndoles uso de armas de guerra hasta entonces reservadas al ejército formal y dándoles rienda para que fueran estos órganos quienes cumplieran las funciones de seguridad en variadas zonas del territorio, sustituyendo a las fuerzas regulares. Por supuesto, esto sirvió como una puerta abierta para que se conformaran verdaderos “batallones” de un ejército privado al servicio de terratenientes y capitalistas, sin responder a más ley que el mandato directo de estos, puerta que fue ampliamente aprovechada precisamente por Uribe en Antioquia, dando cobertura legal a la relación entre las “cooperativas” y los grupos directamente irregulares que se formaban y expandían, conocidos luego como las “Autodefensas”.
Una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá del año 2013, contra un ex jefe paramilitar del Urabá antioqueño, destaca que de las 414 Convivir creadas hasta diciembre 1997, “muchas fueron organizadas y representadas legalmente por comandantes de grupos paramilitares”. Estos grupos contaron con el apoyo de los organismos de inteligencia, gobernadores y otras instancias del Estado. Como señala un reportaje al respecto, según el alto tribunal, las bandas paramilitares llegaron a contaran con apoyo estatal “en aspectos como dotación y logística, financiación, operatividad en terreno articuladas con la Fuerza Pública, acceso a dependencias estatales de carácter local, regional y nacional, así como suplantación del Estado en algunas regiones del país”.
El tribunal es claro al señalar que bajo la fachada de las Convivir “los grupos paramilitares consolidaron y expandieron sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales”, y ordena investigar a los civiles, empresarios, comerciantes, ganaderos, bananeros, miembros de los organismos de seguridad estatales y funcionarios que tuvieron vínculos con las Convivir o fueron los encargados de vigilarlas. Las “Autodefensas”, que llegaron a tener a nivel nacional decenas de miles de personas en armas, fueron las responsables de numerosas masacres de civiles durante ese período y posteriormente, incluyendo el exterminio del movimiento sindical en el Urabá antioqueño. Sí, asesinato de decenas de dirigentes sindicales en la región más importante del país en cuanto a plantaciones y procesamiento de plátanos y cambur (banana), buena parte para exportación a diversos mercados internacionales.
Ya con Uribe en la Presidencia de la República, por supuesto no disminuyó la cobertura estatal a la represión asesina, y al tiempo que se declaraba la profundización de la guerra a las guerrillas, se llevó adelante un proceso de “desmovilización” parcial y complaciente con los paramilitares, al tiempo que la penetración del paramilitarismo en distintas esferas del Estado colombiano se hacía más amplia, llegando a alcanzar a gran parte de los congresistas y piezas de lo que luego sería el “uribismo”. La llamada “parapolítica” implicó que decenas de diputados y senadores uribistas tenían comprobados vínculos con los grupos paramilitares, así como los tenían también jueces y altos cargos del sistema de justicia y otros organismos del Estado.
Entre 2003 y 2006 se llevó a cabo el proceso de “desmovilización” y “reinserción” de –en teoría– poco más de 31 mil paramilitares, un proceso pactado que coronó la impunidad al accionar de estas bandas. Por una parte, implicaba solo la penalización de algunos de los líderes más prominentes, por otro lado, prescribía diversas ayudas estatales para los “paracos” desmovilizados, mientras no contaba con ninguna atención ni reparación para las víctimas y comunidades afectadas por el accionar paramilitar, pero quizás lo más clave es que se hizo en unas condiciones que permitió tanto el “blanqueo” de muchos de los crímenes y autores de los mismos, así como una reconfiguración de estos grupos.
De parte del gobierno de Uribe no hubo ningún rigor en verificar la realidad de las estructuras declaradas por los paramilitares, ni en establecer límites claros de tiempo para la tal desmovilización, ni en obligar el cumplimiento del cese al fuego que, en teoría, era una precondición. De esta manera, se permitió el reordenamiento de estructuras de las bandas, el traspaso de armas, la reubicación territorial de unos donde otros habían cesado, la “venta de franquicias” (zonas y estructuras de actuación y extorsión), el “blanqueo” de jefes del narcotráfico que aparecieron como jefes de unidades paramilitares ahora “reinsertados”, así como la continuidad de los asesinatos en manos de los paracos: la Comisión Colombiana de Juristas indica que 4.820 personas fueron asesinadas o desaparecidas por grupos de autodefensas durante el proceso de negociación y desmovilización.
Paralelo a esto, Uribe dio nuevo impulso y estatus oficial a otra expresión del terrorismo de Estado contra la población, como son los falsos positivos: la ejecución de civiles desarmados y su presentación como “guerrilleros muertos en combate”. Como parte de su política de “Seguridad Democrática”, el gobierno ofrecía recompensas a las tropas y mandos militares que presentaran más resultados de guerrilleros muertos, lo cual desarrolló toda una macabra “industria” de fabricación de falsos positivos, que en esos años costó la vida a miles y miles de civiles ejecutados por el ejército colombiano para cobrar las recompensas ofrecidas por Uribe. Una labor asesina contra el pueblo que fue llevada a cabo de manera sistemática por el ejército colombiano.
