El fallo, emitido por el tribunal integrado por Liliana Navarro, Eduardo Avalos y Graciela Montessik, rechaza la prescripción de los delitos y las nulidades pedidas por los abogados de los acusados. Por otro lado, confirma los casos por los que habían sido procesados el ex juez federal Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo por incumplir “la obligación de promover la persecución penal” y por “encubrimiento” de delitos de lesa humanidad cometidos en la Dirección de Informaciones (D2) de la policía de Córdoba y en la Unidad Penal 1 (UP1) de la capital provincial durante la última dictadura. También revoca los sobreseimientos parciales por falta de mérito del ex fiscal Carlos Otero Álvarez y los ex defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina.
El proceso se inició a partir de los testimonios de víctimas de la dictadura en distintos juicios por crímenes del terrorismo de Estado realizados en Córdoba desde 2008. Entre ellos, el dirigente de Derechos Humanos Miguel Baronetto, cuya esposa fue fusilada en la vieja cárcel de barrio San Martín junto a otros 30 presos políticos en 1976. Los testigos declararon que los ex funcionarios eludieron actuar ante graves delitos que cometían represores, incluidos secuestros, torturas, tormentos y asesinatos, cuando en muchos de los casos fueron testigos de esos hechos o recibieron denuncias.
El ex juez Adolfo Zamboni Ledesma y su entonces secretario Otero Álvarez estaban denunciados desde 1984 en la CONADEP por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos de presos políticos en la UP1. En el 2008, Otero Álvarez integró el tribunal oral que dictó la primera condena a Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. En 2009 adelantó su jubilación para evitar el jury que podría haberle costado la destitución.
En el 2012, el juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena, actuando como subrogante en Córdoba, sobreseyó a Otero Álvarez, Puga y Fernández porque “pretendieron asegurar la impunidad de los autores de aberrantes delitos”, y dictó las faltas de mérito de Haro y Molina. La causa estuvo paralizada durante dos años y medio por los inconvenientes para integrar la sala de la Cámara Federal. Hace dos semanas, los fiscales generales Jorge Auat y Carlos Gonella alegaron oralmente ante la Cámara Federal sobre los ocho casos puntuales en que Herrera Piedrabuena había sobreseído a Otero Alvarez y había dictado la falta de mérito de los dos ex defensores.
La Sala II de la Cámara cordobesa tomó nota de los argumentos de los fiscales, revirtió los fragmentos de la resolución de primera instancia que beneficiaban a Otero Álvarez, Haro y Molina, y confirmó los procesamientos de Puga y Cornejo por incumplir “la obligación de promover la persecución penal” y por “encubrimiento” de delitos de lesa humanidad. El próximo paso es la elevación a juicio, que por la edad de los magistrados no debiera demorarse: Haro tiene 81 años, Cornejo 80, Molina 75, Puga 72 y Otero Álvarez es el más joven con 69 años. |