Toda esta política iba de la mano de otra idea, como lo era de “despejar a las ciudades” de los efectos más visibles del conflicto armado y retrotraerlo a las zonas más rurales o semiurbanas, donde podían tener menos exposición las atrocidades más comunes de las Fuerzas Armadas oficiales en conjunción con los paramilitares. Sí, hablamos de las innumerables masacres cometidas por los paramilitares en complicidad con el ejército (que les despejaba la zona, los dejaba hacer, les brindaba apoyo logístico, etc.) o directamente llevadas a cabo de manera conjunta.
Bajo los mandatos de Uribe esto no dejó de ser moneda corriente, con hechos horrorosos como los degollamientos y descuartizamientos, incluso de niños, por parte de miembros del ejército en acción común con los paras. Las fosas comunes clandestinas, una de las más macabras expresiones de estas políticas, por supuesto tampoco dejaron de proliferar con Uribe.
Así, parte del legado de los gobiernos de Uribe (2002-2010) son unos 24.000 desaparecidos, más de 6.500 asesinatos selectivos, más de 400 masacres y varios miles de ejecutados como “falsos positivos”.
Las “chuzadas”: espionaje ilegal a opositores, activistas y defensores de DDHH
Otra de las prácticas delictivas de Uribe y los suyos para garantizarse impunidad, evadir juicios, anular opositores y a víctimas de los crímenes de Estado, fue el espionaje ilegal, conoció en Colombia como “chuzadas”, hechas a políticos opositores, activistas y defensores de DDHH, entre otros.
Las víctimas de tales acciones resultaron ser por lo general personas a quienes Uribe había fustigado públicamente tildándolos como “traficantes de DDHH” y “terroristas”. Por lo que las presunciones sobre la responsabilidad del expresidente van desde que, como mínimo, hayan sido “chuzadas” con su consentimiento, cuando no incluso bajo sus órdenes directas.
Es por todo lo que venimos mostrando, y más, que la Comisión de acusaciones del Senado colombiano tiene unos 30 procesos abiertos contra Uribe. Así como hay en el sistema de justicias cientos de acusaciones por parte de víctimas de sus actuaciones. Por eso, la decisión reciente de prisión domiciliaria preventiva, no es sino apenas un pequeño paso en romper la gran impunidad con la que ha venido contando.
La hipocresía de los imperialismos estadounidense y europeo
Dada la profunda y agresiva injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Europa en nuestro país, no está de más señalar cómo todas estas actuaciones del régimen político colombiano, y en particular de Uribe, han contado con la vista gorda de estos gobiernos imperialistas que, cuando a sus intereses injerencistas conviene, aparecen “preocupados por la democracia y los derechos humanos”.
Nada más entre finales de 2016 y mediados de este año, es decir, el período que llevan firmados los acuerdos de paz con las FARC, en Colombia van 971 defensores de DDHH asesinados. Es el primer país del mundo en asesinatos de sindicalistas y líderes sociales; así como también padecen la muerte los defensores del medio ambiente, campesinos y comunidades indígenas. Según el Instituto de Medicina Legal de Colombia, el número de personas enterradas en fosas comunes alcanzarían las 200.000. A Uribe en particular, los imperialismos estadounidense y europeo le permitieron un nivel de crímenes como no se lo habrían perdonado jamás a un presidente que no estuviese alineado a sus intereses.
No es caso, por supuesto, de defender las aberraciones antidemocráticas y represivas aquí de Maduro y las FFAA contra el pueblo, las cuales enfrentamos y denunciamos sin descanso, sino de ayudar a develar la profunda hipocresía y cinismo que se esconde tras el injerencismo imperialista.
La podredumbre que defienden Guaidó y la oposición de derecha
Por supuesto, con Uribe no se agota el terrorismo de Estado ni la podredumbre criminal y represiva del Estado colombiano. De hecho, en un contexto social y político marcado por el inicio de una importante irrupción de la movilización de masas del pueblo colombiano desde finales del año pasado, al calor del nuevo clima que marcaron las contundentes movilizaciones en Ecuador y la rebelión chilena, no se descarta que este paso sea una movida de algún sector del estatus dominante para dar una imagen de estar haciendo algo contra la tamaña impunidad –con un Uribe que ha descendido bastante en los niveles de popularidad con relación a años anteriores–, pero para dejar todo lo fundamental como está.
Esto, sin embargo, por supuesto no borra el nivel de cloaca y pudrición política que implican Uribe y su fuerza política, verdugos de decenas de miles de colombianos y colombianas. Y esta es la clase de figura política que Guaidó y demás personajes de la derecha venezolana han salido a defender. ¡Y es la misma oposición que aquí denuncia a los grupos parapoliciales del gobierno de Maduro ––grupos que por supuesto también desde la izquierda condenamos y exigimos su disolución–, mientras apoya al padrino de los paramilitares en Colombia!
Aunque en Venezuela siempre hemos sabido el nivel de derechaje y reaccionarios que hay en esa oposición, y su adoración por gente como Uribe, esta ocasión permite mostrar con más claridad el tipo de “democracia” al que se supone aspiran y de la que tanto alardean. Es por eso que, no nos cansaremos de denunciarlo: su supuesta “vocación democrática” no es más que una impostura, y no son en modo alguna ninguna alternativa democrática para el pueblo ante el profundo autoritarismo y descomposición del régimen de Maduro y las FFAA.
